La Cámara Federal de San Martín confirmó hoy el procesamiento del juez Martín Poderti, actual miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por el robo de 144 monedas de oro que estaban guardadas en una caja de seguridad. El robo “hormiga” se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti era secretario del juzgado federal de San Isidro. La Justicia comprobó que ingresó 19 veces al Banco Nación, incluso cuando estaba de licencia. En cada visita, tenía que presentar su DNI y firmar una planilla.

Las monedas habían sido secuestradas en 2017, en el marco de un expediente narco que llegó a juicio oral. El dueño terminó absuelto y se ordenó el reintegro de su dinero. Cuando fueron a buscarlas, el 9 de abril del año pasado, habían desaparecido, aunque todavía quedaban varios lingotes de oro y relojes de alta gama. El actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, sucesor de Poderti en el cargo, ordenó en ese momento labrar un acta y se disparó una investigación judicial que estuvo a cargo del fiscal Paul Starc.

“Acerca de la actividad emprendida por los funcionarios, instrumentada a través de diversas actas con todas las formalidades impuestas por la ley y con base expresa en las sucesivas órdenes judiciales, no existe pauta indicativa de un obrar irregular que importe una vinculación amañada y/o artificiosa en contra del causante”, dice el fallo de la Cámara, que lleva la firma de Alberto Lugones y Néstor Barral.

En su indagatoria, Poderti contó que iba seguido a la caja de seguridad porque había sufrido dos robos en su casa y que prefería guardar los elementos de valor en ese lugar.

También ensayó una acusación contra varios de sus ex compañeros en el juzgado. “Hasta que yo presté funciones en ese Juzgado Federal 2 de San Isidro, no había caja de seguridad y lo que fungía como lugar de resguardo de los efectos, era un armario de dos puertas de madera, que tenía una llave minúscula que se encontraba a disposición del personal de la secretaria, en el primer cajón del lado izquierdo del escritorio donde prestaba funciones. En varias oportunidades, había encontrado a mi arribo, ese armario abierto, situación que me había instado a llamar la atención al personal de la Secretaría”, lanzó.

Los camaristas no le creyeron. “Los descargos efectuados por el incuso no encuentran asidero más que en sus propias manifestaciones que -como se vió- se hallan menguados de veracidad si se considera que sus explicaciones no logran controvertir la diversificada prueba fundamental que lo posiciona como autor de la sustracción de los valores cuya custodia debía haber ejercido”, dice el fallo.

En total, las monedas que desaparecieron eran 144, con un costo aproximado de USD 200 mil. Según el expediente judicial, son 59 piezas de oro, representando moneda “KRUGERRAND”; 28 piezas de oro “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, representando 50 pesos mexicanos; 54 piezas de oro, representando moneda libra (soberano); 2 piezas de oro, representando moneda CIEN SOLES – PERÚ; y 1 pieza de oro, representando moneda (100 Yuanes).

Según la investigación judicial, el robo se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó un total de 19 veces a la caja de seguridad asignada al juzgado federal 2 de San Isidro.

El primer ingreso constatado por el banco fue el 26 de diciembre de 2019. Poderti había recibido las llaves de la caja apenas 16 días antes. Ese traspaso también quedó registrado y hasta se sacaron fotos.

No fue lo único que llamó la atención de los investigadores. Poderti también habría ingresado a la caja 5 veces mientras estaba de licencia: 02/11/22, 28/12/22, 30/12/22, 27/01/23 y 09/02/23. Los dos últimos ingresos son, a su vez, más complejos porque desde diciembre de 2022, Poderti ya estaba en conversaciones con distintos actores judiciales para dejar el juzgado de San Isidro por un problema personal. El traslado formal a ese tribunal fue el 7 de marzo.

En diciembre, Poderti había sido procesado por el juez Emiliano Canicoba Corral el delito de malversación de caudales públicos. Su caso está desde entonces en el Consejo de la Magistratura.