
A 15 meses de haber comenzado el gobierno de Javier Milei, la CGT concretará este jueves su tercer paro general, en un gesto de endurecimiento que causa divisiones internas en la central obrera y que pone en riesgo la contundencia de la protesta, como quedará reflejado en el normal funcionamiento de los colectivos por la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir a la huelga.
El resto del transporte paralizará sus actividades, aunque en el Gobierno celebran que su fuerte presión sobre la UTA diera resultados: declaró la conciliación obligatoria en el conflicto salarial del sindicato que lidera Roberto Fernández, que puede recibir sanciones en caso de que se dispongan medidas de fuerza mientras dure ese período de negociaciones, y, al mismo tiempo, inició una sugestiva auditoría en la obra social de los colectiveros, que atraviesa severos problemas económico-financieros.
Mario Calegari, secretario de Prensa de la UTA, explicó la postura del sindicato: “Ya sabía la CGT que, si hacían una medida dentro de ese término, no íbamos a poder parar. Los servicios se van a brindar normalmente. No vamos a exponer a nuestra gente a que pueda ser pasible a cualquier tipo de sanción y, sobre todas las cosas, no vamos a arriesgar alguna situación con la personería jurídica del gremio”.

Sin la adhesión de los colectiveros, el paro general corre el peligro de debilitarse, aunque en la CGT desestimaron esa posibilidad: “El 9 de mayo pasado, cuando hicimos un paro, también hubo colectivos y el paro fue contundente”, dijo el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad), en una conferencia de prensa realizada este martes, durante la cual apuntó contra la UTA al sostener que “el paro es de los trabajadores de toda la Argentina, más allá de si son o no colectiveros”.
El funcionamiento normal de los colectivos abre la incógnita acerca de cuánta gente irá igual a trabajar o se sumará de todas formas al paro general. En la CGT creen que el respaldo popular a Javier Milei está decreciendo a partir de algunas señales económicas y de errores no forzados del Presidente como el caso $Libra. Pero en el oficialismo, por el contrario, creen que la posibilidad de viajar en colectivo hará que muchas personas no acaten la medida de fuerza y concurran a sus trabajos.
Los principales argumentos de la CGT para realizar otro paro general consisten en el rechazo a los límites que fija el Gobierno en las paritarias, el reclamo de mejoras para los jubilados y el repudio a “la represión de las protestas sociales”. En una declaración difundida hace dos días, la central obrera advirtió: “Estamos frente a un gobierno que muestra insensibilidad frente a los problemas de la gente. Ejecuta actos de represión salvaje e injustificada, viola permanentemente los acuerdos institucionales, desfinancia la educación y la salud, abandona la obra pública, manifiesta desprecio por las minorías, ajusta a los jubilados e impone límites a la negociación colectiva”.

La protesta cegetista comenzó hace 24 horas con la participación en la nueva movilización de los jubilados hacia el Congreso, donde hubo mayor presencia de diversos gremios que de dirigentes, además de la ausencia de algunos gremialistas que no están de acuerdo en realizar otro paro general contra el Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), un dialoguista de fluidos nexos con el oficialismo, cuyo gremio, de todas formas, estuvo en la calle con una columna muy numerosa.
Martínez, partidario de que cualquier medida de fuerza sea parte de una estrategia más amplia, es uno de los dirigentes que teme que el Gobierno tome represalias contra el gremialismo, como el intento de aprobar en el Congreso leyes que afectan al poder sindical. Su preocupación tenía fundamentos, como lo demostraron las declaraciones radiales que hizo este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “La CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas en este tema (laboral) y cuando en el Congreso tengamos el número suficiente vamos a volver a plantear aquellas reformas que planteamos en el DNU 70 y que con una medida cautelar se paralizaron”.
La decisión del nuevo paro general, como anticipó Infobae, partió en los hechos a la alianza moderada: Daer se radicalizó y quedó aliado a Andrés Rodríguez (UPCN), el estatal más dialoguista que también se fue endureciendo, acompañados por José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), empujado por los planes oficiales para privatizar AYSA, mientras que quedó separado de ese sector Gerardo Martínez junto con Armando Cavalieri (Comercio), más cómodos con el pragmatismo de Luis Barrionuevo (gastronómicos), crítico de Daer y promotor de una renovación para la CGT que viene.

Además de la no adhesión de la UTA, este nuevo paro general tendrá lugar en medio de una noticia que impactó de lleno en el mundo sindical: Daer anunció que no seguirá otro mandato al frente de la CGT, que en noviembre próximo hará su congreso para renovar autoridades hasta 2029. El propio dirigente confirmó su decisión durante la marcha de los jubilados: “Se habrá cumplido un ciclo de 9 años. Voy a trabajar por la unidad, pero no voy a reelegir”, admitió en diálogo con Canal 13.
Más allá de la repercusión del paro, ya hay dirigentes con la mente puesta en el día después de la tercera huelga general para restablecer algún puente de diálogo con el Gobierno y evitar que Milei avance con medidas que afecten a los sindicatos. Las próximas horas serán clave para saber si hay espacio para recomponer el vínculo dañado o si será inevitable un mayor enfrentamiento.
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