La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires decidió este martes rechazar in limine un amparo que había sido presentado por la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales que participarán de la jornada de manifestaciones que se espera para el miércoles.
El fallo que dictó el tribunal desestimó un pedido que buscaban frenar la intervención de las fuerzas federales en el operativo de seguridad de la manifestación de los jubilados, programada para este 9 de abril.
El conflicto comenzó cuando el juez Roberto Andrés Gallardo, en una resolución preliminar, ordenó al Gobierno porteño asumir la coordinación exclusiva del operativo de la movilización y le indicó al Estado Nacional que se abstuviera de intervenir más allá de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior. Esta medida fue impugnada por las autoridades porteñas, quienes consideraron que el fallo violaba la autonomía de la Ciudad y comprometía la coordinación de las fuerzas de seguridad locales y federales.
“Los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik sostuvieron que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos. Además, resaltó la existencia de un expediente anterior con objeto similar, lo que refuerza la decisión de archivar la causa", indicaron desde la administración porteña.
En ese sentido, la resolución estableció que los actores que interpusieron el amparo podrían reformular su planteo ante la justicia federal si lo consideraran necesario.
Desde la sede de Uspallata enviaron el recurso firmado por el Dr. Agustín Luzzi (Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA) que fue elevado con carácter urgente a la Cámara.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en tanto, expresó que “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
La denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional al juez Gallardo
Este lunes, la cartera, a cargo de Patricia Bullrich, presentó ante el Consejo de la Magistratura porteño una denuncia contra el juez Gallardo. Se lo acusó por presunto mal desempeño en sus funciones.
La presentación de Nación la hizo Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Y surgió a raíz de una decisión adoptada por el juez Gallardo de hacer lugar al amparo interpuesto por la CGT, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La solicitud de los gremios pedía que las fuerzas de seguridad federales no intervinieran en las manifestaciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, alegando una vulneración de derechos en movilizaciones anteriores.
El principal argumento de la denuncia desde el ámbito nacional se basó en la supuesta incompetencia y falta de jurisdicción del juez Gallardo para tomar decisiones sobre cuestiones de seguridad que exceden su rol como magistrado local. Según el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, los hechos denunciados violan la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N° 24.059) y afectan competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
El documento presentado remarca que el magistrado incurrió en una intrusión en las facultades del Ejecutivo, lo que resultó en una actuación sesgada y con un tinte ideológico. Argumentaron que “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo cual constituye, a criterio de los denunciantes, mal desempeño de sus funciones.
El texto agregó: “La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”.
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