La Justicia de Paraguay volvió a rechazar el pedido de extradición de Kueider por cuestiones formales

La Justicia de Paraguay volvió a rechazar por “defectos” formales la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider, quien cumple prisión domiciliaria en ese país, realizada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en diciembre pasado, para traerlo detenido al país e indagarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pedido de la magistrada alcanza, también, a la pareja y ex secretaria del ex legislador Iara Guinsel Costa, con quien fue interceptado el 4 de diciembre último cuando intentaba ingresar a Ciudad del Este desde Brasil, con USD 211.000 sin declarar en su camioneta. Por ese episodio, el juez paraguayo Humberto Otazú los imputó al día siguiente por tentativa de contrabando y dispuso la prisión preventiva domiciliaria de la pareja en Asunción, mientras avanza la investigación a cargo de los fiscales.

En enero, el juez paraguayo Rolando Duarte le había solicitado a la Justicia argentina que “amplíe” y “clarifique” la información y argumentos que sustentan la solicitud de extradición de Kueider y Guinsel Costa. Lo hizo a partir del dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, que consideraba que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición. Esa respuesta fue calificada en los Tribunales de San Isidro como “un exceso” y “una intromisión” en el proceso que lleva adelante la Justicia de nuestro país. “Un magistrado de Paraguay no puede decirle a un juez argentino qué puede o no puede hacer. El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países”, señalaron fuentes judiciales en ese momento a Infobae.

En respuesta a la solicitud de Duarte, Arroyo Salgado le envió un escrito ampliatorio de 12 páginas el 21 de febrero pasado. Recogió los argumentos del fiscal interviniente en la causa que transita en los Tribunales de San Isidro, Fernando Domínguez. “Facilitar la persecución penal en materia de delitos especialmente graves es, naturalmente, un objetivo buscado por la legislación supranacional. Los tratados oportunamente citados para requerir la extradición y las medidas de cooperación coexisten (todos tienen validez y efectos entre las partes). Mal podrían entenderse contradictorios en sus términos ni contradictoria puede ser su aplicación, sobre todo porque -en el caso- todos ellos tratan, en sus partes pertinentes, sobre el aseguramiento de la cooperación internacional en materia penal”, advirtió la magistrada argentina a su par paraguayo.

También argumentó en ese escrito que “se solicitó la extradición de Kueider y Guinsel Costa para efectivamente someterlos a proceso penal, dentro del cual la declaración indagatoria es un acto central” en el procedimiento argentino. “Los organismos del Estado requerido no pueden, válidamente, inmiscuirse en la jurisdicción de las autoridades judiciales requirentes, acerca de las medidas de injerencia que en este foro se han adoptado como adecuadas, a fin de garantizar y asegurar la comparecencia de los imputados a este territorio y mitigar los peligros procesales de riesgo de fuga y entorpecimiento de la pesquisa, oportunamente valorados al rechazar las eximiciones de prisión intentadas por los requeridos ante este Tribunal, de conformidad con las normas materiales y procesales que integran el derecho interno”.

A finales de enero, Kueider y Guinsel Costa dejaron el complejo residencial “Tierra Alta” de Villa Morra, en Asunción, donde estaban alojados por el reclamo de los vecinos ante la guardia periodística y la presencia de la custodia y se mudaron a una casa ubicada en la calle José Félix Bogado al 2600, en el Barrio San Vicente, también ubicado en la capital paraguaya.

El miércoles 19 de marzo, un día antes de que venza el plazo para resolver, Manuel Doldán, titular de la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Paraguay, emitió un dictamen en el que señaló que la magistrada argentina debía “corregir la superposición de rogatorias a fin de que se cumplan los lineamientos del Tratado de Extradición entre ambos países”, en referencia al pedido de medidas en el marco de la cooperación internacional y la solicitud de extradición.

Doldán cuestionó que, el 30 de diciembre del año pasado, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores “remitió una solicitud de asistencia jurídica internacional, separada de la solicitud de extradición, encausada en una rogatoria independiente, transmitida por la vía prevista e invocando la norma internacional aplicable”. Ante una consulta de Infobae, fuentes del Ministerio Público Fiscal de Paraguay sostuvieron que “por un lado, envían una solicitud formal de Asistencia Jurídica y piden determinadas medidas, y por otro lado, en vía paralela, envían una solicitud formal de extradición en donde solicitan medidas invocando Tratados que exigen trámites de legalidad distintos, y eso alteró el curso natural de todos los pedidos”.

El juez Duarte le dio curso al dictamen del fiscal paraguayo y envió esa respuesta a la Cancillería argentina el jueves 21 de marzo. “Se verifica que las autoridades argentinas remitieron rogatorias superpuestas y por diferentes vías, por lo que nuevamente la Fiscalía General del Estado solicita la corrección de este defecto salvable, a fin de evitar la coexistencia de eventuales resoluciones judiciales contradictorias y de dilaciones innecesarias, con el escándalo jurídico que traería aparejada tal situación”, señaló el magistrado en su escrito.

“Por tanto hágase saber que el pedido de extradición no ha sido iniciado ni requerido conforme a lo previsto en el Artículo 19 del Tratado de Extradición, por lo que esta Magistratura, aun no considera procedente el análisis de la detención preventiva con fines de extradición en las actuales condiciones procesales, conforme al dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado”, concluyó el juez Duarte.

Al cierre de esta nota, en la Cancillería argentina aún “no habían recibido nada formalmente”, según pudo saber este medio.

Si bien se trata de un “defecto formal salvable”, la lectura que hacen las autoridades argentinas es que “hay un tema político de retrasar o evitar la extradición”. En Cancillería deslizaron que “no recuerdan” otro caso en el que, a un oficio de la Justicia argentina para solicitar la extradición, la respuesta de la Justicia de otro país haya sido esa.

A su vez, en los Tribunales de San Isidro sostiene que para otorgar la extradición, no es necesario incluir las pruebas que constan en las causas en las que se lo investiga a Kueider en el país por enriquecimiento y lavado de dinero, en un expediente conexo al “caso Securitas”. “El pedido tomaba como base los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países. Basta con que el delito imputado sea también delito en Paraguay y que se asegure que se lo someterá al debido proceso en el país, con todas las garantías”, se quejaron en los Tribunales Federales de San Isidro.

Estando detenido en Paraguay, Kueider sumó una nueva causa penal en ese país por presunto lavado de dinero, a partir del intento de comprar seis departamentos entre abril y julio de 2024, que luego se frustró por no haber presentado la documentación respaldatoria solicitada. Las operaciones activaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en la Unidad Antilavado de Paraguay, que a su vez, alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. La filtración de esos informes secretos - publicados por la revista entrerriana Análisis - derivaron en una denuncia de la UIF paraguaya contra su par en nuestro país.