Dudas en torno a la sesión por Lijo y García-Mansilla: cómo impactó la rebelión contra CFK en el Senado y qué pasará con los jueces si son rechazados

“No te juegues, ni te dejes llevar por el ruido. Todavía falta, para el 3 de abril hay tiempo”. El que hablaba era uno de los senadores más experimentados y que tiene diálogo radial con el Gobierno, el kirchnerismo, libertarios, aliados y díscolos. En la calle sonaban bombos y cánticos de los que manifestaban por el Día de la Memoria, muchos embanderados con el kirchnerismo. Hay un sutil vínculo entre lo que dice y lo que se escucha: aunque los alfiles de Cristina Kirchner juran que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema van a caer, indefectiblemente, apareció en las últimas horas un margen de dudas.

Un dato de contexto y que es clave para el análisis, es que García-Mansilla y Lijo fueron nombrados por un decreto simple de Javier Milei como jueces supremos en comisión, hasta que finalice el año legislativo. El primero juró en una ceremonia fugaz y desprovista de oropeles. Y al segundo le exigieron que renuncie al juzgado federal N° 4, que conduce hace 20 octubres.

Lo primero que alimenta las versiones es el impacto interno que tuvo el portazo de cuatro senadores que venían acumulando frustraciones con CFK. Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja), dijeron basta y armaron “Convicción Federal”. Los más cercanos a la presidenta del PJ exigieron la expulsión inmediata, pero encontraron resistencia en la mayoría de la bancada, que no estaba dispuesta a echar a nadie. Fueron dos sublevaciones en un mismo acto.

“No los echen, pero adelante de estos, no voy a hablar. Les perdí la confianza. ¿Cómo sé que no van a ir corriendo a decirle al Gobierno lo que hablamos?”, le contó a Infobae uno de los más cercanos colaboradores de la ex presidente. La propia Cristina Kirchner, en el acto del sábado pasado, lo dijo sin medias tintas: “En algunos despachos de la Casa Rosada sabían que iba a haber divisiones en el bloque de Senadores de Unión por la Patria. Y efectivamente se produjeron”.

Es el primer acto que alentó las especulaciones y animó a los funcionarios libertarios, que estaban desahuciados y empezaban a contar los daños de una derrota inevitable. “El Gobierno no va a retirar los pliegos”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año. Lijo no ha asumido. Veremos qué hace. Mansilla puede seguir en su cargo constitucionalmente”, explicó.

Lo cierto es que el senador del inicio de esta crónica lo que planteó es que el oficialismo tiene una chance para frustrar la embestida kirchnerista: impedir que lleguen a formar el quórum, que se consiguen con 37 votos. “Con las peleas y desconfianza que hay en el bloque, Cristina creía que tenía 20 votos propios. Puede ser que ahora sean menos”, dijo el informante.

En la Cámara hay 34 senadores teóricamente K, la mayoría ultra opositores al Gobierno, ma non troppo. Y otros 38 que son radicales, macristas, libertarios y provinciales, que son más oficialistas, ma non troppo también. Es el trazo grueso, porque hay que hacer un punteo, senador por senador, para entender de aritmética y de política, que no siempre van de la mano.

La apuesta nueva tiene que ver con impedir que no se llegue a los 37 senadores necesarios para iniciar la sesión del jueves que viene, porque CFK sabe que tiene los 25 necesarios para bloquear su aprobación: recuérdese que los jueces se votan con una mayoría agravada de dos tercios.

Hay un dato que acercó otra fuente que conoce el funcionamiento del Senado y puso como ejemplo lo que pasó en la frustrada sesión para renovar autoridades, que la vicepresidente Victoria Villarruel tuvo que levantar porque solo tuvo 36 legisladores sentados. Faltaron los santacruceños, enojados por el anuncio sorpresivo y unilateral de convertir en sociedad anónima Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

En los sectores aliados y dialoguistas hay un pedido que viene sumando adhesiones: retirar los pliegos de los dos, que se vote en el pleno, y empezar de cero una negociación más amplia, que incluya a todos los sectores políticos -del PRO a la UCR, de los provinciales al kirchnerismo- y que podría incluir hasta una ampliación del máximo tribunal. “Está desde el Procurador, cuatro juzgados de Comodoro Py, juzgados de primera instancia, de Cámara, además de ampliar a 7 o a 9 la Corte, como tenía Carlos Menem”, confió a este cronista una fuente que forma parte de la mesa de esta negociación.

“El Procurador lo va a poner el Gobierno, pero se puede hablar con la oposición para que no sea para ellos invotables. Él ya dijo que no, pero no sería difícil para el peronismo votar a Miguel Pichetto”, ejemplificó. “Él ya dijo que no quiere, es por decir”, previno el interlocutor ante la sorpresa del nombre.

El Gobierno ya dijo que no está dispuesto a retirar los pliegos, que habrá una negociación final antes del 3 de abril y que, luego, está dispuesto a ir a una votación en el Senado que se defina todo a suerte y verdad, sin más dilaciones. “Después, que cada uno se haga responsable de lo que decida. Va a ser un principio de revelación”, dijo el informante.

Hay que aclarar que en la eventual votación del 3 de abril solo se debatirán los pliegos con la postulación que impulsó en marzo del año paso el presidente Milei. No se discutirá el decreto que los nombró en comisión. Para eso, se requeriría una votación que no tendría efecto práctico.

Si el escenario es el que avizora el kirchnerismo, con el rechazo de la mayoría de 37 senadores o los 25 que bloquean los dos tercios, se abre el interrogante de qué pasará con los dos jueces, que fueron nombrados por decreto simple de Milei en comisión hasta el fin del período legislativo.

El caso de Lijo no requiere demasiado análisis, porque al no haber jurado nunca el cargo que se le otorgó por decisión de Milei, en uso de sus facultades constitucionales, continuará con sus actividades normales y habituales, ingresando cotidianamente por las mismas escalinatas del mítico edificio de la avenida Comodoro Py, que sube y baja hace dos décadas.

El caso de García-Mansilla es distinto. En el Gobierno insisten que el juez de la Corte Suprema no debe dejar su cargo porque la decisión de nombrarlo se dispuso por un decreto que tiene vigencia desde que se emitió hasta la fecha que se estipuló: cuando termina el año legislativo, a fines de noviembre. Algunos juristas creen que sería hasta el 28 de febrero del año que viene, el día anterior al 1 de marzo, que inicia el período de sesiones ordinarias del 2026.

Los jueces de la Corte Suprema, al haberle tomado juramento a García-Mansilla, firmar ya varias sentencias con la nueva conformación -incluso en la definición del rechazo al juramento de la asunción de Lijo- convalidó la validez del decreto de Milei.

Es una visión que contrasta con otra biblioteca. El constitucionalista Félix Lonigro destacó en diálogo con Infobae que no existe antecedente ni jurisprudencia en la Argentina sobre un juez de la Corte nombrado en comisión por un presidente que, en simultáneo, se le haya rechazado su pliego en el Senado. “Un decreto de designación en comisión de un juez de la Corte es válido, pero provisorio. Tiene una función ad referendum de lo que decida el Senado, que puede aprobar o rechazar. Si el Senado rechazó, se cae su nombramiento. Esto es una opinión, una interpretación, porque no hay norma que regule estos casos”, consideró.

La visión que se escucha en los pasillos de la Corte es divergente. En el máximo tribunal dicen que lo único que puede motivar que se altere el funcionamiento del tribunal con su composición actual -es decir, con García-Mansilla- es si hay un reclamo de algún litigante, que cuestione el ejercicio de la magistratura.

De ocurrir ese reclamo, igual, no hay tiempo ni urgencia para que los ministros tomen una decisión sobre la continuidad del jurista que más resistencia provoca en el kirchnerismo. CFK lo trató de “impresentable”.