En el video que tiene la Justicia Federal y que Infobae difundió el viernes, se ve a Edgardo Kueider manejando pesos y dólares en efectivo en su oficina de la Gobernación. Durante los años en que fue funcionario tuvo control absoluto sobre USD 19,4 millones de publicidad y otros USD 500 mil de gastos reservados.
Para comprender la impunidad con la que se movía Kueider hay que tener en cuenta que durante los cuatro años en que fue secretario General de la gobernación de Gustavo Bordet (2015-2019) fue la mano derecha del mandatario y quien se encargaba de los asuntos diarios de la gestión.
Fue Bordet el que le otorgó ese poder. El mandatario centró su atención en resolver la situación financiera de la Provincia, a la que le costaba pagar los sueldos sin asistencia nacional, y delegó todo lo demás en Kueider. “Hablen con el Turco”, era su respuesta habitual a los planteos sobre asuntos que salieran de ese foco.
Al asumir, el Gobernador dejó vacante el Ministerio de Comunicación y trasladó el despacho de los asuntos de la cartera a la secretaria General. Esto implicó que Kueider comenzara a manejar a discreción una pequeña fortuna.
Según datos del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) de Entre Ríos, entre 2016 y 2019, el presupuesto ejecutado en publicidad y propaganda del Gobierno ascendió a 19,4 millones de dólares, según el siguiente detalle:
- 2016: $57 millones. En dólares 3.807.615 ($14,97 por USD)
- 2017: $108 millones. En dólares 6.440.071 ($16,77 por USD)
- 2018: $127 millones. En dólares 4.439.007 ($28,61 por USD)
- 2019: $235 millones. En dólares 4.726.468 ($49,72 por USD)
Como valor del dólar se tomó la cotización promedio del año del billete en el Banco Nación, ya que las partidas se fueron ejecutando a medida que el período transcurría.


Estos recursos le permitieron aceitar relaciones con medios y periodistas de la provincia y del ámbito nacional. Las decisiones sobre con quién y qué pautar las tomaba en forma personal, según indicaron ante la consulta de Infobae personas que trabajaron con él en esos años. Además, lo describieron como una persona obsesiva, decidida y que no dudaba ante cualquier disyuntiva.
Vale destacar que la Provincia pauta en medios por contratación directa. Apela a una vía de excepción habilitada en la normativa contable vigente hasta ahora. Kueider buscó armar una estructura a través de un marco legal, pero no prosperó.
Dinero en negro
A esto debe sumarse el uso discrecional de los fondos reservados de la Provincia que, a partir de 2017, recayeron en sus manos. Kueider ejecutó un presupuesto de gastos reservados de $8.351.651 en 2018 y de $10.062.000 en 2019.
Con el mismo valor de referencia del billete norteamericano utilizado antes, la estimación es que, en dólares, Kueider manejó gastos reservados por USD 291.913 en 2018 y de USD 202.373 en 2019. La cifra global sumó USD 494.286.
Las partidas de gastos reservados están identificadas con el número 3.9.2 en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias de Entre Ríos. No requieren rendición ni existe auditoría ni control de los organismos públicos como la Contaduría General o el Tribunal de Cuentas.
Que los gastos reservados terminaran en manos de Kueider fue producto de una carambola interesante, porque la iniciativa para regular el uso de este dinero sin rendición fue de la oposición. El proyecto fue presentado por el diputado Esteban Vitor, presidente del bloque de Cambiemos, acompañado por un grupo de legisladores de la alianza. Pero el articulado sufrió variaciones significativas durante el tratamiento parlamentario que lo desvirtuaron.

El original indicaba en su artículo 1°: “Los créditos presupuestarios destinados a ‘gastos reservados’ tienen como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado para prevenir y combatir el delito. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad”.
El texto que salió de la Legislatura fue diametralmente distinto: “Los créditos presupuestarios destinados a gastos reservados tienen como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado en situaciones de urgencia fundada en la gestión. Deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación u organismo que el primero determine. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad”.
Para que esto fuera posible, Cambiemos jugó su parte. El artículo salió así de la comisión. Vitor recibió una llamada horas antes de la sesión en la que debía aprobarse. Del otro lado del teléfono estaba una importante figura del peronismo. “No aprueben esto. Es una barbaridad”, escuchó el legislador opositor. Sopesó eso con lo que había en el otro platillo de la balanza: seguir con la anomia en el manejo de estos fondos o dejarle al oficialismo, que tenía mayoría en la Cámara, el rédito político de aprobar una iniciativa que él había promovido. Por eso la bancada opositora completa levantó la mano.
La redacción de la norma era tan difusa que cualquier objetivo era pasible de ser considerado “fundado en la gestión”, convirtiendo en fútil la prohibición que cerraba el párrafo. Además, el manejo quedaba concentrado en la Secretaría General a cargo de Kueider. Podría haberse puesto en manos del Ministerio de Gobierno, que tenía en su órbita la Policía y la relación con la Justicia. Pero la decisión fue darte un control y uso político. Esto traería consecuencias.
El Semanario Análisis publicó en su última edición de 2024 una historia que fue confirmada a Infobae por dos fuentes sin contacto entre sí.
El episodio transcurre en enero de 2019, un mes caliente en lo político porque se venía la campaña de reelección de Bordet. Kueider recibió un correo de una dirección desconocida. Traía un video adjunto. Al abrirlo, el secretario General descubrió filmaciones de la cámara de seguridad que había instalado en su despacho en Casa de Gobierno. El dispositivo transmitía vía wifi directamente a su celular. Pero había sido hackeado. Su afición a la tecnología le jugó una mala pasada.
Las grabaciones correspondían a octubre, noviembre y diciembre de 2018, y a ese enero aún en curso. Mostraban a Kueider en dos tipos de situaciones comprometedoras. La más grave era distribuyendo plata de los fondos reservados que tenía en efectivo en la caja de seguridad de su oficina. Ese dinero no debía rendirse a los organismos de contralor. Y podría ser una de las posibles fuentes de recursos “en negro” utilizables para fines personales, como la compra de los departamentos a nombre de la firma Betail, cuya trama se detallará en otro apartado.

En las filmaciones también se veía a Kueider en situaciones de intimidad con una empleada jerarquizada del área de Comunicación. Esta relación fue la comidilla diaria de toda la Casa de Gobierno durante años.
¿Qué hacer con el video? era la pregunta a responder. El secretario General puso al corriente al gobernador Bordet y ambos decidieron consultar qué pasos dar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Los tres vieron el video completo.
— No hay nada raro. Edgardo está distribuyendo dinero de gastos reservados. No hay delito - razonó Bordet en voz alta, palabras más o menos.
Rodríguez Signes, un funcionario de Estado con pasado radical, que ocupó el cargo con Urribarri, siguió con Bordet y continúa con Frigerio, respiró hondo. Apoyó los codos sobre el vidrio que cubría la mesa del despacho de la gobernación, juntó las puntas de los dedos y mirándose las manos dijo con voz grave:
— Gobernador. El secretario General está repartiendo plata en efectivo en su oficina en Casa de Gobierno, donde además intima con su secretaria. Será un escándalo público. Piense en las elecciones - resaltó. En la retina, las imágenes de Kueider se le mezclaron con los bolsos con dólares en La Rosadita y que involucraron a personajes ligados al kirchnerismo.
— ¿Hacemos la denuncia? - terció el secretario General.
Rodríguez Signes hizo un gesto de desaprobación y, tras cruzar algunas otras opiniones, Bordet dio por terminada la reunión. Finalmente se hizo una presentación judicial en la Fiscalía. El escrito fue acompañado por un video editado sin las situaciones íntimas comprometedoras para Kueider.
Ante la consulta sobre aquel incidente, fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron que el legajo con la demanda pasó de la mesa de entradas al escritorio del Procurador General Jorge García. El jefe de los fiscales dejó de lado a toda la estructura del organismo y tomó el caso en sus manos. Esto abría la posibilidad de que el manejo de la investigación sea más política que técnica. García tenía un perfil alto en esos días. Lo había construido a raíz de los procesos por corrupción contra Urribarri.
La respuesta del Procurador llegó a los pocos días. Quería ver el video original, no el editado. Esa grabación nunca se incorporó, la causa no avanzó y finalmente quedó en la nada.
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