Un megaproyecto sobre el río Uruguay puso en alerta a Entre Ríos y hace resurgir el conflicto de Botnia

El acuerdo entre el gobierno uruguayo y la empresa HIF Global para la concreción de un proyecto que demandará un desembolso de 6 mil millones de dólares ha agitado las aguas. De concretarse, sería la mayor inversión extranjera en la historia del vecino país. Pero su ubicación, frente al polo turístico que integran varias ciudades entrerrianas, ha motivado rechazos de la comunidad y también del gobierno provincial.

El emprendimiento pretende generar combustibles sintéticos. Para ello, utilizaría dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y también hidrógeno verde, que sería generado a partir de energías renovables. Ponerlo en marcha implicaría 3 mil empleos en forma directa, según el memorando de intención que firmó la administración de Luis Lacalle Pou con HIF Global en febrero del año pasado.

Estaría ubicado 5 kilómetros al norte de Paysandú, ciudad ribereña al río Uruguay. Ocuparía 442 hectáreas que estaban categorizadas para uso rural. El Concejo Deliberante local autorizó a fines de febrero la readecuación del uso de esa tierra. Del total, 152 has. pasarían a ser de utilización rural natural y 228 suburbana industrial.

Es el primer escalón de un proceso que concluiría con la instalación de la planta y de una cañería de 7 km hacia el sur, hasta el establecimiento de Alur (Alcoholes del Uruguay). La firma es parte del holding público Ancap. Está dedicada a la producción de biodiesel y otros subproductos derivados.

Además, se prevé la construcción de un puerto de exportación en la zona de la Isla San Francisco. Esto implicaría incrementar el dragado del río aguas abajo.

HIF Global es una firma controlada por la chilena AME, pero con sede central en Houston, Texas. Los otros socios de la compañía son Porsche, EIG, Baker Hughes, Gemstone Investments, Idemitsu y JOGMEC. Las obras del proyecto se pondrían en marcha recién en 2026, según las previsiones actuales.

El planteo de los intendentes de la Mancomunidad Tierra de Palmares, compuesta por las ciudades entrerrianas ubicadas en la zona, sobre la margen argentina, es que la planta debe ser reubicada. Como razón, esgrimen que afectará directamente al turismo, principal actividad económica de la zona, debido a la contaminación visual y al impacto en el ecosistema por las emisiones de contaminantes.

Este planteo fue avalado por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio. En una nota dirigida a los mandatarios de la Mancomunidad, expresó el respaldo del Gobierno al planteo.

“Decidí instruir a las áreas correspondientes a iniciar las gestiones necesarias para activar el mecanismo de consulta previsto por el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, apuntó Frigerio. Al ser el río un recurso compartido, ambos países decidieron en los 70 crear este organismo para regular las actividades. Pero después de lo ocurrido con la instalación de UPM - Botnia su rol ha quedado desdibujado.

El mandatario provincial agregó: “Es intención mía y de mi gobierno que la población potencialmente afectada por la instalación de este u otros proyectos a la vera del río Uruguay cuenten con la información ambiental necesaria y sean tenidas en cuenta a los fines de crear las condiciones para un desarrollo económico, social y ambiental consensuado y armonioso”.

Durante esta semana, Frigerio mantuvo una reunión con la delegada argentina en la CARU, Ingrid Jetter. La funcionaria del ente binacional explicó que solicitó formalmente información. Ante la falta de respuesta, anticipó que reforzarán el pedido tras la recategorización de terrenos por el Concejo Deliberante de Paysandú. “Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con Entre Ríos”, aseguró.

La Cámara de Diputados de la provincia también hizo su movida. El martes 11, el presidente del cuerpo, Gustavo Hein, junto a legisladores de varias fuerzas políticas, estuvieron en Colón. El objetivo fue acompañar el reclamo de relocalización.

Los cuestionamientos desde Argentina al emprendimiento en la costa uruguaya fueron promovidos a su vez por la Asociación Hotelera Gastronómica de Colón y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa).

El temor es que “en lugar de la hermosa vista que hoy tenemos desde la costanera, veamos una fábrica”, indicó el empresario Mario Delasoie. En tanto, la Aadeaa reclamó: “Sigue sin abordarse la urgencia de un acceso pleno y oportuno a los datos por parte de las comunidades afectadas. Este retraso perpetúa la exclusión y dificulta la construcción de estrategias participativas para la defensa de los territorios”.

Las críticas también surgieron desde la ribera oriental. Leonardo Belassi, de la organización Paysandú por un Uruguay Soberano, alertó: “No son plantas de hidrógeno verde. Son para producir combustible sintético y metanol y exportar a Europa. Solamente en un 24% de la producción se incluye el hidrógeno verde, pero lo que se va a instalar en Paysandú es una refinería, con mentiras, con dudas, con contratos secretos”, precisó en declaraciones al medio local La Mañana. También resaltó que, al terminar la obra civil, solo quedarían entre 180 y 200 puestos de trabajo en la planta.

Uruguay prevé que el emprendimiento permitirá generar 560 mil toneladas anuales de metanol. De allí se derivarían 210 mil tn. de E- Gasolina y varios subproductos: 27 mil tn. de gas licuado y 3,8 tn. de aceite pesado.

Los cuestionamientos se mantienen pese a que en septiembre una delegación uruguaya viajó a Colón a explicar los alcances del emprendimiento. Estuvo integrada por técnicos y funcionarios del Ministerio de Energía y de la Cancillería uruguaya.

El caso tiene muchas similitudes con lo ocurrido al momento de la instalación de Botnia - UPM frente a Gualeguaychú. En ambas situaciones, se trató de emprendimientos acordados por una administración de los partidos Colorado y Blanco que heredó un gobierno entrante del Frente Amplio. Además, está el rechazo social. Si bien la situación no escaló como durante la instalación de las pasteras, la preocupación de la comunidad por el impacto que podría tener en su forma de subsistencia está creciendo.