Caos, disturbios y violencia: así vivió el Gobierno la protesta de los jubilados y los barras

El Gobierno vivió el miércoles una verdadera jornada de tensión en varios frentes, ya que al mismo tiempo en el que se votaba en el Congreso un conjunto de proyectos que el oficialismo quería rechazar, afuera del palacio legislativo un grupo de barras bravas marchaba junto a los jubilados y generaba disturbios que llegaron hasta la Casa Rosada, donde las autoridades nacionales se sorprendieron con la protesta.

El día comenzó con el presidente Javier Milei viajando a Bahía Blanca para supervisar los trabajos de emergencia que se están llevando adelante en esa ciudad luego del impresionante temporal que causó inundaciones y dejó al menos 16 muertos y varios desaparecidos.

El líder libertario voló hasta el lugar de los hechos acompañados de la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esta última funcionaria había dejado preparado en la Capital Federal el operativo para hacer frente a la marcha de los barras que ya había sido anunciada, y confiaba en que se iba a poder contener a los manifestantes.

Sin embargo, pasadas las 16:00 comenzaron los primeros choques entre los agresores y la Policía, que por momentos se vio desbordada, y los incidentes siguieron hasta la noche.

En Balcarce 50 evitaban dar declaraciones sobre lo que sucedía, pero los principales referentes del oficialismo coincidían en señalar que en la movilización no solo había barras, sino también militantes de la izquierda y de agrupaciones como La Cámpora.

“En esto siempre hay intereses políticos. En los últimos días, hubo una cantidad de movimientos que apuntan a desestabilizar al Gobierno, a generarle un problema a un gobierno que viene conduciendo la Argentina de manera estable”, opinó al respecto Francos, en diálogo con Infobae en vivo.

En este sentido, el jefe de Gabinete aseguró que la actual gestión “está absolutamente firme” y destacó que en lo que va de la administración “los conflictos que hubo fueron ordenados y la calle fue recuperada para la gente”.

Para las autoridades nacionales, la oposición utilizó “a los pocos jubilados que van a manifestarse con todo derecho”, para llevar adelante una protesta frente al Congreso, justo cuando se debatían proyectos para investigar el accionar de Milei en el marco de la presunta estafa con $Libra.

“Lo que se vivió hoy fue un intento de golpe de Estado. Perfectamente orquestado por lo más sucio de la política. Con barras bravas que fueron a buscar caos, violencia y muertos. Los golpistas de siempre. No pasarán”, comentó, por su parte, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Mientras en los canales de televisión se mostraban los disturbios ocasionados durante la movilización, con patrulleros y tachos de basura prendidos fuego, el Presidente recibía en su despacho a empresarios norteamericanos.

Sin hacer referencia a los conflictos en la calle y en la Cámara de Diputados, el Gobierno publicó un comunicado oficial en el que se anunció “la creación de un fondo especial de $200.000.000.000 para asistir a los damnificados” por las inundaciones de Bahía Blanca “de manera directa, proporcional, y sin intermediarios”.

La medida se tomó en medio de los cruces con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que viene reclamando una reunión con Milei para coordinar la asistencia económica en la ciudad afectada por el temporal.

Pasadas las 17:00, la protesta se trasladó sorpresivamente a la Casa Rosada, donde estaba el jefe de Estado y que no había sido vallada, como en otras ocasiones, debido a que no se preveía que hubiera también disturbios en este lugar.

A los pocos efectivos de la Policía Federal que habitualmente custodian la sede de Gobierno se les sumaron varios más de esta misma fuerza, como así también de la Gendarmería, y se escucharon balas de goma.

Un helicóptero de la PFA sobrevoló hasta bien entrada la noche la Plaza de Mayo, que recién a las 6:30 comenzó a despejarse, aunque el Presidente se retiró de su despacho varias horas más tarde, cuando la zona ya estaba asegurada.

Por un lado, el Poder Ejecutivo podría cobrar los costos del operativo a los barras de los clubes que logre identificar que hayan participado de la marcha de este miércoles, algunas de las cuales incluso hicieron pública su participación en la manifestación.

Desde que inició la actual gestión se estableció, como parte del protocolo antipiquetes, que se iba a multar a los responsables de generar daños en la vía pública, algo que ya se aplicó en algunas protestas.

La ciudad de Buenos Aires estimó que, en este caso, el valor estimado en costos de reparación es de más de 275 millones pesos, entre bienes públicos y privados que fueron afectados.

Las autoridades porteñas señalaron que los agresores prendieron fuego dos patrulleros de la Policía de la Ciudad en Avenida de Mayo y Santiago del Estero y dañaron una moto y un auto particular.

Además, rompieron baldosas para usarlas como proyectiles y quemaron tachos y contenedores de basura, además de romper autos y robar y atacar negocios. Sobre Avenida Callao y Presidente Perón formaron una barricada de contenedores incendiados.

Por otro lado, Bullrich advirtió que podría imponerles derecho de admisión a las canchas a los barras que puedan ser identificados, y para eso ya se publicó la Resolución 321/2025, que estableció cambios en la normativa vigente.

“Se podrá restringir la concurrencia a toda persona que ‘haya sido imputada, procesada o condenada por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión y que la Autoridad de Aplicación entienda que razonablemente pueda crear un riesgo concreto en el espectáculo futbolístico’”, indica la ley.

Esto incluye a los que “afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público, ya sea de manera individual o en el marco de una manifestación o congregación en la vía pública”.