Antes de tomar una definición sobre la situación de todos los imputados, el nuevo juez de la Causa Seguros, Sebastián Casanello, ordenó nuevas medidas de prueba en tres organismos clave: Cancillería, la ex AFIP, y Fabricaciones Militares.
El magistrado quiere saber quién dio la orden de contratar a los productores de seguros, que oficiaban de intermediarios entre las dependencias oficiales y Nación Seguros. En la mayoría de los organismos se encontraron notas firmadas por funcionarios de segunda línea.
El juez quiere todas las actuaciones internas que derivaron en la selección y designación de productores, asesores de seguros, organizadores y/o masters en la contratación de pólizas de seguro. Eso incluye expedientes administrativos, mails o cualquier documento digital. También pidió un listado de los seguros contratados por cada organismo, los datos de los productores, y las fechas de las pólizas.
Por último, Casanello, preguntó si existía -en cada uno de esos organismos- algún área u oficina encargada de la gestión de los seguros. En caso afirmativo, reclamó un listado de los empleados a cargo.
En el caso de la Cancillería, el juez también quiere saber qué cargo, funciones y atribuciones tuvieron Pablo Norberto Delgado y Cecilia Todesca, “específicamente vinculado con la contratación de seguros y designación de intermediarios en estos”. Algo similar planteó en el oficio enviado a la ex AFIP. En ese caso mencionó a Mauro Izzi y Carlos Castagneto, que estuvo a cargo del organismo y ahora es diputado nacional.
Durante un año, el juez Julián Ercolini ordenó decenas de allanamientos y mandó oficios a casi un centenar de organismos para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. También recolectó toda la información que estaba en poder de Nación Seguros. De esa manera, se secuestraron las notas que mandaban desde los organismos para designar a los intermediarios.
Esas notas eran firmadas por funcionarios de segunda línea, aunque también aparecen ministros eligiendo a dedo a las empresas. Todos los nombres figuran en la resolución que firmó Ercolini cuando llamó a indagatoria a 39 personas.
El caso más emblemático fue el de Federico D’Angelo, exdirector del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. La nota, firmada de puño y letra y enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), designaba a las empresas San Ignacio y TG Brokers como organizador y productores de los seguros.
Los contratos con los intermediarios derivaron en comisiones millonarias para un puñado de empresas. Solo el amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, y sus “satélites” cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Uno de los contratos que recibió “Hecky” fue el de Cancillería. Un auditoría elaborada por Nación Seguros determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores pagó $11.480.026, repartidos entre Martínez Sosa y Emanuel Calvo, uno de sus laderos.
Ese contrato aparece en los chats entre la mujer del empresario, María Cantero, y el entonces presidente.
“Tengo un problema están sacandole Cancillería a Hecky (su marido) están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas ... La Campora armar broker. Pero Cancillería son nuestros (sic)”, le escribió Cantero a su jefe.
Acto seguido, la secretaria le reenvió al Presidente un mensaje que le habría mandado su marido: “Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker. La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior”.
La respuesta de Alberto Fernández fue contundente: “Ya me ocupo”.
La causa cambió de juez a comienzos de febrero porque se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
El nuevo magistrado, Casanello, decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y descubrió que faltaban algunos datos de Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP. “Es normal que aparezcan algunas lagunas en una causa tan compleja y con tanta documentación”, explicó una fuente judicial.
El nuevo juez también le mandó un nuevo oficio a Nación Seguros para que informe el monto (total y también dividido por tomador y póliza) de los fondos liquidados a todos los coaseguradores a raíz de todas las pólizas emitidas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.
El coaseguro es un mecanismo usado por las empresas aseguradoras locales para distribuir la responsabilidad de una cobertura de riesgo amplio. Por ese motivo, es visto con atención desde el comienzo de la investigación.
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