Caso $Libra y edad de imputabilidad: fuerte disputa en el Congreso por el control de la agenda tras el inicio de sesiones

El presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso el sábado pasado con algunos anuncios de fuerte impacto político, como el nuevo acuerdo con el FMI, y nuevamente apelando a un tono confrontativo con la oposición de la que -por ahora- depende para avanzar con su agenda legislativa.

Además de reclamar colaboración a “dialoguistas” y “duros” para ratificar las negociaciones con el Fondo Monetario, que desembolsaría unos USD 10 mil millones para fortalecer las reservas y facilitar la salida del cepo, el Presidente adelantó que enviará al Congreso distintos proyectos para, entre otras cosas, hacer obligatorio el equilibrio fiscal (incluso en provincias y municipios), poner 25 puntos del PBI como límite del gasto público, una nueva reforma laboral, una drástica reducción en la cantidad de impuestos (quedarían 6 en total), una reforma migratoria y cambios en el Código Penal para aumentar las penas de todos los delitos.

Sin embargo, de este amplio menú de opciones solo un tema tendrá un avance concreto en los próximos días: la baja de la edad de imputabilidad. La idea no es nueva y cíclicamente vuelve a ocupar el centro del debate público desde hace décadas.

El Gobierno ya había iniciado el camino el año pasado. En junio la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia Mariano Cúneo Libarona presentaron un proyecto que diseñaron en conjunto para bajar el límite a los 13 años para todos los delitos.

La iniciativa oficialista contempla una pena máxima de prisión de 20 años, pero habilita sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad. Aunque éstas solo se aplicarán si los delitos no superan la pena de 6 años, si no hay víctimas fatales y si no hay registros de procesamientos firmes. Finalmente, como política de reinserción pusieron el foco en los programas educativos, de formación ciudadana y deportivos.

El año pasado se realizaron siete reuniones informativas en las que expusieron decenas de especialistas pero nunca se llegó a un dictamen. Tras el discurso de Milei, que hizo referencia al crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada por menores en La Plata, y criticó en duros términos al gobernador Axel Kicillof, la diputada Rodríguez Machado, que preside la comisión de Legislación Penal, adelantó que planea convocar la semana que viene a un plenario de comisiones para empezar a unificar criterios. Actualmente, hay 13 proyectos con estado parlamentario que abordan la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil.

Pero para esa misma semana está convocada una sesión especial en la que se tratarán todos los expedientes relacionados con el caso $Libra, la criptomoneda que Milei difundió en sus redes sociales, cuyo preció escaló vertiginosamente para luego desplomarse, y que lo dejó envuelto en una investigación por estafa y utilización de información privilegiada.

La sesión que pidieron desde el bloque Democracia para Siempre, de Facundo Manes, para el martes 11 incluye la creación de una Comisión Investigadora, pedidos de informes al Poder Ejecutivo y múltiples interpelaciones a altos funcionarios del gobierno.

Justamente la creación de la comisión investigadora es la opción que hoy preocupa más al Gobierno porque considera que la oposición podría alcanzar los votos suficientes para un emplazamiento.

Dado que ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión, se necesitaría una mayoría especial de dos tercios de los presentes para tratarlos “sobre tablas”. Como ese número es inalcanzable para la oposición, buscarán llegar a una mayoría de 129 para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Así las obligarían a tratar el tema y, si logran firmar el dictamen, deberán reunir nuevamente 129 para aprobarlo en el recinto.

Es importante recordar que hace dos semanas el Gobierno logró bloquear un intento similar de conformar una comisión investigadora en el Senado. Para conseguirlo fue clave la presión de los gobernadores, que terminaron llevando al bloque radical a votar dividido.

Para frenar la arremetida opositora en Diputados el oficialismo nuevamente necesitará de la ayuda de los gobernadores para que los bloques dialoguistas como Democracia para Siempre, Innovación Federal y Encuentro Federal tengan ausentes.

Sin embargo, no fue un buen augurio para los libertarios que apenas seis gobernadores hayan estado presente el sábado para la apertura de sesiones. Viajaron para escuchar a Milei, Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis). El resto se quedó en sus provincias, dejando en evidencia el desgaste de la relación con la Casa Rosada.

El anticipo de Milei, que adelantó que enviará al Congreso el acuerdo con el FMI para su ratificación, a pesar de que hasta el momento no hubo ningún anuncio por parte del organismo, despertó sospechas en la bancada peronista.

Ante la consulta de Infobae, un referente de Unión por la Patria especuló con que el Presidente en realidad buscó enviar un mensaje a los mercados tras dos semanas de fuerte aumento del Riesgo País y caída de los bonos.

Por su parte, desde Encuentro Federal adelantaron que para aprobar el acuerdo con el FMI primero habría que exigirle al Gobierno que exhiba su programa económico, financiero, fiscal y cambiario. “Es por ello que creemos que debe aprobarse el acuerdo junto con la ley de Presupuesto 2025”, señalaron.