Las designaciones de Milei para la Corte anticipan el juego cruzado que se viene en el Congreso y en año electoral

No habrá que esperar hasta el sábado para que Javier Milei recargue su discurso con la puesta en escena que supone la apertura del nuevo ciclo de sesiones ordinarias del Congreso. Cuatro días antes, el Presidente acaba de sumar temperatura en el acelerado clima electoral, camino a octubre, ya sin PASO aunque escalonado por varias paradas provinciales. Previsible pero igual impactante, avanzó con el decreto que designa a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema. Queda planteado así un foco de tensión donde asomarán cuestiones si se quiere formales sobre el nombramiento en comisión pero, sobre todo, una discusión política de fondo y con capítulos abiertos, no pocos.

Por supuesto, la decisión de Olivos agrega un elemento de peso a las conversaciones que asoman en el variado conglomerado opositor frente a la cita de la Asamblea Legislativa. El panorama venía complicado por el impacto del criptogate y suma el oleaje por la decisión presidencial sobre el escalón máximo de la Justicia. El kirchnerismo empuja la ausencia de legisladores en el acto de apertura de sesiones, aunque al final podría expresarse con una delegación reducida, una fórmula que también crece entre sectores radicales y algunos provinciales y desafía al PRO. Allí, algunos recuerdan críticamente lo hecho por Mauricio Macri y luego superado con la votación de pliegos en el Senado.

El verano fue denso para todos. Y el inicio del calendario político, asociado a las sesiones del Congreso sin dependencia exclusiva del Ejecutivo, proyecta más. El discurso presidencial tendrá como telón de fondo no sólo el tema de la Corte, sino nuevos embates por el caso $LIBRA, a pesar del freno inicial a una comisión investigadora, y la dureza del texto que finalmente lea Milei ante los legisladores. Los términos serán gravitantes.

El oficialismo viene mezclando discurso duro frente a costos autogenerados con necesidades de acuerdo para sostener algunos de sus proyectos, como ocurrió con la suspensión de las PASO. En ese esquema, el PRO es pieza central, pero también las negociaciones con gobernadores de todos los espacios y las fisuras que pueda provocar en el peronismo/kirchnerismo, junto a la suma de dialoguistas. Las decisiones o discursos extremos operan al revés, con el presupuesto del éxito de la condena a la “casta”. Es una armadura que, al menos, resultó dañada por episodios como el discurso en Davos y más, por el oleaje del caso de la criptomoneda.

El comunicado que acompaña al anuncio sobre el decreto de designaciones para la Corte se anota en la “narrativa” mencionada. Carga sobre el Senado en general, con el argumento de favorecer o garantizar el funcionamiento del tribunal supremo, y busca vestir la falta de acuerdo en la Cámara alta -especialmente con UxP- como una maniobra en su contra. Dice que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino”. Otra vez, “la” política como algo ajeno.

Fuera de una contradicción en el texto sobre las atribuciones del Senado en estos casos, el comunicado tiene como eje responsabilizar al grueso de sus integrantes por la falta de resolución. Y coloca como contracara ejemplos de gestiones anteriores -Néstor Kirchner, Macri- que lograron aval mayoritario de senadores a sus propuestas. Aquellos resultados fueron fruto de entendimientos políticos, algo que no logró coronar LLA, entre otras razones para los rodeos frente a un tipo de acuerdo público que resultara costoso como imagen. ¿Está definitivamente cerrado el tema? Nadie en medios legislativos se atrevería a afirmarlo.

La cuestión es política. Hay quienes sugieren ahora discusiones sobre la extensión de las designaciones en comisión y también en la hipótesis de un rechazo abierto de la Cámara alta. Eso, sin contar posibles estribaciones judiciales. Sin embargo, las propias especulaciones de estas horas indican que la disputa política superaría la cuestión del decreto como instrumento, defendido, por supuesto, con la letra de la Constitución.

Más allá de los adjetivos elegidos en los cuestionamientos opositores, aun en el espacio amarillo, clave en las disputas legislativas cruciales -algo que en algunos pliegues oficialistas es visto como un ejercicio de presiones-, aparecen miradas críticas que remiten a la propia experiencia macrista con su decreto. Las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz terminaron esperando el aval del Senado. Expresión de convicción o pragmatismo, aquel giro es parte ahora de los señalamientos contra la vía del decreto para cubrir vacantes de la Corte.

Por supuesto, entonces como ahora, el mayor implícito tiene que ver con los efectos de decisiones políticas que operan sobre la interna del tribunal. Circula también un cuestionamiento repetido -es decir, tomando el ejemplo y corrección anteriores- sobre el desgaste que supondría cada decisión de la Corte en estas circunstancias y en particular, el foco sobre cada paso de los nuevos miembros, sin dejar de lado su previa huella personal.

Todo se da en un tablero especialmente curioso. Las críticas más de fondo, sobre este hecho en particular y la señal más amplia como concepción de poder -el comunicado oficial expone una visión de superioridad del Ejecutivo sobre el Legislativo- no partieron precisamente del peronismo/kirchnerismo, sino más bien de algunas franjas del llamado “dialoguismo” o de la oposición que también rechaza el juego K.

El peronismo legislativo muestra en la superficie un rechazo cerrado, que a la vez le permite reagruparse luego de las entregas de divisiones a la hora de votar algunos proyectos en las breves sesiones extraordinarias. Pero por debajo, deja abierta la instancia de una negociación amplia en el terreno judicial: una especie de trato para ampliar el tribunal o asegurar al menos un nombramiento -una jueza, preferentemente- en línea con CFK, además de discutir el cargo del procurador y decenas de vacantes en la Justicia.

Para completar, resulta un dato nada desdeñable el cambio de contexto desde que comenzó esta historia, hace un año. La posibilidad de apelar a un decreto fue esgrimida en principio como advertencia y elemento de presión. Pasaron los meses sin resultado. Y en las últimas semanas, el camino del decreto fue retomado en la medida que se agotaba el período de sesiones convocadas por el Ejecutivo. El punto es que llegó después de estallar el caso $LIBRA. Y eso mismo, cuando cada movimiento sugiere la idea de volver a la ofensiva, termina colorear todo como jugada en el paño de “la” política.