La puja entre la Justicia Federal y la de Entre Ríos sobre quién investiga a Kueider podría escalar a la Corte

La jueza Sandra Arroyo Salgado le había pedido a su par de Concordia, Edwin Ives Bastián, que se inhiba en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider y le remita las actuaciones. El magistrado aún no respondió pero ya tiene el dictamen del fiscal José Arias sobre el pedido de la magistrada de San Isidro. El magistrado entrerriano había corrido vista a Fiscalía tras recibir en diciembre el pedido de Arroyo Salgado. La opinión, no vinculante, de Arias fue que no debía apartarse de la investigación y continuar las actuaciones en Concordia. “No existen razones materiales ni jurídicas que justifiquen la competencia federal en la materia”, fue el corolario con el que cerró el fiscal su escrito de cinco fojas, entregado el lunes a las 7 de la mañana en el despacho del magistrado concordiense.

Antes, había señalado que en el planteo de Arroyo Salgado “se advierte una interpretación que pretende extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria con los otros hechos investigados por el fuero de excepción (el Federal) y que justifique esa conexidad”.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, ahora el planteo “se encuentra para proveer y oportunamente se pondrá a despacho del juez Edwin Ives Bastián para resolver la inhibitoria interesada”. Esto significa que el magistrado aún debe evaluar el resultado del dictamen de Arias y sus argumentos para decidir si actúa, o no, en la misma línea.

El 18 de diciembre del año pasado, 14 días después de que Kueider quedara detenido en Paraguay por intentar ingresar con más de $ 200 mil dólares sin declarar, Arroyo Salgado le envió un oficio a Bastián. Allí le requería que el Juzgado de Garantías 2 de Concordia se inhibiera de seguir investigando al ex senador. Y también que le remita las actuaciones que se habían hecho en la ciudad entrerriana hasta el momento. Como fundamento, la magistrada planteó que los delitos por los que se investiga a Kueider son de competencia federal.

Arias no coincidió con el planteo. Y le sugirió a Bastián que retenga el expediente y continúe con la investigación. Ahora se abren varios interrogantes. Si Bastián no atiende los fundamentos fiscales, los cuerpos del legajo viajarán a San Isidro. Pero si el juez entrerriano resuelve en sintonía con Fiscalía, Arroyo Salgado podrá aceptar o no esta decisión. En caso de que la salida sea esta última, la cuestión de competencia deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se debe a que el máximo tribunal es el único órgano jurisdiccional superior que tienen en común ambos juzgados.

Las dos investigaciones comenzaron y fueron en paralelo. En Concordia, la causa se inició el 16 de junio por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco, quien llevó a la Justicia una publicación del sitio El Disenso. Allí se revelaba que el ex senador tenía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la capital entrerriana. Figuraban a nombre de la sociedad anónima Betail. Los datos estaban en la última declaración jurada que había hecho Kueider.

El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz denunció los mismos hechos y con la misma base ante el Juzgado de Arroyo Salgado. La jueza vinculó en octubre este expediente con uno anterior. Se trata de la causa Securitas, donde la propia empresa denunció que directivos de la firma habían pagado coimas para quedarse con contratos en empresas estatales. Una de ellas es Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos. Las operaciones habrían sido entre 2017 y 2019, cuando Kueider ocupaba la secretaría general de la Gobernación, aunque no tenía participación ni incidencia directa en las actividades de la firma.

Estos son los “otros hechos” que no tienen conexidad con los que se investigan en Concordia a los que se refirió Arias en su dictamen. En la causa Securitas “no se describe ninguna participación de Kueider en el entramado”, subrayó el fiscal entrerriano.

La Cámara Federal de San Martín, sin embargo, confirmó en su momento la decisión de Arroyo Salgado.

La búsqueda de la Justicia entrerriana abarca un período que se extiende desde que el ex legislador tuvo su primer cargo público como concejal en 1999. La Federal está más acotada en el tiempo.

Por eso Arias razonó: “Entiendo que V.S. (le dice a Bastián) debe rechazar el planteo de inhibitoria de competencia y, en consecuencia, confirmar la competencia local en relación al delito de enriquecimiento ilícito que habría conllevado el desempeño de cargos públicos municipales y provinciales de parte de Edgardo Kueider” durante 1999 y 2019 más dos años, es decir hasta el 2021.

La información periodística y las posteriores medidas de prueba echaron luz sobre un entramado complejo de prestanombres y sociedades fantasmas que involucraban a Kueider y salpicaban a sus colaboradores y a sus hijos.

Si las causas siguen avanzando a pesar de un eventual conflicto de competencia, en las próximas semanas podrían producirse nuevas imputaciones y medidas de prueba.

En tanto, la Justicia paraguaya debe definir si extradita o no a Kueider, quien está con arresto domiciliario en Asunción desde hace casi tres meses. Este es otro requerimiento de Arroyo Salgado.