
El anuncio de la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema encendió las alarmas del Senado, el lugar natural de discusión de estas cuestiones: de cara a las próximas semanas se prevé un debate conflictivo, con diferentes argumentos políticos y jurídicos. Ahí está la apuesta principal del Gobierno, que cree que terminará en una mejor posición cuando la disputa en cuestión quede saldada.
Primero, el contexto. Tras meses de dilaciones y falta de acuerdo para llevar ambos pliegos al recinto -sólo el del magistrado federal Lijo obtuvo dictamen-, el Ejecutivo activó a ambos en “comisión”. ¿Qué significa esto? Lo responde el artículo 99 de la Constitución, en las atribuciones del jefe de Estado: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Esta cláusula se encuentra vigente desde 1860, cuando el Congreso sesionaba del 1 de mayo al último día de septiembre. Es decir, siete meses de receso. Es en la Cámara alta donde se envían los pliegos que proponen a jueces de la Corte: toman estado parlamentario, se abre una instancia de impugnaciones y avales, luego se realizan las audiencias públicas, se dictaminan -si es que se consiguen las firmas- y van al recinto. En caso de que no existiera un despacho, se puede incorporar y habilitar el tratamiento del tema con dos tercios. Esa misma cifra es la que precisan los candidatos para la luz verde final.
¿Qué pasó en el Senado? Con el aterrizaje de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, el kirchnerismo respondió que no movería un dedo si no se negociaba un consenso más amplio. Entiéndase por esto: ampliar la Corte, ubicar a alguna postulante afín al Instituto Patria, el procurador general -jefe de fiscales-, y parte de las 150 candidaturas a jueces que aún demora la Casa Rosada.
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Tras meses de volteretas y un sinfín de operaciones, semanas atrás se presentó el dictamen de Lijo y se buscó, sin éxito, empujar una sesión. Ahora, el magistrado federal y García-Mansilla aparecerán designados en comisión. A partir de aquí es donde empiezan los inconvenientes y las interpretaciones jurídicas.
Una de las opciones que tiene la Cámara alta es esperar al sábado próximo, día en el que Javier Milei abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias, para llevar el despacho de Lijo al recinto. A todo o nada y rápido, la semana que viene. Lo que nadie logra descifrar por estas horas en el Senado es qué pasa si no llegara a los dos tercios, o si se cayera el encuentro por falta de quorum. Quienes entienden algo de este potencial entuerto apuntan a qué primará: si la decisión del pleno o la “comisión” hasta el “cierre de la próxima Legislatura”. Lo último es a lo que se abrazaría La Libertad Avanza.
También será clave conocer si el Gobierno, una vez publicada las designaciones en cuestión, retira los mensajes que mandó a la Cámara alta con las postulaciones. Ahí estará la muñeca de la oposición, en el sentido de si rechaza esto -mayoría simple- para que la trifulca continúe allí. Y si algún pliego cae al recinto, se verá de verdad para qué están los votos. Esto pone en una encrucijada a muchos legisladores, que jugaron a las escondidas y prefieren no jugar la partida.
Un último punto. En los despachos más experimentados del Congreso sospechan una discusión en el recinto que choque con la situación de los involucrados y la postura del Gobierno -Senado versus Casa Rosada- y la misma deba ser saldada por la propia Corte Suprema, lo que derivaría en una fase aún más elevada de tensión. De lo que se tratará, en definitiva, es de resolver un conflicto. Es el objetivo primordial de la justicia.
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