Diputados aprobó la ley de Ficha Limpia y ahora define el Senado, donde el kirchnerismo buscará bloquearla

Con una mayoría absoluta de 144 votos, Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que activa la Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner. El texto ahora pasó al Senado, donde el Frente de Todos tiene la primera minoría y promete bloquear la ley o, en todo caso, enterrarla para que nunca llegue al recinto.

Al tratarse de una cuestión electoral, la mayoría absoluta -la mitad más uno del pleno de la Cámara baja, es decir, 129 adhesiones- llegó gracias al aporte La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, las divididas bancadas radicales -UCR y Democracia para Siempre-, silvestres provinciales y un sector de Encuentro Federal. Del último bloque fue trascendental la participación del legislador cordobés Oscar Agost Carreño, que durante horas enlazó -junto a diputados de otros espacios- el articulado final del texto, entre idas y vueltas oficialistas e insólitas disputas con los libertarios por palabras que exigían los libertarios y confundían la redacción definitiva.

El nervio central de la ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”. Como se supuso desde hace años, la izquierda y el kirchnerismo votaron en contra de todo esto. Sumaron 98 rechazos y sólo hubo dos abstenciones de Encuentro Federal: Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

De cara al Senado, generó preocupación el voto en contra del diputado santacruceño Sergio Acevedo y la ausencia de su colega José Luis Garrido. Ambos están alineados con el gobernador Claudio Vidal y, al tener dos integrantes en la Cámara alta, la iniciativa quedaría, con los 33 integrantes del kirchnerismo -serán 34 desde la próxima sesión-, frenada.

El oficialismo consiguió el quorum sin demasiado problemas, ya que contó con el apoyo de todos los bloques salvo el kirchnerismo de Unión por la Patria, la izquierda y algunos miembros de Encuentro Federal. Llegaron tarde al convite -con el número ya asegurado- el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, y su par del PRO, Cristian Ritondo.

Con seis dictámenes en la previa de la sesión, los libertarios cedieron ante las sugerencias dialoguistas. Las modificaciones en cuestión fueron notificadas por el miembro informante por La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Por eso la importancia de Agost Carreño, que frustró tropelías oficialistas para incorporar palabras que, en el fondo, confundían el espíritu de la ley e incluso proyectaban futuros amparos de quienes se sintieran afectados.

En resumen, Mayoraz manifestó que se eliminaba la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, y que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales de abril del corriente año.

Además, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

Por otra parte, en el artículo 2, el inciso A se cambió por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Desde Unión por la Patria, las encargadas de explicar el rechazo fueron las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley. La massista resaltó que el texto “violenta el principio de sentencia firme y de presunción de inocencia”, mientras que su colega -cristinista- aseveró que el proyecto establece “una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”. En el fondo, que continúe como en la actualidad y sólo la Corte Suprema pueda inhabilitar candidaturas.

“Estamos discutiendo si una persona que ha quebrantado la ley puede ser candidata. Y acá tenemos que señalar la profunda incoherencia del bloque oficialista y todos sus nóveles aliados, sumados en la mesa de saldos y retazos del transfuguismo político, que de manera muy clara dicen que esto está solamente limitado a los delitos de corrupción y no terminan de explicar, de manera seria, sólida y consistente, por qué razón un narcotraficante puede ser candidato”, expresó Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, que lidera Pablo Juliano.

A su turno, Pichetto -jefe de Encuentro Federal- se presentó como una voz disidente fuera de UP. Después de aclarar que su planteo era “a título personal”, mencionó que la propuesta de LLA “le da completa discrecionalidad a los jueces, que en los últimos diez años han tenido una supremacía política en la división de poderes”. Al final, se abstuvo.

El debate sobre la ampliación de los delitos lo retomó el “lilito” Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. En esa línea, enfatizó: “Es un pasito que apoyamos, pero, insisto, vamos a tener que revisar porque va a haber condenados por otro tipo de delitos, no de corrupción, con condenas firmes o no firmes que nos va a agraviar que sean legisladores”.

Una de las palabras más esperadas fue la de la macrista Silvia Lospennato, impulsora del proyecto del PRO que no tuvo acompañamiento en noviembre pasado. “Hubiera deseado hace 10 años que haya ficha limpia. Hace 10 años la ex presidenta -Cristina Kirchner- no estaba condenada ni en primera instancia. ¡Qué me vienen a hablar de que esto tiene nombre y apellido!”, sostuvo. La legisladora desactivó el rechazo de Unión por la Patria al destacar que la bancada defiende a una “condenada, pero echaron en una semana a un senador sin un procesamiento”, en alusión al peronista disidente Edgardo Kueider, expulsado por la Cámara alta en diciembre, tras haber sido detenido en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar.

Al hacer uso de la palabra, Agost Carreño advirtió sobre el “problema medular que debemos atender: sin plazo razonable de los juicios, de poco sirve Ficha Limpia”. Y agregó: “La justicia tardía no es justicia. Que los jueces no tengan plazos obligatorios permite que algunos de ellos especules con el tiempo en que dictan sus fallos y las consecuencias políticas de ello. Por supuesto que, para que haya duración razonable, hay que dotar presupuesto y herramientas modernas para que los tribunales no estén abarrotados, pero sin dar esa discusión, Ficha Limpia es un atajo simplista de un problema más grave”.

Seguido a ello, observó: “Hoy decidimos si seguimos mirando hacia un costado, cuando la corrupción y el crimen organizado se infiltran en las instituciones, o si damos un paso firme para garantizar que quienes nos gobiernan sean realmente dignos de la confianza del pueblo argentino. Pero no nos contentemos sólo con aprobar esta ley, ya que para cumplir con su espíritu tendremos que trabajar fuertemente en que los procesos penales tengan una duración razonable y que la sociedad pueda ver, con ello, que el poderoso que las hace, realmente las paga”.

Cerca del final de la discusión y, con el resultado casi cantado, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, que tuvo más temprano un grave entredicho con el presidente de la Cámara baja, el libertario Martín Menem, primero denostó la gestión económica de Javier Milei y procuró defender el dictamen que empujaba el kirchnerismo, para despegarse del evidente rechazo de Ficha Limpia.

“¿Por qué apoyan todo esto? Esta ley busca dejar afuera a Cristina Fernández de Kirchner desde 2016. No fue antes porque no había persecución política”, enunció el legislador, sin emitir mueca alguna. Mencionó después a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, presente en uno de los palcos del recinto. “Aplaudan, alcahuetes”, lanzó el santafecino para agitar a los libertarios y dialoguistas. Minutos más tarde, el proyecto se aprobó.