Ordenaron el desalojo de un edificio de la Universidad Madres de Plaza de Mayo: había un boliche y un gallinero

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, ordenó el desalojo inmediato del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 y Avenida Pueyrredón 19, en el barrio porteño de Balvanera, luego de comprobarse que el inmueble, cedido en 2018 por el Ministerio de Justicia, para el funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, estaba siendo ocupado irregularmente por familias y organizaciones sin vinculación con su objetivo original. Allí también funcionó “Radio Rebelde” y oficinas del piquetero Luis D’Elía.

La medida se tomó tras una denuncia presentada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quienes señalaron que el edificio había sido desviado de su función pública y convertido en un espacio de uso privado y político. Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), realizado hace tres meses se detectaron viviendas clandestinas, una bailanta con barra de bebidas alcohólicas, un gallinero en el balcón y un “búnker político” con propaganda del partido MILES, liderado por el dirigente Luis D’Elía.

A través de 11 fojas, la jueza resolvió ordenar el allanamiento “sobre el inmueble sito en la intersección de las Av. Rivadavia 2749/89 y Av. Pueyrredón 19 (ex Hotel Marcone) pisos 2° y 3° de esta Ciudad de Buenos Aires” y a “proceder al desalojo de José Moisés Vázquez, su mujer Alicia Esther Vázquez, y su grupo familiar compuesto por Miriam Sánchez, Alain Marcovich Alvarez, Priscila Marcovich y Ornella Marcovich Alvarez , debiéndose ser inmediatamente restituido al Ministerio de Justicia de la Nación”.

El edificio fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en enero de 2018, con el fin de instalar allí la sede del instituto universitario. Sin embargo, en ese momento el inmueble ya estaba ocupado. El rector organizador del Instituto, Javier Alejandro Buján, intentó desalojar a las familias que lo habitaban, pero no logró expulsar a la familia Vázquez, que permaneció en el tercer piso. Según José Moisés Vázquez Burgueño, quien asegura vivir allí desde hace más de 20 años, tenía “un acuerdo de palabra” con funcionarios de la AABE para cuidar el edificio.

Documentos oficiales demuestran que Buján firmó en 2018 un acta con Vázquez Burgueño en la que le permitía utilizar solo un pequeño espacio como vivienda, pero el tercer piso entero terminó convertido en un salón de actos, escuela de danza y boliche clandestino.

Lo que encontró la justicia: de una bailanta a un gallinero

El allanamiento confirmó que el segundo piso del inmueble estaba siendo utilizado en parte por oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque sin vínculo formal con el Instituto Universitario. También funcionaban las sedes de la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA).

El tercer piso, en tanto, estaba completamente ocupado por la familia Vázquez, que había instalado un gallinero en el balcón, alquilaba el salón para eventos y utilizaba el espacio como academia de baile y boliche clandestino con barra de tragos y música. Durante la inspección, la Policía halló carteles con imágenes de Cristina Fernández de Kirchner, Luis D’Elía y propaganda política del partido MILES.

Infobae reconstruyó escena bizarras que fueron protagonizadas por los “okupas” en un primer intento de desalojo ocurrido en 2018. La escena ocurrió pocos días antes del 11 de abril de 2018. Los testigos no recuerdan la fecha exacta. Sí que fue unos días antes de que Javier Alejandro Buján, Rector Organizador del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” firmara el documento dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, en la que certifica la “Entrega Pacífica” del edificio ubicado entre las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en el corazón del barrio porteño de Balvanera, frente a la estación Plaza Miserere.

El inmueble estaba ocupado “por familias de varias organizaciones sociales, de comunidades afro descendientes, migrantes, nigerianos”. Lo impactante de la escena, a la que describen como “bizarra”, fue que a medida que niños y madres abandonaban su hogar clandestino “un hombre se agachó y de una caja de cartón sacó y se colgó del cuello, una boa constrictora, y así se fue a la calle junto con varios perros y gatos”. Ocurrió en el segundo piso del inmueble con entradas sobre Rivadavia 2749/89, y Pueyrredón 19. El lugar pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en el organigrama está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

res meses antes de la aparición de la serpiente, que aún eriza la piel de quienes relatan la anécdota que parece extraída de un libro de Gabriel García Márquez, el gobierno de Mauricio Macri, exactamente el 19 de enero, a través de Garavano y de la AABE, firmaba una “cesión precaria y gratuita” a instituto de estudios vinculado que había fundado la titular de Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La casa de altos estudios que conducía el actual presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján no tenía sede, se realizó un convenio para que utilizaran los dos primeros pisos del inmueble que, a mediados del siglo pasado, fue el Hotel Marcone.

El primer piso ya estaba ocupado. En 2005 el presidente Néstor Kirchner se lo cedió, de forma precaria, al piquetero Edgardo Depetri, líder del Frente Transversal Nacional y Popular.

En el mismo acto en que se concede el uso de las instalaciones al instituto educativo, se toman varias decisiones. A través del expediente “EX-2017-14342889-APN-DMEYD#AABE”, la Agencia de Administración de Bienes del Estado revocó el permiso de uso precario y gratuito para el tercer piso otorgado el 20 de julio de 2005 a la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas Del Atlántico Sur”.

También “el permiso de uso precario” del segundo piso que el 8 de agosto de 2012 el gobierno de Cristina Fernández le otorgó a otro dirigente piquetero amigo, Luis D’Elía, referente de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, y titular del partido MILES.

Buján, así está escrito en la abundante documentación que recopiló Infobae debía encargarse de “desalojar” a los intrusos del lugar. Lo consiguió con todos salvo con la familia que se había apropiado de manera ilegal el tercer piso. El uruguayo José Moisés Vázquez Burgueño vivía con una hija y su mujer, Alicia Esther Álvarez desde 2010.

A pesar de las remodelaciones realizadas en 2018, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” se mudó en 2021 a otras sedes en San Telmo y Caballito, dejando el edificio de Pueyrredón 19 en estado de abandono. Desde entonces, el Ministerio de Justicia no promovió el desalojo, lo que permitió que el tercer piso quedara en manos de los Vázquez y que el segundo se llenara de oficinas y organizaciones no registradas.

Según el vicerrector del Instituto, Gustavo Pons, la sede original fue descartada porque el edificio estaba en “estado ruinoso”, sin ascensor ni habilitación para funcionar como universidad. “No tenía condiciones para ser sede de un Instituto Universitario”, explicó.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tomó cartas en el asunto y presentó una denuncia por “usurpación y malversación de bienes públicos”, impulsando el desalojo inmediato del inmueble. “En lugar de estudiantes y aulas, encontramos una bailanta con luces, parlantes, alcohol y comida”, afirmó en redes sociales y declaró: “Se acabó la joda”.

Infobae dialogó breves minutos con Vázquez Burgueño. “Yo tengo todo arreglado con la gente de la ABBE de palabra. No tengo papeles. Hace 20 años que vivo con mi familia. Es verdad, la policía allanó mi casa. Las gallinas son mías. ¿Acá un boliche? No. Mire, se organiza algún que otro cumpleaños. Una vez los inspectores de la Ciudad nos clausuraron porque organizamos un cumpleaños. Boliche no. Lo que mostró el ministro Cúneo Libarona por la televisión es gente que enseña baile. Acá, en el tercer piso, nunca estuvo el instituto Madres de Plaza de Mayo. ¿El salón de actos? Bueno, sí, Buján lo usa unas pocas veces. Sí, es el mismo lugar dónde se enseña baile boliviano. ¿Si cobro alquiler? A usted que le importa. Vaya tranquilo nomás ya le dije lo que quería saber. Yo tengo arreglado todo de palabra. Vaya, vaya”.

-¿Una última pregunta?

-Dele.

-¿Cómo llegó usted a este lugar, digo, a usurparlo?

-Yo no usurpe nada. Mire, le cuento. Hace como 20 años, yo estaba con Luis D’ Elía en el partido político de él…

-¿MILES?

-Ese y el FTV. Tuve un problema, me quedé sin vivienda y cómo en el tercero estaba la gente de la organización de Malvinas, y ellos decidieron que no iban a usar el espacio, me permitieron quedarme. Y me quedé.

La jueza Servini ordenó que el operativo de desalojo se lleve a cabo el 12 de febrero a las 9:00 horas, con intervención de la Dirección General de Atención Integral Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para garantizar asistencia a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se autorizó el uso de la fuerza pública si fuera necesario.

El caso reabre el debate sobre el control de los inmuebles del Estado y la responsabilidad de los funcionarios que permiten su uso irregular. En los próximos días, la justicia deberá determinar si existen responsabilidades penales en quienes permitieron la permanencia de la familia Vázquez y el desvío del inmueble de su propósito original.