![Luis Caputo (REUTERS)](https://www.infobae.com/resizer/v2/NA7XFLAGVCT4K6TAEJIRDINDCM.jpg?auth=aa19e6910c25de3585f2b937cb72aecbaa897957311879c517f87194fbd989f6&smart=true&width=350&height=233&quality=85)
La consigna sigue siendo la misma. En el gobierno nacional no piensan readecuar el monto de los sueldos que perciben los funcionarios públicos. Una fuente con acceso al despacho presidencial reafirmó este martes en Casa Rosada que las cuentas del Estado deben mantener un equilibrio y que quienes trabajan en puestos ejecutivos “deberán aguantar” un tiempo antes de recibir un aumento, a pesar de las grandes dispersiones que existen en el sector, ya que un senador nacional gana más que el Presidente, por ejemplo.
“Lo principal es sostener el déficit cero. No nos vamos a mover de ahí. Los sueldos van a seguir igual”, amplió la misma fuente. En 2024 ya hubo enojo de Javier Milei cuando Victoria Villarruel dispuso otorgarles un incremento a los senadores nacionales, que iban a percibir más de 9 millones de pesos como sueldo bruto. Por eso se dio marcha atrás con la medida a comienzos de este año. E incluso antes, en marzo, el Presidente había desplazado al entonces secretario de Trabajo, Omar Yasin, cuando trascendió que las remuneraciones de los principales funcionarios nacionales se había incrementado en un 48%.
El salario de Milei actualmente es de $4.066.018, el de la vicepresidente $3.764.820 y el de cada uno de los ministros que integran el Gabinete asciende a $3.584.006. Los senadores nacionales perciben $ 7.867.171 y les quedan en el bolsillo $ 5.431.297.
“He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, publicó Villarruel en redes sociales cuando anunció que no habría mejora salarial en la Cámara alta.
![El decreto con el que](https://www.infobae.com/resizer/v2/CYI55UJ33JCT7GAISJX62RHNRA.jpg?auth=08b4827d5fe941a8b998ba6928abe102b18c033dad331f5b0023dc0933f5ee91&smart=true&width=350&height=350&quality=85)
Atado a la paritaria de los empleados legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, autorizó el 6,13% en el último trimestre del año pasado y un legislador cobra casi 4 millones de pesos mensualmente: $ 3.956.129,16.
Por supuesto que el reclamo ahora no es exclusivo de los funcionarios, sino que también abarca a las fuerzas de seguridad. Este lunes trascendió a través de un video el pedido de un padre de un integrante de Gendarmería Nacional que se quejaba de los bajos ingresos de su hijo durante la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Aguas Blancas, Salta. En ese diálogo explicaba: “Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5%. Gana 25 mil pesos por día”.
La ministra replicó: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno hizo un esfuerzo con el 5%, más el uno y medio más el uno es el 7,89%, nadie está recibiendo ese aumento. Hicimos un esfuerzo para todos ustedes, entiéndalo”.
En el Gobierno sostienen que estos atrasos “son una herencia que viene desde hace mucho”. Y admiten que será difícil mejorarlos en el corto plazo. Hace pocos días todas las Fuerzas recibieron un 5% de aumento que regirá desde marzo, un número bastante superior al que recibirá el resto de los empleados públicos solamente por el primer bimestre e incluye a policías, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y otras fuerzas de Seguridad.
Fue después de que se conociera, principalmente a través de mensajes en las redes sociales, el descontento de familiares del personal de seguridad, que pensaban efectuar una protesta si no aparecían soluciones.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) acordó con el Gobierno un 1,5% para enero y un 1,2% para febrero. La propuesta la rechazó el gremio estatal más combativo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lo consideró insuficiente.
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