La Justicia tiene elementos suficientes para probar en un juicio oral que una parte de los fondos millonarios que el Estado le entregó al Polo Obrero durante los últimos cuatro años se desvió para actividades políticas. En su dictamen, de más de 200 páginas, el fiscal Gerardo Pollicita destacó algunas de esas maniobras. Todas las miradas apuntan a la imprenta “Ediciones e Impresiones Rumbos”, que aportó 179 facturas para desviar más de 31 millones de pesos.
El socio gerente de “Rumbos”, Roberto Albornoz, fue aportante de al menos dos campañas del Partido Obrero. Según informó la Cámara Electoral, el 31 de diciembre de 2020 entregó $480.000 y un año más tarde hizo un aporte de $1.100.000, equivalente a unos 10 mil dólares de ese momento.
Esa imprenta estuvo en el radar de los investigadores desde el comienzo porque fue el mayor proveedor de facturas para desviar los fondos del Plan Trabajar. En la causa hay 179 facturas por servicios presuntamente prestados a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. En realidad, la imprenta era una pantalla para desviar fondos. La Justicia contabilizó facturas por $31.475.027.
Pero a su vez, esa imprenta tuvo un rol central en las campañas electorales. Según se desprende del dictamen de Pollicita, fue contratada por el Partido Obrero para los rubros de “gastos de impresión de boletas” y “gastos de publicidad” por un total de $18.936.455. Los datos fueron aportados por la Cámara Electoral.
El allanamiento en la sede de “Rumbos” generó más sospechas. “No fue posible constatar su actividad real ya que se allanó su sede fiscal y su domicilio alternativo sin que pudiera detectarse la compañía en ninguno de ellos: el primero se trataba de una vivienda particular de un matrimonio mayor y el segundo era la sede del Partido Obrero”, expuso el fiscal.
El dictamen de Pollicita tiene un anexo con un detalle de todas las facturas truchas analizadas. En total son 188 porque aparecen otras empresas y algunos particulares. Al momento de procesar a los dirigentes del PO, el juez Sebastián Casanello también mencionó a Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y a Carlos Monfrini, inscrito ante la AFIP como productor de espectáculos teatrales y musicales. “Simularon la entrega de productos a través de la emisión de facturación apócrifa, permitiendo a los administradores destinar ese dinero a una finalidad - privada- distinta a la contractualmente prevista -pública-”, sostuvo el juez a fines de julio.
La imprenta Coxtex SA aportó dos facturas. En realidad era una usina que fue detectada por la AFIP en 2022. Pese a las advertencias, nadie hizo nada.
Había sido creada en 2020 por María Soledad Vega, una mujer de escasos recursos, y Luis Alexander Pichuaga, un misterioso “canadiense” que vivía en un humilde PH de Floresta.
Cuando la Justicia allanó sus domicilios y secuestró sus teléfonos, confirmó que habían sido usados por otras personas. “Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no puede ser ubicada. Vinieron a casa”, le avisó a Vega una mujer identificada como Gabriela Anahí Rivero el 24 de octubre de 2022.
El desvío en actividades políticas
Ayer, el fiscal Pollicita pidió que el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean enviadas a juicio oral y público por extorsionar a beneficiarios del plan Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Tras una maniobra de simulación, parte de ese dinero terminaba en la política. “Al menos una parte de los fondos obtenidos ilícitamente fueron aplicados en beneficio particular, tanto en provecho propio de sí mismos —a través del pago de gastos personales de tarjetas de crédito, nafta, viáticos, sueldos, etc.—, como en el financiamiento de su actividad político-partidaria —aportes y gastos de campaña, publicidad digital, impresión de boletas y/o folletos, etc”, expuso el fiscal.
El dinero salía a través de cheques o transferencias bancarias. Un caso particular es el de Makosen SRL. “A través de esa firma se contrató el servicio de publicidad digital en favor del Partido Obrero, así como la realización de aportes y gastos —de impresión de boletas y de publicidad electoral— a esta última estructura partidaria, ya sea a título personal como mediante la empresa mencionada”, explicó el fiscal.
Los pagos se triangulaban, en su mayoría, a través de la imprenta “Rumbos”. Esa firma le transfirió a Makosen SRL casi 30 millones de pesos entre 2020 y 2024: $10.525.000 a través del Banco BBVA y $19.229.296,75 a través del Banco Credicoop.
En su sitio web, Makosen admite que el PO era uno de sus clientes frecuentes. Hay otro dato que aparece en el dictamen de Pollicita. “Rumbos”, según una publicación del sitio Chequeado, es una de las empresas que “más gastaron en propaganda electoral en Google”, habiendo efectuado un desembolso de $765.000 por publicar 199 avisos destinados a “promocionar la figura del legislador porteño Gabriel Solano.
En 2021, Solano renovó su banca en la Legislatura porteña y dos años después fue precandidato a presidente en la fórmula del MST pero perdió contra la fórmula Miriam Bregman y Nicolás Del Caño.
La investigación judicial también apuntó a otra imprenta, Ediciones e Impresiones Panorama SRL. Detrás de esa firma estaban González Roisler y Gustavo Spektor. El primero fue empleado de la Cámara de Diputados, como asesor del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y un asiduo aportante a la campañas políticas del Partido del Obrero.
De acuerdo al balance de 2018 de esa fuerza publicado en el sitio web de la Cámara Electoral, González Roisler comenzó ese año con una donación de $7000 en efectivo. Al año siguiente, el aporte ascendió a $50.000. En 2020, hizo tres transferencias de $5000, $20.000 y $55.000. Y en 2021 sumó dos transferencias por $5000 y $6000, solo en el distrito de Capital Federal.
Los aportes de González Roisler se registran en varias provincias y en diversas elecciones. En el último balance correspondiente a la provincia de Buenos Aires, aparecen dos transferencias de $75.000 y $7000.
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