Una campaña reivindica el Operativo Independencia: réplica de un gobierno constitucional al desafío de la guerrilla en Tucumán

Se presentan como “patriotas del Movimiento Nacional” y lanzaron una campaña de afiches y un video de reivindicación del Operativo Independencia, iniciado hace 50 años, el 5 de febrero de 1975 “por orden de la presidente María Estela Martínez de Perón, contra el intento secesionista de la subversión apátrida”.

En un comunicado recuerdan que en aquel entonces en el país “se vivía un clima de extrema violencia por parte de organizaciones guerrilleras” y que “fue en ese contexto que Isabel Perón firma el decreto 261/75 facultando al ejército para ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en al provincia de Tucumán”.

También recuerdan que “el ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista] formó la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, con un planteo foquista: bajar desde el monte tucumano hacia la ciudad y ahí tomar el control de toda la provincia, reclamar el reconocimiento internacional, para luego avanzar sobre el resto del país”.

En las últimas dos décadas se ha instalado un relato sobre esa etapa de la historia argentina que ha sacrificado buena parte de la verdad en aras del revanchismo, instalando una reivindicación acrítica de los movimientos armados de los años 70, que antes que resistir a la dictadura, desarrollaron lo principal de su accionar más violento en plena democracia.

Una romantización del accionar y los fines de la lucha armada lleva prácticamente a creer que formar una organización guerrillera y desafiar a un poder democrático y legal era un derecho ciudadano que no debía ser reprimido.

Se deslegitima de esta manera el derecho del Estado, ocupado en aquel momento por un gobierno democráticamente electo, de defenderse y reprimir una insurgencia.

Entrevistado en 1995, Italo Argentino Luder, que en su condición de titular del Senado ocupó la presidencia entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975 -durante una licencia de Isabel Perón- señaló que, en 1975, “todos los gobernadores y los servicios de inteligencia del Estado señalaban que las fuerzas policiales estaban rebasadas, que no eran suficientes, que no tenían elementos, ni a veces estado físico, ni preparación, para una lucha de esa naturaleza”.

De hecho, recordó que fue él mismo quien dictó el decreto que extendía a todo el país “la orden de que las fuerzas armadas combatieran a la subversión”.

Otro detalle interesante que señala es que “muchos legisladores de la oposición reclamaban medidas más enérgicas contra la subversión, y tenían razón porque las fuerzas policiales estaban rebasadas”.

La mirada deformada de estos años ha sepultado en el olvido el escasísimo arraigo popular que tenían las organizaciones guerrilleras que hablaban en nombre de un pueblo que no las reconocía en absoluto como referentes.

El ERP, brazo armado del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se proponía desde el comienzo abrir un foco insurgente en Tucumán, provincia cuya situación geográfica les evocaba una suerte de Sierra Maestra, escenario de la Revolución Cubana, o una selva vietnamita, dos de los procesos que inspiraban sus proyectos de toma del poder en la Argentina.

Y no se puede entender esto sin el impulso que recibían desde afuera en el contexto de la Guerra Fría, durante la cual las dos potencias en pugna se hacían la guerra en sus respectivos patios traseros a través de otros actores.

En 1970, el ERP planeaba una “primera etapa”, en la que “la lucha armada se reducirá a Tucumán, pero posteriormente se irá extendiendo por todo el Norte hasta llegar a enlazar geográficamente áreas cercanas a regiones urbanas como Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, etc”. Desde 1972, iniciaron tareas de reconocimiento de la zona con el fin de instalar una unidad de monte y abrir un frente rural para iniciar las acciones de una guerra de guerrillas.

Para el ERP, el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina y su triunfo rotundo en las elecciones no tenían la menor importancia ni modificaba sus planes, por lo que ya en 1973 empezaron sus operaciones armadas.

Luis Mattini, que perteneció a la conducción del PRT, le dijo a Felipe Pigna: “Nosotros no queríamos un régimen de democracia liberal en la Argentina. Nos proponíamos un Estado socialista, y estábamos convencidos de que un Estado socialista solo podía ser conquistado por la fuerza de las armas”.

La misma convicción tenían los Montoneros, que se decían peronistas pero le declararon la guerra al gobierno de Perón.

Entre fines del 73 y comienzos del 74 el ERP continúa con el entrenamiento de sus militantes, el reconocimiento de la zona y la instalación de los primeros campamentos guerrilleros en el monte tucumano. El 5 de mayo de 1974, la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP toma la localidad tucumana de Acheral, copa la comisaría, la estación de tren y la telefónica.

El objetivo era llegar a constituir una “zona liberada”, al estilo de otras experiencias guerrilleras de otros países, para instalar allí a la conducción del PRT y del ERP y reclamar el reconocimiento internacional como “territorio independiente liberado”. En concreto, un desafío a la soberanía y a la integridad territorial de la Argentina.

El 11 de agosto de 1974, intentan copar el Regimiento de Infantería 17 en Catamarca, sin lograrlo, En esa acción mueren 16 guerrilleros. Poco después toman la localidad de Santa Lucía y fusilan en la plaza a dos policías, supuestamente culpables de la muerte de Ramón Rosa Jiménez, uno de sus jefes caídos y en cuyo honor habían bautizado al comando.

También hacen incursiones en la capital tucumana. El 1° de diciembre de 1974, asesinan al capitán Humberto Viola y a su hija. En agosto del 74 habían atacado la Fábrica Militar de Villa María, llevándose armas y secuestrando al subdirector, teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, a quien luego asesinarían.

Vale recordar que ya en abril de 1974, estando todavía Juan Perón en la presidencia, éste había firmado un decreto secreto -desclasificado recientemente- en el que afirmaba: “El Estado argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista”.

En ese decreto, Perón daba una serie de instrucciones a su gabinete para enfrentar una amenaza que consideraba muy grave. El objetivo: “Eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”.

Por el decreto de María Estela Martínez de Perón se inició el operativo que desplegó unos mil quinientos soldados. En Famaillá se instaló el Comando Táctico del general Adel Edgardo Vilas, que conducía el Operativo (la localidad está a 35 km de la capital tucumana y a 10 km de los cerros donde se encontraba la guerrilla). Desde allí se lanzaban las acciones de contrainsurgencia, que buscaban aislar a la guerrilla para dificultar su abastecimiento.

Isabel Perón visitó Tucumán en mayo como muestra del apoyo político al operativo.

Se calcula que la Compañía de Monte del ERP en Tucumán contaba con un número de 300 integrantes -muchos de ellos entrenados en Cuba- o 600 si se incluía a las personas que brindaban apoyo logístico desde pueblos y ciudades.

El 28 de mayo tuvo lugar el combate de Manchalá, el más importante de todo el operativo, que duró una 4 horas. La guerrilla fue derrotada en su intento de atacar el comando de Famaillá.

El 28 de agosto, en una operación de apoyo al ERP, Montoneros colocó una bomba de 150 kg en la pista del Aeropuerto Matienzo, en el momento del despegue de un C-130 que transportaba a efectivos de la Gendarmería Nacional, causando seis muertes y dejando otros 29 heridos.

En octubre, tras la caída de su principal campamento, el ERP decide poner fin a la guerrilla rural, y ordena la dispersión de los sobrevivientes que deben volver a la guerrilla urbana.

El Operativo Independencia había logrado en pocos meses neutralizar en buena medida el accionar del ERP.

Las bajas en el Ejército fueron algo más de 50 y en la guerrilla, unas 160.

Vale recordar que la Argentina ya se encontraba por aquel entonces rodeada de gobiernos dictatoriales en países vecinos, a la vez que crecía internamente la amenaza de una interrupción democrática, que buscaba su justificación, entre otras cosas, en el accionar de la subversión.

Luder también recordó que en 1975 “había una subversión instalada, con alto nivel operativo y un importante apoyo logístico”. Sin embargo, consideró que “las Fuerzas Armadas cometieron un grave error al tomar el poder, porque asumieron la total responsabilidad de la lucha antisubversiva” y “al no existir ningún organismo de control”, como podía haberlo sido el Congreso, “tuvieron la suma del poder y se inclinaron por una lucha al margen de la ley”.

En el comunicado de quienes reivindican a Isabel Perón y su decisión de combatir a la guerrilla, se evoca los ataques a cuarteles protagonizados por esa guerrilla (el ERP) y por los Montoneros (Azul en enero de 1974 y Formosa en octubre de 1975, respectivamente), además del intento de copamiento del batallón de arsenales Domingo Viejobueno en Monte Chingolo en vísperas de la Navidad de 1974, entre otros desafíos “a un gobierno democrático, elegido por el 63% de los votos”. Esos “ataques guerrilleros durante el gobierno constitucional buscaron debilitarlo y abrieron el camino para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976″, agregan.

También recuerdan a Atilio Santillán, secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar, “asesinado por el ERP el 22 de marzo de 1976, por haber respaldado el Operativo Independencia junto con la CGT, el PJ y la totalidad de los partidos políticos de aquel entonces”.

Este hecho evidencia dos cosas: primero, el generalizado método de la guerrilla de eliminar físicamente a sus adversarios políticos, en este caso, a un referente sindical; segundo, el casi inexistente respaldo político con que contaban las organizaciones armadas.

Estos gestos de reivindicación de las decisiones del gobierno constitucional de entonces ante el desafío de la guerrilla puede ser ocasión para poner fin a un relato parcial y sesgado de lo sucedido. Por mucho que se hable de Memoria, con mayúscula, el paso del tiempo, ha traído, al amparo de la conveniencia política, un olvido selectivo y una tremenda simplificación de los hechos que rodearon el gobierno de Isabel Perón y su derrocamiento.

La pegatina de afiches en las calles de Buenos Aires y de Tucumán evocando su figura recuerdan a otra, que se produjo en enero de 2007, por iniciativa sindical, con la frase “No jodan con Perón”. Fue un parate al intento del gobierno de Néstor Kirchner de implicar a Isabel Perón en los juicios reabiertos contra los militares.

En el fondo, esa maniobra confirmaba la colusión que se dio en 1976 entre guerrilleros y golpistas: todos buscaban profundizar el caos y ninguno defendía la institucionalidad ni la democracia por la cual muchos hoy se rasgan las vestiduras.

Los militares concentraron todo el poder ayudados por el accionar delirante de jefes guerrilleros para los cuales “cuanto peor, mejor”, porque la presencia de un gobierno constitucional “confundía” a las masas y frenaba su necesaria radicalización.

El Operativo Independencia había sido exitoso, gozaba de la legitimidad que le confería el haber sido ordenado por una Presidente constitucional en defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial.

En ese momento, la dirigencia argentina debió haber cerrado filas en torno al gobierno constitucional, pero prefirió especular con que los militares tomarían el poder para entregárselos a ellos, y se des-solidarizaron de la suerte de la gestión.

Quienes buscan establecer una línea de continuidad entre aquel Operativo y el Proceso, olvidan que una de las razones para dar el golpe fue la cercanía de las elecciones y la certeza de muchos de que el peronismo volvería a imponerse.

Hace unos años, cuando empezaron a reabrirse los juicios a los militares, la hija de uno de ellos dijo: “Hubo un solo demonio: la violencia”. Tenía razón. Hubo un solo demonio, pero con dos cabezas, porque el desafío de unos al poder legítimo fue la mejor excusa a la réplica desmedida de los otros.

Este 50 aniversario del Operativo Independencia debería ser la ocasión para una reflexión más honesta acerca de esa etapa de nuestra historia y de los motivos que llevaron al desencuentro y a la tragedia. Seria el mejor homenaje a todas las víctimas de la violencia que asoló al país.