Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, se reunió este martes con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. El motivo que impulsó el cónclave fue el de solicitarle una mayor cantidad de fiscales federales en su provincia, debido a que el recrudecimiento en la lucha contra el narcotráfico, tanto a nivel local como nacional, ha hecho que se incrementen los casos, los procedimientos y las audiencias en un territorio que tiene tres fronteras internacionales.
“En Buenos Aires, me reuní con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien solicité la designación de más fiscales federales en nuestra provincia”, informó el mandatario provincial en sus redes sociales, donde agregó una foto del encuentro.
Y justificó el reclamo: “La implementación del sistema acusatorio en Salta, junto con el Plan Güemes, ha incrementado significativamente la cantidad de casos, procedimientos y audiencias. Nuestra ubicación estratégica, con tres fronteras internacionales, nos enfrenta a desafíos como el narcotráfico, la trata de personas y los delitos económicos”.
“Más operativos policiales significan más investigaciones y audiencias, lo que genera la necesidad de la designación de más fiscales para afrontar estos casos con mayor celeridad y poder brindarle a nuestra gente respuestas rápidas a las cuestiones de inseguridad”, concluyó Sáenz.
Desde la provincia, además, se recordó que, en paralelo, la diputada nacional Pamela Calletti, de Innovación Federal, está trabajando en un proyecto de ley que se presentará en el Congreso Nacional. El mismo está orientado al fortalecimiento de la Justicia Federal salteña.
En los próximos días, la legisladora se reunirá con el coordinador de los fiscales en Salta.“Estas acciones van encadenadas al Plan Güemes. No se trata solo de una cerca de 200 metros, estamos frente a un plan integral de lucha contra el narcotráfico”, resaltó la legisladora.
La polémica con Bolivia por la construcción de un cerco en la frontera
Esta solicitud llega tras más de una semana de polémica con Bolivia por la intención de construir un cerco perimetral en la frontera con el mencionado país vecino, que se extenderá desde la terminal de ómnibus hasta los puestos de control del puerto de chalanas, en Aguas Blancas. La estructura tendrá una altura de 2,5 metros, una longitud de 200 metros y contará con “dos o tres” puertas distribuidas a lo largo de su extensión. La medida tiene como objetivo garantizar que todas las personas que ingresen o egresen del país cumplan con los trámites migratorios correspondientes.
Ante las quejas bolivianas por la posible medida, Sáenz respondió: “Acá no hay una cuestión política, sino un claro objetivo, que es combatir el narcotráfico”.
Aún más lejos fue Adrián Zigarán, interventor del municipio salteño de Aguas Blancas, quien decidió escalar en el cruce entre los gobiernos de ambos países: “Nos llenan de toneladas de cocaína todos los días y, por más que dialogues o no, no hacen nada”, lanzó el funcionario.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, por su parte explicó que Zigarán, jefe municipal de la ciudad lindera con la localidad boliviana de Bermejo, “está lanzando una licitación que se decidió en esa mesa (del Plan Güemes) para impedir el paso por caminos alternativos” y fomentar que los que cruzan “tengan que pasar por el paso legal”.
Desde que se puso en marcha el Plan Güemes en la provincia de Salta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a realizar tareas de patrullaje, por primera vez, en las aguas del Bermejo, que separa ambos territorios. Hasta ahora, el afluente era controlado exclusivamente por las fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia.
En el último tiempo se había convertido en una de las rutas utilizadas por el narcotráfico. “Es un paso fronterizo en el que permanentemente había total y absoluto descontrol y en el último tiempo se había asentado el crimen organizado, se habían asentado bandas, hubo muertes”, detalló la funcionaria, al tiempo que sostuvo que Orán y Aguas Blancas son “el punto más álgido de entrada de cocaína del país”.
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