El Gobierno nacional rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex vicepresidente Amado Boudou, en el que reclamaban seguir cobrando sus jubilaciones de privilegio por haber ocupado cargos públicos.
El Ministerio de Capital Humano informó mediante dos comunicados que la cartera, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), desestimó los planteos realizados por Kirchner y Boudou contra la resolución del organismo que dio de baja sus asignaciones mensuales vitalicias. En el caso de la ex presidenta, recibía dos haberes en simultáneo: por su función pública a cargo del Ejecutivo nacional y la pensión por su ex esposo, Néstor Kirchner.
En línea con lo informado, Capital Humano ratificó que la decisión es consecuencia de que la ex presidenta “cuente con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública”. El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal había confirmado el fallo del Tribunal Oral que condenaba a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
El documento publicado este lunes, en la red social X, rechazó los argumentos presentados por la ex mandataria contra la ANSES —los cuales cuestionaban las facultades del organismo para avanzar en la eliminación de la jubilación—, y sostuvo que la Administración está habilitada para “suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima”.
Por tal razón, justificaron la medida explicando que “cuando un exmandatario es condenado por delitos que atentan contra el interés público, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por delitos contra la administración pública cometidos en ocasión del ejercicio de su función, se pierde el presupuesto honorífico y de mérito que tales asignaciones exigen para su goce”.
Días después de haber escuchado la sentencia en su contra, la titular del PJ nacional presentó un recurso administrativo de nulidad frente al titular de la Administración, Mariano de Los Heros, para volver a cobrar las asignaciones mensuales. En ese contexto, aseguró que se trataba de una violación a los “derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, acusó al Ejecutivo de llevar a cabo “un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo".
Por último, el texto destaca que dicha resolución “marca un hito en la interpretación restrictiva del otorgamiento y disfrute de estos privilegios otorgados a exmandatarios y sus vicepresidentes, estableciendo que su percepción está sujeta, no solo al ejercicio del cargo, sino también a una decorosa y honrosa conducta, mantenida durante el cumplimiento del mismo”.
Sobre Boudou, recordaron que “tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.
Además, señalaron el organismo se encargará de solicitar la devolución de lo que indebidamente percibió. “La Dirección Ejecutiva de ANSES ordenó llevar adelante las acciones judiciales tendientes a recuperar los fondos que el ex vicepresidente percibió indebidamente, luego de que fuera condenado penalmente”.
El texto sostiene que tal decisión se basa en la condena que pesa sobre Boudou y sobre las características del beneficio que percibía hasta hace un tiempo atrás, dado que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, esta “no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”. En este sentido, remarcaron que “no cumple con el único requisito exigido para conceder el privilegio: honorabilidad, mérito y buen desempeño“.
La decisión publicada este lunes tiene sus antecedentes en noviembre del 2024, cuando el presidente Javier Milei ordenó dar de baja la asignación especial y la pensión que cobraba Cristina Fernández como viuda de Néstor Kirchner. En ese entonces, el Gobierno también señaló que revisaría otras jubilaciones de privilegio para determinar su legalidad. Poco después, avanzaría con la eliminación de la correspondiente a Amado Boudou.
En su presentación ante la ANSES, argumentó que el organismo no tenían competencia para tomar dicha decisión y que se trataba de “un acto arbitrario, que vulnera el principio de defensa, y viola la división de poderes”.
La condena contra el ex ministro de Economía, había sido ratificada en diciembre de 2020, a 5 años y 10 meses de prisión que había dictado un tribunal oral en 2018, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos que había presentado en el caso Ciccone. Fue condenado por cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.
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