Alberto Fernández recusó a Ercolini en la causa Seguros y aportó chats entre ellos: “Me detesta y me quiere preso”

“No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”. Después de varios meses de silencio, Alberto Fernández expuso este mediodía en una audiencia ante el camarista Roberto Boico y pidió que el juez Julián Ercolini sea apartado de la causa seguros. La audiencia, a la que asistió Infobae, duró más de una hora y tuvo lugar en el segundo pido de Comodoro Py. En el final, el ex presidente pidió la palabra y reclamó que Ercolini sea apartado del expediente.

“Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”, lanzó Fernández.

Su abogada, Mariana Barbitta, también expuso en la audiencia y aportó seis páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Son mensajes de WhatsApp de octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los chats son del 3, 5, y 9 de octubre de 2017 y dos días de 2018: 9 y 16 de marzo. “Tuvimos que ir a buscar los mensajes en otros dispositivos porque el WhatsApp le dejó de funcionar a los 120 días”, se quejó la abogada. Ocurre que el teléfono de Fernández fue secuestrado a comienzos de agosto en el marco de la causa por violencia de género.

En la primera conversación, del 3 de octubre de 2027, Fernández y Ercolini acuerdan una charla en persona. El juez propone su despacho como lugar de enecuentro, pero el ex presidente lo invita a su departamento en Puerto Madero. “Están todos los periodistas en el pasillo Para no andar explicando. Te parece?”, le responde.

El 5 de octubre vuelven a escribirse para acordar la supuesta reunión. Finalmente, deciden verse el 9 en la planta baja del Sheraton Tower, a dos cuadras de Comodoro Py.

Alberto Fernández ingresó a Comodoro Py pasadas las 13 para participar de la audiencia clave para el futuro de la causa Seguros, que lo tiene entre los principales imputados. El juez Boico había citado a la defensa del ex jefe de Estado, a cargo de Barbitta, para que exponga los motivos por los cuales sigue reclamando la recusación del juez Ercolini.

En ese expediente, Alberto Fernández fue indagado el 27 de noviembre. Fue el primero de una lista de 39 personas que incluyen al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero. Unos días después, la defensa del ex presidente activó una estrategia para intentar apartar a Ercolini. El 4 de diciembre, el juez rechazó in limine el primer planteo de recusación. Desde entonces, el caso está en la Sala II.

Tras una serie de idas y vueltas, el juez Roberto Boico citó a una audiencia para el 23 de diciembre, pero se terminó prorrogando para este lunes porque la abogada de Fernández estaba fuera del país.

La audiencia comenzó a las 13:16 y se realizó en una pequeña sala del segundo piso de Tribunales. De un lado del escritorio se sentaron Boico y su secretario. Del otro, Fernández y su defensora.

Barbita expuso durante más de media hora los argumentos jurídicos para pedir la recusación y le dejó el final para el ex presidente.

La exposición de Fernández duró cerca de 20 minutos. Su tono de voz fue aumentando. Comenzó a quejándose de supuestas irregularidades en el desarrollo de la investigación. “Secuestraron el teléfono de todos los acusados menos a mí. Nunca lo peritó y no me lo devolvió”, fue uno de los reclamos sobre la actuación del juez.

Fernández relató detalles de su relación personal con Ercolini y se arrogó una supuesta intervención ante el entonces presidente Néstor Kirchner para su designación como juez federal. En ese momento, Fernández era jefe de Gabinete.

Este recriminación no es nueva: ya había aparecido el día de la indagatoria.

El vínculo con Ercolini, según Fernández, “se fue deteriorando” por el avance de las causas contra Cristina Kirchner. No dio detalles. Solo repitió que el procesamiento contra la ex presidente por la causa Vialidad fue “un hecho insólito”.

En el expediente de los seguros, Fernández fue a la indagatoria y no contestó las preguntas del juez Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. Esa actitud cayó muy mal en Comodoro Py. Solo presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, la base de la acusación en su contra. Sostuvo que esa norma -que le entregó el monopolio a Nación Seguros- terminó con la “cartelización”, aunque destacó que no la impulsó él.

El ex presidente también intentó desligarse de su (¿ex?) amigo Martínez Sosa, el empresario que lo visitaba en la quinta de Olivos. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.

Durante diciembre, el juzgado le tomó indagatoria a todos los acusados. La ronda se cerró con Santiago Fraschina, un economista camporista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y mandó una nota a Nación Seguros, en marzo de 2023, para redistribuir los porcentajes que le correspondían a los brokers por la póliza de la ANSES.

Las defensas esperaban una definición el lunes 30, último día hábil de 2024, pero al final un trámite formal, imprevisto, postergó todo para febrero. “La indagatoria de Carlos Soria (uno de ex directores de Nación Seguros) iba a terminar el 27 de diciembre pero estaba en España y las autoridades de ese país avisaron que no trabajan por las Fiestas”, explicó una fuente judicial.

La segunda parte de la indagatoria está prevista para este miércoles 5. A partir de ese momento, si no hay sorpresas, comenzará a correr el plazo legal para el juez defina la situación procesal de todos los imputados.

Todo dependerá del resultado de la audiencia de este lunes.

Al margen de la recusación, varias defensas actuaron de manera coordinada para tratar de anular el testimonio de un abogado que intervino al comienzo del expediente. Se trata de Emanuel Nagel, quien le entregó a la Policía Federal unas cajas con documentación durante el allanamiento a la empresa San Ignacio Seguros, protagonista de la póliza de la ANSES. Esas cajas estaban en poder del empresario Alfredo Del Corro. Esa misma noche, Nagel declaró ante la Policía y hasta aportó los chats personales.

Los abogados de Diego y Lucas Rosendi, Damián Gosso, Mariana Trupia, Lorena Trupia, Deborah Toloza, Hernán Bressi, Héctor Villaverde, Camilo Crotto, Marcela Baldini, Carlos Alberto Suárez, y hasta del propio Del Corro lograron que la Cámara Federal anule el testimonio de Nagel, pero la estrategia no alcanzó para voltear toda la investigación. Los camaristas resaltaron que otros elementos de prueba estaban antes de la declaración del abogado. Fue una victoria a medias.

Del Corro es observado con atención por varios motivos. El abogado Nagel lo vinculó con servicios en agencias de inteligencia del Estado. El empresario nunca habló del tema. Y pidió declarar por Zoom para esquivar a los periodistas en los pasillos de Comodoro Py. No alcanzó. En la audiencia virtual hasta tuvo que mostrar la foto de su DNI.

Ese empresario se conecta con otras personas y una red de cooperativas que habrían sido utilizadas para desviar millones de pesos. Hay decenas de pruebas.

La acusación central apunta a Fernández, algunos brokers, y varios funcionarios de Nación Seguros como Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. De esa manera, las designaciones por parte de los organismos públicos eran, en muchos casos, una pantalla.

Cuando lo llamó a indagatoria, Ercolini acusó a Fernández de tener el control de toda la maniobra, al margen del decreto 823/21: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.

Toda esa maniobra habría beneficiado a un puñado de empresas. Todas están alertas del futuro de la causa.