Tras el pedido del procurador Casal, la Ciudad reclamó que se cumpla el fallo de la Corte que le da mayor intervención a la justicia porteña

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamó hoy el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determina que las sentencias de la justicia nacional en el distrito deben ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. Lo hizo luego del pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, de que se suspenda esa decisión.

En un posteo en redes sociales, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Gabino Tapia, sostuvo que “los fallos están para cumplirse” y destacó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía del Poder Judicial porteño, según lo establecido en la Constitución Nacional. Tapia reafirmó la postura del gobierno local luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitara suspender la aplicación del fallo.

La decisión del máximo tribunal, conocida como “fallo Levinas”, establece que el TSJ de la Ciudad debe intervenir en las revisiones de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales con sede en Buenos Aires. La medida ha sido cuestionada por diversos sectores del sistema judicial, que advierten sobre sus posibles consecuencias en la organización del Poder Judicial y en la seguridad jurídica de los litigantes.

El reclamo de la Ciudad de Buenos Aires se enmarca en una disputa histórica por la autonomía plena del distrito en materia judicial, un proceso que ha avanzado con decisiones judiciales que fortalecen la posición del TSJ porteño como instancia de apelación en causas de la justicia nacional. La aplicación del fallo sigue en discusión, mientras continúa el debate entre los distintos actores judiciales y políticos involucrados.

Laura Alonso expresó en X: “La autonomía plena de la Ciudad debe seguir avanzando en todas las áreas. En la justicia, vamos a tener una justicia imparcial, rápida y ágil para todos los porteños”.

“Continuamos trabajando para que se realice el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad y tenemos un canal de diálogo abierto con el Gobierno nacional por este tema. Hasta que eso se concrete, el fuero laboral es una forma de asegurarle a los porteños que sus conflictos van a tener un abordaje local”, afirmó el ministro Tapia.

Ayer, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, en la que le solicitó que suspenda la aplicación de un fallo que el máximo tribunal dictó a fin de año en el que estableció que las causas nacionales pueden ser apeladas para su revisión al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

Casal planteó que el fallo Levinas tiene una serie de inconvenientes. Uno es que “dejará a este Ministerio Público Fiscal en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con menoscabo para los intereses por los que debe velar”.

El jefe de los fiscales explicó en su nota a Rosatti que la Procuración General de la Nación tiene competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales, por lo que no puede presentar apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. “Por lo que la actuación requerida por la nueva doctrina del Tribunal implica una actividad procesal para la cual las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley, y ésta no les confiere legitimación procesal para actuar ante el foro local”, explicó Casal.

La nota explica que tampoco puede intervenir la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires y sus fiscales porque se trata de una institución distinta. “Esa suerte de hipotética actuación mixta constituiría un obstáculo para el diseño de una política criminal coherente, pues la actuación de los fiscales nacionales conforme los criterios de actuación establecidos por este Despacho, podría verse frustrada de no ser estos compartidos por el ministerio público local que, como es obvio, habrá de regirse por los que le son propios”, planteó Casal.

Sobre esos puntos, el Procurador sostuvo que el fallo de la Corte Suprema no fijó un “criterio hermenéutico alguno para la adecuada solución de los problemas expuestos y que, reitero, importan un severo menoscabo para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de este Ministerio Público Fiscal”. Así, la resolución del máximo tribunal “exige un acto normativo adicional que resuelva o modifique, de modo legalmente eficaz, la inhabilidad para actuar ante los magistrados locales”.

“Por ello, y sin perjuicio del criterio de esta Procuración General acerca del fondo de la cuestión decidida en aquel pronunciamiento, me permito sugerir al Tribunal que, en ejercicio de sus atribuciones de superintendencia, suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda”, concluyó Casal en su nota.

El escrito se hizo en el último día de la feria judicial y en un mes que este tema generó muchas reuniones de jueces nacionales. El lunes volverá la actividad judicial con una Corte de tres jueces con Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Otro de los que se manifestó hoy en rechazo al pedido de Casal fue Martín Ocampo, procurador de la Ciudad de Buenos Aires, quien dijo que que la solicitud de su par de Nación no sólo carece de sustento jurídico válido, sino que ignora los principios esenciales del federalismo argentino y la autonomía de la Ciudad.

“El argumento del supuesto “perjuicio” para el Ministerio Público Fiscal por la transferencia de competencias jurisdiccionales a la Ciudad refleja una resistencia infundada a los mecanismos de adaptación institucional que exige el sistema federal. La pretensión de suspender esta adecuación estructural bajo el pretexto de inhabilidad procesal es, en realidad, un intento de perpetuar una situación que obstaculiza el avance hacia la autonomía plena de la Ciudad”, planteó.

“Resulta indudable que a la luz de los avances logrados la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires aún sigue sin poder efectivizarse, por lo que las autoridades políticas y judiciales deben ejecutar los máximos esfuerzos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reciente fallo de la Corte Suprema. Garantizar la autonomía de la Ciudad corresponde a los principios del federalismo”, agregó el también jefe del radicalismo porteño.