La carta de renuncia de Rodolfo Barra a la Procuración del Tesoro

El ahora ex procurador del Tesoro Nacional Rodolfo Barra presentó hoy una carta de renuncia al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de la decisión del Ejecutivo de desplazarlo del cargo. En la nota, el ahora exfuncionario expresa su agradecimiento al presidente Javier Milei por haberlo designado oportunamente en el cargo.

“Por la presente hago llegar a Ud. en su carácter de responsable del ejercicio de la administración general del país, mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha al cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, con el que fuera honrado por el Sr. Presidente de la Nación”, comienza la breve misiva de barra.

En la nota, Barra le pide a Francos que le haga llegar al presidente Milei sus “votos por el éxito del Gobierno en esta tan especial etapa en la historia de nuestro país”.

“Igualmente deseo señalar que ha sido para mí una gran experiencia y honor haber colaborado con su gestión”, finaliza la misiva.

El Gobierno decidió ayer desplazar, en una decisión que aceleró el propio Javier Milei desde el exterior, luego de que el ahora ex funcionario emitiera un dictamen en contra de la administración nacional en un juicio que una agente le inició al Estado en un caso de incentivos, y en medio de cuestionamientos por su ausencia del país y hasta de mantener un vínculo con otros funcionarios condenados por la cúpula libertaria. En su lugar buscarán ubicar al ex juez penal Ricardo Manuel Rojas.

Santiago Caputo se iba a reunir con el ex juez de la Corte Suprema del menemismo este lunes, para definir su futuro, una vez que Milei hubiera regresado del exterior -vuelve mañana-. Pero el jefe de Estado apuró el desplazamiento desde Suiza y la reunión con el -ahora- ex funcionario se canceló.

El argumento que brindaron en el Gobierno sobre la salida de Barra es el dictamen antes mencionado. Pero también el hecho de que pasara “casi el 40 por ciento del año fuera del país”, deslizaron. Además, señalaron que tenía escasa vinculación con el Presidente, y que sospechaban de sus supuestos vínculos con ex funcionarios muy cuestionados por Milei, Nicolás Posse (ex jefe de Gabinete) y Silvestre Sívori (ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia).

Para el lunes, en lugar de Barra, Milei y Caputo convocaron a su probable sucesor: el ex magistrado en lo criminal Rojas, autor del libro La Inflación como delito, que propone llevar a la cárcel a los políticos que emitan dinero y generen -o hayan generado- inflación. Milei había recomendado fervientemente ese trabajo publicado en 2021, el año pasado. “Este es el libro que todos los políticos chorros no querrían que leas, ya que te deja en claro la estafa de la que se trata el Banco Central y el robo vía la política monetaria. La defensa del BCRA es sinónimo de ser un delincuente”, había dicho el primer mandatario en su cuenta de X, además de mencionar el trabajo del ex magistrado en distintos medios.

Para entender el caso hay que remontarse a una obsesión que la Casa Rosada tuvo durante todo el 2024: los Registros del Automotor. Bajo la premisa de que eran cajas de la política y que, además, complicaban y encarecían los trámites, Milei ordenó el cierre de más de 136 agencias y su eliminación fue parte de la Ley Bases. Sin embargo, si bien se redujeron costos y hubo simplificaciones, aún no pudieron crear el Registro único, digital y remoto.

Los Registros del Automotor, desde hace décadas, trabajan asociados a un privado: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta entidad tenía contratados 2.500 empleados que brindaban servicios al Ministerio de Justicia y se encargaban de pagar los incentivos, un beneficio que se sumaba al sueldo de base. Gracias a estos extras, por ejemplo, un director de la cartera a cargo de Cúneo Libarona podía cobrar hasta el doble que un director de cualquier otro Ministerio.

El 31 de diciembre, el Ejecutivo dio de baja el convenio con ACARA y la mayor parte de los trabajadores fueron despedidos, mientras que algunos fueron contratados en la administración pública, no como planta permanente sino a través de un contrato, según dispone la Ley de Contrato de trabajo (LCT). El acuerdo fue respetarles el sueldo y dar de baja el incentivo, pero el salario cubriría entre el 80 y el 90% de lo que cada uno percibía cuando eran contratados por ACARA. Esto fue firmado por cada trabajador y convalidado ante el fuero laboral con un artículo que especificaba que, al aceptar las condiciones, no harían reclamos en el futuro.

Sin embargo, una agente, cuyas iniciales son A.T., hizo una presentación para pedir la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia de quitarle el incentivo. Al ser un juicio contra la administración pública, al iniciarse el proceso legal, el equipo de Cúneo Libarona le pidió a la Procuración del Tesoro -cuyo trabajo es ser el abogado del Estado- que se expida respecto de este caso que eventualmente llegará a la justicia laboral. Y aquí es donde, entiende el Gobierno, comienza la acumulación de fallas imperdonables de Rodolfo Barra.

El ex ministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y va en contra de los intereses del Gobierno. Su argumento fue que el incentivo que recibía A.T. tenía carácter remunerativo y, por lo tanto, era válido el planteo y podía exigir que se le reincorpore. Según el escrito, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no afectar la legalidad de su contratada. Si bien el dictamen no es vinculante, en la Casa Rosada le achacan a Barra haber dado pie al fuero laboral para fallar a favor de A.T.

Pero el malestar no termina ahí. Hay un detalle que no pasó desapercibido para Javier y Karina Milei, ambos al tanto de la situación. Rodolfo Barra no firmó el dictamen, sino que le pidió a su segundo, Marcos Serrano, que pusiera la firma. Cuando se comunicaron con el Procurador para reclamarle por el escrito, el funcionario se quiso despegar y responsabilizó a Serrano. El argumento generó bronca por dos motivos: una muestra cruda de deslealtad para con su propio equipo y una subestimación hacia sus interlocutores, que dan por sobreentendido que una resolución de este calibre tiene que estar sí o sí habilitada por la máxima autoridad de la Procuración.