Comenzó una decisiva negociación salarial con La Fraternidad para evitar un paro nacional de trenes

¿Se viene otro paro de trenes? La posibilidad se concretará en las próximas horas si fracasa la audiencia oficial de este lunes entre La Fraternidad, que agrupa a choferes de locomotoras, y autoridades de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) para intentar un acuerdo salarial, con los plazos vencidos de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo.

En el encuentro, que comenzará a las 11, se analizará nuevamente la propuesta de recomposición salarial propuesta por el sindicato liderado por Omar Maturano, que consiste en el pago de una canasta básica alimentaria equivalente al 10% del salario de los trabajadores, de alrededor de 153 mil pesos, en compensación por el desfase inflacionario que viene desde septiembre pasado.

Fuentes del gremio afirmaron que “no estamos discutiendo dinero sino alimentos porque queremos garantizar el carácter alimentario del salario ferroviario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”. Desde Ferrocarriles rechazaron la iniciativa de La Fraternidad, mientras en el Gobierno advirtieron que no pueden superar la pauta salarial del 1% mensual del Ministerio de Economía.

Maturano es uno de los dirigentes que mantiene la postura más intransigente ante el Gobierno y se viene desmarcando de los otros gremios ferroviarios con sus reclamos salariales y medidas de fuerza. El último paro nacional de 24 horas fue dispuesto para el 18 de diciembre pasado, pero finalmente fue suspendida luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que obliga a las partes en conflicto a negociar y a retrotraer las medidas que entorpezcan las tratativas.

Lo que suceda finalmente con el reclamo de La Fraternidad será otro test para la política salarial que lleva adelante la administración de Javier Milei, que no sólo trata de encarrilar los incrementos dentro de la pauta del 1% mensual sino que también presiona a gremialistas y empresarios para reformular convenios firmados bajo la amenaza de no homologarlos y así quitarles la obligatoriedad del pago a todos los trabajadores de una actividad.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, salió fortalecido luego de haber conseguido que el jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, accediera a bajar sus pretensiones de un aumento salarial del 15% a un 5,5% trimestral en tres tramos del 2,2%, 1,8% y 1,5%, mientras que algo similar sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán, que reclamaba originariamente un aumento del 18,71% para el período noviembre-marzo y terminó firmando un incremento del 12,3% en cinco tramos del 5,5%, 2%,1,8%, 1,5, y 1%.

Al mismo tiempo, hay paritarias firmadas que no fueron homologadas por Trabajo al superar la pauta del 1% : la principal es la acordada en octubre pasado por la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera Héctor Daer, cotitular de la CGT, que rubricó con las cámaras del sector un 11,4% de aumento para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6%), que ya pagó en la mayoría de las clínicas, sanatorios, geriátricos, institutos médicos, servicios de internación domiciliaria y hospitales de colectividades, pero Cordero se niega a convalidarlo.

Otra es la acordada entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA): firmado a fines de noviembre, contempla un aumento del 16% para el período noviembre-febrero en tres tramos (5%, 5% y 6%), números que superan el tope puesto por el Ministerio de Economía para acompañar la baja inflacionaria de este año.

El gremio de Barrionuevo estaría dispuesto a un gesto de buena voluntad hacia Javier Milei convalidando que la revisión de la paritaria, pactada para marzo, pase para mayo, con lo cual la vigencia del 16% de aumento se extendería de 4 a 5 meses, pero Trabajo insiste en que se reformulen los números pactados para adaptarlos a los topes definidos por el ministro Luis Caputo.