En 2024, el Gobierno nacional transfirió 278 obras públicas a las provincias y municipios para que continúen con financiamiento local. En total, implican proyectos por $63.561 millones, según el análisis realizado por Infobae. Lo hizo a través de la firma de convenios con los mandatarios provinciales, que implicaron cederles el control de la ejecución de obras que se encontraban en marcha, cuando se produjo el recambio gubernamental, y hacerse cargo del financiamiento. Se trata de obras de infraestructura urbana y educativa, hídricas y viales que serán continuadas por las administraciones provinciales.

En busca del déficit cero, Javier Milei decidió frenar la obra pública a poco de asumir, y viene sosteniendo en sus discursos que debe estar a cargo del sector privado, y criticó al kirchnerismo por los hechos de corrupción en los contratos de empresarios “del club de la obra pública” con el Estado. “La obra pública se financia con los impuestos (presentes = explícitos; emisión de dinero = inflación; futuros = deuda). Por ende, así como crea una obra, destruye producción y trabajo en otra parte de la economía por los impuestos. Al mismo tiempo, aun sin corrupción la asignación es mala porque no es lo que prefiere la población (de hecho, elegiría y elige otra cosa)”. “Si encima hay robo, el resultado es aún mucho peor”, sostuvo en un posteo en la red X el domingo pasado.

En esos acuerdos con los gobernadores firmados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos - el funcionario del Gabinete nacional con mejor diálogos con los mandatarios opositores - se consigna qué obras va a financiar la provincia o el municipio, con la opción de rescindir contratos en caso de incumplimiento.

Francos dio un detalle en su último informe al Congreso de la Nación presentado a finales de noviembre pasado, en un Anexo que fue analizado por Infobae. “Una vez realizado el traspaso de los convenios de asistencia financiera a las provincias, el Estado Nacional no realizará ningún tipo de aporte financiero”, señaló Francos en su informe, en respuesta a una consulta del senador Oscar Parrilli.

Si bien en la firma de esos acuerdos, que incluyeron fotos de los mandatarios provinciales con Francos en la Casa Rosa, la Nación se comprometió a ejecutar otro conjunto de “obras estratégicas con alto grado de avance”, en su informe al Senado, el jefe de Gabinete precisó que otra cantidad de obras iban a seguir siendo financiadas por el Estado nacional, “según disponibilidad presupuestaria”.

La paralización de la obra pública viene generando reclamos de distintos sectores, desde gobernadores e intendentes hasta cámaras empresarias, por proyectos de infraestructuras frenados, y por el mantenimiento vial que afecta la seguridad en las rutas y encarece los costos de transporte y logística.

El gobierno nacional firmó en 2024 este tipo de convenios con 20 provincias. Solo no lo hizo con la La Pampa, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Mendoza, aunque estos dos últimos distritos tiene previstas obras hídricas con financiamiento nacional.

El 51% de esos convenios firmados por el Ejecutivo nacional con las provincias abarcan obras en Neuquén, Misiones, Corrientes, Salta y Catamarca, los distritos más “favorecidos” con estos acuerdos.

Todos están gobernados por mandatarios aliados, ya sea de fuerzas provinciales como el salteño Gustavo Sáenz, el neuquino Rolando Figueroa, el misionero Hugo Passalacqua; el radical el correntino Eduardo Valdés, y uno de los peronistas más dialoguistas, el catamarqueño Raul Jalil.

La provincia más beneficiada es Neuquén, con 42 proyectos, por un total de $14.554 millones. Le sigue Misiones, con 28 obras traspasadas de la Nación a ese distrito, por $3.294 millones.

A continuación, aparecen Corrientes con 26 obras por $4.489 millones; Salta con 25, por $2.307 millones; Catamarca con 22 proyectos por $6.333 millones; Chaco, con 18 por $1.205 millones. Le siguen La Rioja y San Juan, con 16 obras cada una, por $11.502 millones y $3.668 millones, respectivamente; Tucumán, con 14 proyectos por $2.091 millones, Córdoba con 13 obras por $955 millones; y Formosa y Jujuy con 11 cada una, por $3.643 y $700 millones, respectivamente.

Con menos de 10 proyectos que pasaron a manos de los ejecutivos provinciales también aparecen Santa Fe con 9; Tierra del Fuego con 6; Buenos Aires y San Luis con 5 cada una; y Entre Ríos y Santiago del Estero con 4 cada una. En tanto, Chubut firmó dos convenios de traspaso del financiamiento de obra y Río Negro solo uno.

La Ciudad de Buenos Aires - a cargo de Jorge Macri - es uno de los 4 distritos que no suscribieron ninguno ya que en su territorio no hay obras que estén en manos de la Casa Rosada. Según el detalle brindado por Francos en su informe, tampoco firmaron estos acuerdos de traspaso La Pampa (gobernada por el peronista Sergio Ziliotto), Santa Cruz (cuyo mandatario es Claudio Vidal, del partido provincial SER, de buen diálogo con el gobierno), y Mendoza (manejada por el radical Alfredo Cornejo). Sin embargo, Nación prometió “darles prioridad” a obras hídricas en estas dos últimas provincias, previstas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

En su informe al Senado, presentado el 27 de noviembre, Francos informó que en el ENOHSA se le había “dado prioridad” a un total de 94 obras en 22 provincias, que incluyen cloacas, obras para provisión de agua potable, plantas potabilizadoras, de tratamiento y acueductos.

Se trata de un ente descentralizado que el Gobierno había decidido disolver dos semanas antes, y que funcionaba realizando tareas paralelas a las de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. “Ambos organismos se encargaban de administrar y ejecutar obras hidráulicas, de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Por ello, la SSRH va a absorber las funciones del ENOHSA. Esta decisión permite consolidar una estructura única para la planificación y el control de todas las obras hídricas. De esta manera, se garantiza una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos, y se promueve una gestión más ágil y centralizada”, informó el Ejecutivo en un comunicado fechado el 13 de noviembre pasado.

Los dos distritos que lideran el ranking de cantidad de obras bajo el paraguas del disuelto ENOHSA son Corrientes con 14, Córdoba con 10, y Neuquén con 6. Con 5 proyectos aparecen Catamarca, Chaco, Chubut, Mendoza y Tierra del Fuego. El resto, figuran con 4 o menos. Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires no registran obras hídricas o de agua potable financiadas por Nación.

El 18 de diciembre pasado, Milei autorizó avanzar con la contratación de 10 obras públicas por más de $85.000 millones, a lo largo de tres años, en el marco de una modificación presupuestaria dispuesta por un DNU. La autorización de estas obras implicó un alivio en la política del Ejecutivo nacional de recortes en proyectos de infraestructura.

La más importante en monto es la construcción del sistema de provisión de agua potable en Tucumán, para la comuna de Tapia, Ciudad de San Miguel, Tafí Viejo y Villa Carmela, que demandará una erogación de casi $26.000 millones. Le siguen tres proyectos para la provincia de Santa Fe: la reparación de un tramo de ruta nacional N° 33 en Rosario; otro de la ruta nacional N° 11, entre Rosario y la Ciudad de Santa Fe, por $17.500 millones; y de la ruta nacional N° 178. por $4.600 millones.

Las restantes están en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Córdoba y CABA. En el distrito porteño, se trata de la remodelación y reubicación del Instituto Nacional de Producción Básica, de Barracas, por $1.637 millones.

El listado de las obras bajo convenio provincial o municipal se obtuvo de uno de los anexos de la pregunta 739 del Informe 141 del Jefe de Gabinete al Congreso de la Nación. Esa información se cruzó con la base de datos del mapa de inversiones para obtener los montos correspondientes a cada una.

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