Cronología de un secuestro: qué pasó y qué se sabe de la detención del gendarme argentino en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo (cabo primero, 33 años) intentó entrar a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 desde uno de los puentes internacionales que unen al país caribeño con Colombia: había salido desde Mendoza, donde tenía sus tareas asignadas, y pretendía llegar a Caracas, donde lo esperaba a su pareja para pasar las Fiestas. Desde ese día, permanece secuestrado por orden de las autoridades de la dictadura de Nicolás Maduro, acusado sin pruebas en su contra, de tener un “plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.

Ya pasó casi un mes y no se sabe dónde está Gallo. Días antes de que aterrice en Argentina el presidente electo Edmundo González Urrutia, con el fin de visitar a Javier Milei este sábado, el gobierno venezolano aportó fotos y dos videos que sirven como prueba de vida: se lo ve al gendarme caminando, vestido de celeste; en uno anda solo, adentro de una cárcel pero al aire libre, y en el otro, en las mismas circunstancias, pero acompañado por dos hombres. Está flaco, con el pelo corto y la barba crecida.

“No estamos acostumbrados a verlo así, muy cabizbajo y frustrado. Quienes conocemos a Nahuel sabemos que no está haciendo eso por voluntad propia", dijo María Alexandra Gómez, su esposa, al ver las imágenes. Se desconoce en qué prisión está secuestrado pero ella le comentó a Infobae que cree que “puede ser la cárcel de El Rodeo” ya que, por las fotos satelitales de Google Maps, se identifica la tribuna bajo la cual caminaría el argentino en los videos.

Galló, nacido en Catamarca, salió del país con permiso de las autoridades de Gendarmería Nacional. Desempeñaba sus funciones como suboficial en la provincia de Mendoza. Según contó su hermano Kevin, ya había trabajado asignado en Buenos Aires y en Chubut. Quería aprovechar las vacaciones del trabajo para visitar a Gómez, su pareja, y a su hijo de casi dos años, quienes llevaban ya siete meses en Venezuela por cuestiones de salud familiares.

Gallo salió de Argentina hacia Chile en su auto personal y desde Santiago tomó un avión con destino a Bogotá, Colombia. Desde allí viajó en micro hasta Cúcuta, una ciudad fronteriza que se une a Venezuela a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Y quiso cruzar a bordo de un taxi hacia la ciudad de Ureña, en el estado de Táchira.

Sin embargo, las autoridades venezolanas le retuvieron los documentos personales, su teléfono celular y luego lo detuvieron. A los pocos días, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que Nahuel se quiso “infiltrar” en el país e incluso que el gobierno de Milei.

El 13 de diciembre, cinco días después del secuestro de Gallo, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad nacionales emitieron un comunicado conjunto donde expresaron su “más enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada” y exigieron de forma “categórica e inmediata” la liberación.

“Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales”, decía el comunicado.

La noticia corrió rápido y generó polémica incluso dentro del gobierno. La vicepresidenta Victoria Villarruel posteó en la red social X una crítica a Patricia Bullrich: “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela”.

La ministra de Seguridad le respondió inmediatamente y por la misma vía de las redes sociales: "Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político".

Durante su visita a Tucumán, el propio presidente Javier Milei, que había dicho que se trataba de un “secuestro ilegal”, se reunió con familiares del gendarme. Lo confirmó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en un posteo en X: “El presidente manifestó su apoyo en este angustiante momento y remarcó que se están realizando todos los esfuerzos diplomáticos y legales para exigir la liberación de Nahuel, que se encuentra detenido en Venezuela”.

Días más tarde, la Justicia de Mendoza emitió un habeas corpus para exigir la liberación de Gallo. Y el gobierno de Brasil admitió que había iniciado gestiones diplomáticas para resolver el tema. Nada de eso tuvo éxito. También lo intentó el ex embajador durante el gobierno kirchnerista Oscar Laborde, lo que le valió una denuncia de Patricia Bullrich por “traición a la Patria” ya que la ministra consideró que actuó “en contra de la gestión diplomática” oficial. El 27 de diciembre, Bullrich recibió a los familiares de Gallo.

Después de procesarlo por “terrorismo”, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró en una entrevista concedida a Infobae el 31 de diciembre pasado que Gallo ingresó “de manera ilegal” a Venezuela “sin siquiera respetar lo mínimo en lo que a formalidad implica que un agente de seguridad visite una nación, siendo él un extranjero, tomando como regla mínima la coordinación bilateral, en este caso de Argentina y Venezuela. Tan es así, que la propia vicepresidenta de Argentina (Victoria Villarruel), de manera pública, notoria y comunicacional, expresó su rechazo a la forma en que la ministra (Patricia) Bullrich permitió, auspició y promovió la entrada del gendarme argentino".

“Las extracciones telefónicas realizadas al gendarme argentino han revelado su participación en acciones conspirativas contra la paz republicana. Por lo tanto, está procesado. Dándosele sus garantías constitucionales, se encuentra en buen estado de salud”, afirmó Saab. Unos días antes, en el contexto del procesamiento, un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Venezuela había asegurado que “las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación en planes subversivos”.

Bullrich respondió las frases del fiscal venezolano, a quien trató de “criminal” y consideró: “Es una mentira tras otra. Juntan rehenes para protegerse de sus propios miedos. Los países donde se vive en libertad no necesitan coleccionar rehenes”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 1° de enero de 2025 la Resolución 1/2025 que consideró que “Gallo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Y pidió a Venezuela adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de Gallo: informar si se encuentra bajo custodia del Estado y bajo qué circunstancias, si fue presentado ante un tribunal para que resuelva su situación, las razones por las que aún no ha sido puesto en libertad, y que se permita la comunicación del gendarme con su familia, representantes legales y autoridades argentinas.

Al día siguiente Argentina también solicitó a la CIDH las medidas cautelares para Gallo al considerar que existe un “riesgo inminente para la vida e integridad de Gallo”.

Ese mismo día la Cancillería argentina informó en un comunicado que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) “por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo”.

“Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.

La ministra Bullrich publicó en su cuenta de X el comunicado y escribió: “Denunciamos desde nuestra Cancillería ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por la desaparición forzada de nuestro gendarme Nahuel Gallo. Crimen imprescriptible para los autores. No vamos a permitir que el régimen tome de rehén a Nahuel”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó ese mismo día la detención de Gallo y la calificó como un “crimen de lesa humanidad” en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En un comunicado oficial, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que la detención de Gallo representa una violación flagrante de normas internacionales, incluyendo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al haber sido incomunicado y privado de asistencia consular y legal. “Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”, destacó.

Y exigió “que el régimen de Venezuela cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales; que certifique y garantice su seguridad física; que provea garantías de asistencia legal y contacto con su familia; y que libere inmediatamente a Nahuel Gallo”.

La comunicación se dio al mismo tiempo que el gobierno venezolano difundió los videos de Gallo en aparente buen estado de salud. Inmediatamente, Bullrich consideró una “pantomima” la exposición de las imágenes.

“No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha”, planteó la ministra en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: “No existe una condición de mostrar que lo tienen bien, como si fuese un régimen normal, esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida”.