Causa Seguros: un trámite formal retrasó hasta febrero la definición sobre Alberto Fernández y el resto de los imputados

Luego de una batería de 39 indagatorias, la causa de los seguros entró en etapa de definiciones. En el juzgado de Julián Ercolini venían trabajando para resolver la situación procesal de todos los imputados antes de fin de año. De hecho, se tomaron declaraciones esta misma semana. Todas las miradas apuntaban al lunes 30, último día hábil de 2024. Pero al final, un trámite formal, imprevisto, postergó el fallo para febrero. “La indagatoria de Carlos Soria (uno de ex directores de Nación Seguros) iba a terminar este viernes pero está en España y las autoridades de ese país avisaron que no trabajan esta semana”, explicó a Infobae una fuente con acceso a la causa.

La ronda de indagatorias se cerró este viernes con la declaración de Santiago Fraschina, un economista camporista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y mandó una nota a Nación Seguros, en marzo de 2023, para redistribuir los porcentajes que le correspondían a los brokers por la póliza de la ANSES. “La nota habría sido recibida irregularmente, por fuera de los circuitos establecidos para el ingreso de documentación y por lo tanto no quedó registrada en los sistemas de gestión”, argumentó Ercolini cuando ordenó las indagatorias.

Fraschina cerró una lista extensa de indagatorias que arrancó el 27 de noviembre con el ex presidente Alberto Fernández. Para este viernes también estaba previsto que declare Carlos Soria. En realidad, el ex funcionario de Nación Seguros ya había comenzado a contestar preguntas hace hace unos días pero la indagatoria se interrumpió por falta de tiempo. Estaba previsto que la segunda parte se haga el viernes, vía zoom, desde España. No fue posible por los feriados de Fin de Año.

Ahora, se retomaría el 5 de febrero, un día después de la indagatoria de Alberto Fernández por la causa de violencia de género.

En el expediente de los seguros, donde es representado por la abogada Mariana Barbitta, Fernández apostó a una defensa técnica: presentó un extenso escrito y no contestó las preguntas del juez Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. Esa actitud cayó muy mal en Comodoro Py. “Un ex presidente no puede venir acá y no contestar”, coincidieron fiscales y jueces que no intervienen en la causa.

En el escrito, Fernández defendió el decreto 823, la base de la acusación en su contra. Sostuvo que esa norma -que le entregó el monopolio a Nación Seguros- terminó con la “cartelización”, aunque destacó que no la impulsó él.

El ex presidente también intentó desligarse de Héctor Martínez Sosa, el empresario que lo visitaba en la quinta de Olivos. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.

El paso de Fernández por Tribunales dejó un cruce tenso con el juez Ercolini, con quien arrastra viejas heridas. El ex presidente se fue muy molesto con el operativo de seguridad en el cuarto piso de Comodoro Py. Sintió que lo habían “entregado”.

Martínez Sosa se mantuvo en esa misma línea. Cuando le tocó declarar, no negó la amistad con Fernández, pero habló en pasado. La relación entre ambos se quebró cuando comenzó el escándalo y el ex presidente responsabilizó a su secretaria de toda la vida, María Cantero: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.

Esa frase enfureció a Martínez Sosa y a su mujer, que decidieron interrumpir el vínculo con el ex presidente. “Fue como decir ‘mi querida María’”, ironizó por estos días Fabiola Yañez en una entrevista con un medio español. La ex primera dama todavía no logró cerrar el capítulo de la Fiesta de Olivos que derivó en aquella acusación en su contra: “Mi querida Fabiola”.

No fue el único que intentó despegarse de Alberto Fernández. Alberto Pagliano, el ex presidente de Nación Seguros, aseguró que durante su mandato se vieron “dos o tres veces en algún acto o reunión protocolar”. “Si bien es cierto que he compartido cierta parte de mi carrera en el ámbito de los seguros con el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández, y me une con él una relación añosa de cierta amistad (no lo cuento como uno de mis amigos íntimos), tal mención en la imputación tampoco se comprende si a partir de ella no hay una corroboración de un accionar ilícito”, puntualizó.

Tras el llamado a indagatorias, las defensas de varios imputados actuaron de manera coordinada para tratar de anular el testimonio de un abogado que intervino al comienzo del expediente. Se trata de Emanuel Nagel, quien le entregó a la Policía unas cajas con documentación durante el allanamiento a la empresa San Ignacio Seguros, protagonista de la póliza de la ANSES. Esas cajas estaban en poder del empresario Alfredo Del Corro. Esa misma noche, Nagel declaró ante la Policía y hasta aportó los chats personales.

Los abogados de Diego y Lucas Rosendi, Damián Gosso, Mariana Trupia, Lorena Trupia, Deborah Toloza, Hernán Bressi, Héctor Villaverde, Camilo Crotto, Marcela Baldini, Carlos Alberto Suárez, y hasta del propio Del Corro lograron que la Cámara Federal anule el testimonio de Nagel, pero la estrategia no alcanzó para voltear toda la investigación. Los camaristas resaltaron que otros elementos de prueba estaban antes de la declaración del abogado. Fue una victoria a medias.

Del Corro es una pieza clave en la causa. Los investigadores lo vinculan con San Ignacio, pero también con San Germano, y varias cooperativas que se utilizaron para comprar propiedades, autos, pasajes de avión, y hasta plateas en el estadio de River Plate. Solo la cooperativa “7 de Mayo” recibió $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por Federico D’Angelo, el ex titular del FGS. Cuando le tocó declarar, ese funcionario ensayó una estrategia insólita: dijo que desconocía una nota que lleva su firma.

En su indagatoria, Del Corro se mostró como un empresario “exitoso” del rubro tecnológico, aunque terminó reconociendo que tenía una estrecha relación, casi familiar, con el ex gerente general de Nación Seguros Mauro Tanos y con otro funcionario echado por el escándalo, Marcos Eufemio.

Sobre las famosas cajas de San Ignacio, Del Corro dijo que estaban en su poder de manera casual y que no las había devuelto en tres meses porque se había ido de vacaciones. Sonó a un argumento casi infantil. “El día del allanamiento, este pedido se tornó urgente. En ese momento, me encontraba en mi casa en Campana compartiendo una comida familiar. Para dar cumplimiento a la solicitud le pedí a un familiar que regresaba a Buenos Aires que le llevara las cajas a Carlos Suárez, quien se encontraba en contacto directo con el Dr. Nagel”, recordó.

Nagel admitió ese mismo día que las cajas se las entregó Suárez (administrador de una radio) en un garage. Y que al llegar al lugar del allanamiento se hizo presente Brian Kelly, que figuraba en los papeles como “presidente” de San Ignacio, pero no tenía vínculo con esa empresa.

Kelly contó en su indagatoria que “aportó su matrícula” a pedido del abogado Héctor Villaverde, titular de San German, otra de las empresas involucradas en la póliza de la ANSES. ”El se comunicó telefónicamente conmigo, manifestándome que le faltaba una matrícula según la Ley de Seguros para conformar un broker de seguros, a lo cual accedo porque tengo una relación de años. Nunca estuve en las oficinas (de San Ignacio), de hecho cuando me solicitan papelería tanto de bancos, como de AFIP, de otras cuestiones como el alta de productor, no tengo contacto ni siquiera con las aseguradoras, solamente tengo contacto con Hernán Bressi, que me ‘forwardea’ los mails y me dice lo que necesita de cada trámite, digamos, por llamarlo de alguna manera”, confesó.

Villaverde negó esa versión. Dijo que solo fue un “puente” entre Kelly y Hernán Bressi, asesor y administrador de algunas de las empresas de Nicolás Rosendi. Pero se desligó completamente de San Ignacio y de la entrega de las cajas en el allanamiento a esa empresa. “Tal vez por los nervios o el paso del tiempo, Kelly ha vinculado el llamado que me hizo para que lo ayude a ubicar a Bressi o saber qué hacer con alguna de las gestiones que tuvo que hacer para entregar la documentación, pero que quede claro: yo no tengo nada que ver con esa sociedad”, sostuvo.

La ronda de indagatorias se transformó en un cruce de acusaciones, al menos en ese grupo de imputados.

Tanos también declaró por Zoom. Entre otras cosas, tuvo que explicar por qué Del Corro le emitió una cédula azul de una camioneta Jeep Commander y le pagaba pasajes a Miami. “Le pedí a Del Corro que me adelantara el pago de los pasajes, y que yo se lo iba a ir devolviendo a mi regreso, cosa que, por supuesto, ocurrió. Nunca pregunté cómo fue pagado ni por qué medios”, detalló.

La Justicia ya probó que los últimos pasajes, utilizados en abril de este año, fueron abonados a la agencia de viajes “Tower Travel” por la cooperativa “Nuestro Lugar”, una de las empresas de Del Corro. Hay más. A través de la cooperativa “7 de mayo”, Del Corro también canceló varias cuotas de un departamento, en pozo, en El Salvador al 4300. Todo a pedido de Tanos.

Los investigadores sospechan que Del Corro, su amigo Tanos, y todo ese grupo de personas utilizaron las cooperativas para desviar el dinero obtenido con San Ignacio y San Germano, una empresa que nadie conocía pero logró colarse entre las coeaseguradoras de la póliza de la ANSES.

Del Corro es observado con atención por varios motivos. El abogado Nagel, al que ahora apuntan todas las defensas, lo vinculó con servicios en agencias de inteligencia del Estado. Esa pista nunca se profundizó pero a lo largo de la investigación apareció otro indicio: algunos de los allegados a Del Corro aportaban a la obra social de la Armada.

El empresario nunca habló del tema. Y pidió declarar por Zoom para esquivar a los periodistas en los pasillos de Comodoro Py. No alcanzó. En la audiencia virtual, a la que tuvo acceso Infobae, hasta tuvo que mostrar la foto de su DNI.

Al momento de defenderse, Del Corro hizo un esfuerzo por intentar justificar las transferencias millonarias de las aseguradoras que pasaban por la cooperativa “7 de Mayo”. Los investigadores encontraron hasta facturas emitidas a Nación Seguros. Del Corro aseguró que eran por “servicios puntuales” de comida. “La relación entre la Cooperativa 7 de Mayo y Nación Seguros estuvo exclusivamente limitada a la prestación de estos servicios gastronómicos, de manera transparente y en línea con las normativas internas de la empresa. No existe absolutamente ningún vínculo entre estas actividades y los hechos que se investigan en esta causa”, dijo.

Pese a la seguidilla de indagatorias, la definición de la causa seguros se postergó para febrero. Es una buena noticia para Alberto Fernández, que cerró el año con una doble “victoria” en Tribunales: logró dilatar la indagatoria por violencia de género con una batería de presentaciones y terminó el año sin procesamientos. Apenas un mes de calma. El arranque de 2025 lo tendrá como protagonista.