La jueza Arroyo Salgado analiza cómo pedir la extradición del ex senador Kueider, investigado por enriquecimiento ilícito y el caso Securitas

Tras la expulsión del senador Edgardo Kueider votada ayer por la Cámara alta, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado evalúa - bajo un extremo hermetismo - cuál será la mejor vía para avanzar con el pedido de extradición del ahora ex legislador con el fin de detenerlo. Lo hizo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. Ambos expedientes están vinculados e involucran a la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA, de la que Kueider fue director por el estado provincial, entre 2016 y 2018.

Al cierre de esta nota, la magistrada esperaba recibir la notificación oficial de la expulsión del legislador desde la presidencia del Senado. La solicitud de extradición debe operativizarse a través de la Cancillería argentina, y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. Arroyo Salgado no descarta un contacto previo entre los Ministerios Públicos de ambos países, a través de la Red de Fiscales.

El pedido de extradición correrá por separado de la causa abierta en Paraguay contra Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, por intento de contrabando de divisas, delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años y medio. Pero por la posible resistencia del ex legislador a ser enviado de regreso al país, lo que demoraría el proceso formal de extradición ante un nuevo juez paraguayo unos dos años, en la Justicia Federal argentina analizan otras vías para lograr una deportación en tiempo mucho más rápidos.

Argentina tiene con Paraguay un tratado bilateral de extradición, aprobado por el Congreso en el año 2000, pero para que se efectivice el envío de la persona acusada, debe ser aprobado por la Justicia paraguaya. En ese caso, recién entonces, una comisión policial argentina procedería a su detención en el vecino país y su regreso para afrontar el proceso por el que es acusado en Argentina. El juez Humberto Otazú, a cargo del proceso de contrabando, le explicó a Infobae que “en materia de extradición el Ministerio Público (por la Fiscalía) es la autoridad central. Si llega una solicitud de extradición y el Ministerio Público lo solicita, se sortea para que un Juez de Garantías lleve adelante el procedimiento”.

Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre en un control de rutina, cuando las autoridades paraguayas descubrieron que trataban de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar desde Brasil, en una camioneta de alta gama. Ambos están con prisión domiciliaria, detenidos en un departamento de lujo en Asunción, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay.

En el Juzgado de la jueza Arroyo Salgado sospechan que Kueider puede querer resistirse a una posible extradición, y temen que los fiscales quieran avanzar primero con el proceso por contrabando. La investigación tiene un plazo ya fijado de 4 meses por el juez Otazú, y debería estar finalizada para el 5 de abril. Hasta esa fecha, en principio, la pareja debería permanecer en Paraguay, pero ese plazo puede acortarse o extenderse, según disponga el magistrado paraguayo.

Según pudo saber Infobae, el pedido de detención fue dispuesto por la magistrada, luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas, el fiscal federal Fernando Domínguez que interviene en el expediente, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná.

La causa por enriquecimiento ilícito contra Kueider - abierta por una denuncia del periodista Christian Sanz en base a notas periodísticas publicadas en la revista Análisis y el sitio El Disenso - tramita en forma conjunta a la del caso Securitas en la Justicia de San Isidro. Éste se inició en 2020 a partir de que la empresa de seguridad privada admitiera ante la Justicia que pagó coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Entre los ellos se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.

El abogado de Kueider en Argentina, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el pedido de extradición “responde a cuestión política más que a algo legal”, y deslizó que se trataba de una “cuestión mediática”. Y agregó: “Acá hay un delito que tiene una pena que no es excesivamente alta. Para que la extradición se concrete, hay todo un procedimiento, tiene que haber el mismo delito en los dos países, un convenio de reciprocidad, y algunas cuestiones más que se tienen que tramitar. Y la justicia paraguaya entender que no tendría impedimento para que pueda volver, siendo que todavía les queda resolver la cuestión a ellos”. El letrado también alentó suspicacias sobre la oportunidad de los allanamientos y el pedido de desafuero ordenado por Arroyo Salgado “dos o tres horas antes de la votación”. En su opinión, “fue claramente para condicionar a los senadores”.

El oficio de Arroyo Salgado con el pedido de desafuero con fines de detención llegó ayer por mail a Victoria Villarruel cuando la sesión especial para tratar la expulsión o la suspensión de Kueider recién empezaba. La jueza también le solicitó a la Presidencia de la Cámara fajar el despacho del senador para preservar posible material de prueba para la causa, y desalojar al personal de la oficina en el palacio legislativo. A su vez, ayer, dictó el secreto del sumario en el expediente.

En la causa Securitas, la jueza investiga un presunto esquema de corrupción en el que los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, empresarios responsables de la filial entrerriana de esa empresa, que fueron procesados por el pago de sobornos a políticos y miembros de ENERSA. Claudio Tortul es vecino de Kueider en el lujoso edificio Live de la ciudad de Paraná. Allí, Kuieder compró tres departamentos y dos cocheras a través de un fideicomiso en el que invirtió con su sociedad Betail SA, como reveló Infobae esta semana. Dos de los departamentos rondaban los USD 150.000 y el semipiso del piso 13 “A”, frente al que tiene uno de los hermanos Tortul, USD 350.000. En diciembre, las expensas, totalizaron $255.000

Si bien hasta mayo las expensas de las 5 unidades estaban a nombre de Betail SA, a partir de junio apareció como titular Guinsel Costa, la secretaria de Kueider. En ese momento, la joven todavía estaba designada en el Senado, a pedido de Kueider, con la categoría más alta, y un sueldo en ese momento de $1,9 millones. Arroyo Salgado también pidió ayer la detención de la joven acompañante de Kuieder ya que los investigadores sospechan de que podría haber actuado como su testaferro, o como parte de un engranaje de lavado de dinero.

Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya - Golsur SA - en Ciudad del Este. la primera versión que trascendió fue que era para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.

Además del pedido de detención de Kueider y Guinsel Costa, la magistrada dispuso ayer una docena de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Morón en la Provincia de Buenos Aires, y en las ciudades entrerrianas de Paraná y en Concordia. Los operativos se concretaron en domicilios vinculados a Kueider; a su socio en la firma Betail SA, Rodolfo Daniel González, y a Guinsel Costa. Comenzaron a las 7 de la mañana a cargo de efectivos de Gendarmería y, en algunos casos, duraron hasta siete horas.

En Paraná, el operativo se llevó a cabo en el edificio Live donde Betail SA es dueña de los departamentos, y en un local del Grupo Dujovne, de bienes raíces. En Concordia, se allanó una escribanía y la casa de la madre de Guinsel Costa, Érica Celina Costa, nombrada en el despacho de Kuider en el Senado, tras la baja de su hija en agosto.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza ordenó allanar el departamento en Recoleta que ocupaba la joven acompañante de Kueider, donde - según fuentes policiales - habrían encontrado indicios de destrucción previa de documentación.