Un año de Milei Presidente: las razones del repliegue piquetero y los ocho meses sin cortes en la Avenida 9 de Julio

En su primer año de gobierno, La Libertad Avanza cumplió con una de sus promesas de campaña: evitar que los piqueteros bloqueen calles y accesos sin limitar la libertad de protesta. El logro fue un trabajo en conjunto realizado por las dos ministras del gabinete de Javier Milei: la de Seguridad, Patricia Bullrich y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cada una aportó su capacidad. La primera implementó el protocolo de orden público que obligó a los manifestantes a marchar por las veredas, o a no detenerse en la vía pública para evitar demoras en la circulación vehicular en caso de columnas numerosas; la segunda logró un cambio de paradigma: le quitó la “intermediación” de los planes sociales y la distribución de alimentos a los dirigentes sociales.

En la Casa Rosada entienden que, con ese hecho, se limitó al máximo el poder de coacción que estos ejercían sobre los beneficiarios a los que obligaban a asistir a piquetes y concentraciones. Al menos en una causa judicial se obtuvieron pruebas suficientes para procesar y enviar a juicio oral a un encumbrado referente piquetero como Eduardo Belliboni , el líder del Polo Obrero. Junto a otros referentes de esa agrupación de izquierda, se lo acusa por los presuntos delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”.

Ese, y cientos de expedientes que involucran a movimientos sociales, tanto de izquierda como peronistas, se abrieron por la habilitación de la línea 134 por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese número marcaban los beneficiarios de planes sociales como el Potenciar Trabajo. Según sus testimonios, la mayoría anónimos, eran extorsionados por los referentes sociales de comedores comunitarios y cooperativas para asistir a marchas, actos políticos y piquetes. De no hacerlo, le daban de baja al plan. O no les daban bolsones de alimentos que el ex Ministerio de Desarrollo Social le enviaba de manera directa a la mayoría de las organizaciones que formaban parte de la entonces oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular y en menor medida a movimientos de izquierda como el Polo Obrero.

Desde 18 de diciembre de 2023 hasta el jueves 5 de diciembre de 2024 por denuncias realizadas al 134 se derivaron a los juzgados federales de todo el país 27.047 casos. De ese total, 11.621 fueron por amenazas directas contra beneficiarios de un plan que pagaba el Estado.

“No comer”, era una de las duras sanciones que se les aplicaba a los más vulnerables que recibían un programa social y que figura en cuadernos de piqueteros secuestrados en los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. En la carátula del cuaderno se leía “Sancionad@s” y “Sanciones” para los que faltaban a las marchas. Es decir, según el relato judicial, vedarle a los beneficiarios el ingreso a los comedores que manejaba la agrupación.

En otras jurisdicciones, como en la provincia de Buenos Aires, la Justicia Federal de Quilmes realizó múltiples allanamientos sobre comedores, merenderos y depósitos de organizaciones sociales involucrados en presuntos casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Potenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.

De hecho, uno de los expedientes a cargo del juez Luis Armella y el secretario Diego Quiroga tiene unos 40 imputados de organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras. En varios lugares encontraron alimentos vencidos y en mal estado que habían recibido por parte del Estado - y no fueron entregados a los sectores más vulnerables.

“Los piquetes era organizados por los piqueteros, y nosotros los desactivamos porque consideramos que estos grupos actuaban de manera extorsiva. Al eliminar a los intermediarios, les quitamos la capacidad de movilizar personas bajo presión”, analizaron funcionarios de Casa Rosada al ser consultados sobre uno de los mayores logros de la gestión Milei, además de bajar la inflación y los delitos vinculados a las bandas narcos en Rosario.

Desde el entorno de la ministra Pettovello, analizaron de los manifestantes de las calles, sobre todo de las porteñas de esta manera:

• “Desde el gobierno, específicamente a través del Ministerio de Seguridad, se implementó un protocolo antipiquetes que establece que las personas que asisten a las manifestaciones, ya reducidas debido al desfinanciamiento, deben transitar por la vereda. Esta medida, coordinada por el Ministerio, logró que los piquetes perdieran visibilidad y fuerza. En teoría, si la cantidad de personas se hubiera mantenido, habrían seguido ocupando las veredas, conservando cierto impacto. Sin embargo, eso no ocurrió gracias al desfinanciamiento que se hizo desde Capital Humano. Ahora, las personas son libres de decidir y, en su mayoría, no eligen hacer piquetes”.
• “El cambio real se dio gracias al desfinanciamiento. Esta medida liberó a las personas de la coerción, eliminando los motivos para participar y, como consecuencia, poniendo fin a los piquetes. Ahora, son libres”.
• “Esta administración inició un cambio profundo en la gestión de los recursos públicos. Decidimos terminar con la intermediación y la burocracia innecesaria, creadora de redes clientelistas que utilizaban a las personas en situación de vulnerabilidad. Con la política de desintermediación pudimos cortar con el control y abuso de los gerentes de la pobreza, que obligaban a los beneficiarios de programas sociales a participar en marchas u otras acciones políticas con el objetivo de mantener sus beneficios”.
• “No queremos más ciudadanos esclavos de la política, y por eso pusimos fin a los mecanismos que permitían la financiación de estos actores. En sintonía, decidimos desfinanciar a los movimientos sociales, dejando en claro que las personas que asistían a las marchas lo hacían como resultado de la extorsión ejercida por esos movimientos, y no por una decisión genuina”.

-¿Y eso cómo se construyó, como se desfinanciaron a las agrupaciones políticas y piqueteras?, le preguntó Infobae a un alto funcionario de Capital Humano.

-Apenas tomamos la gestión cortamos con el poder inconmensurable que tenían los gerentes de la pobreza. entendimos que se debía cortar la “certificación” que estaba a cargo de los piqueteros. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo, para poder cobrar, necesitaban la certificación que habían cumplido con sus veinte horas de tareas en, por ejemplo, una cooperativa o comedor, que los propios piqueteros administraban. Los gerentes de la pobreza estaban en connivencia con el gobierno anterior. Tenían convenios que se les dio de baja desde Capital Humano y además, les hacían creer, a la gente que recibían los planes, que ellos podían dar “el alta y la baja” al programa. Eso lo hacían porque había centros de referencia donde la gente tenía que validar, o el trabajo o una capacitación para poder recibir el plan. Pero en realidad, les daban el alta y baja si iban o no iban a las marchas. Desde Capital Humano descubrimos ese vínculo tóxico lo cortamos.

-¿Y eso cómo se hizo?

-Quitando la contraprestación. Romper el vínculo de la gente esclavizada y liberarla de estas personas que, todo el mundo creía que eran buenos y lo único que hacían era hacer política con la necesidad de los más vulnerables, de los más necesitados.

-¿Y cómo se financiaban?

-Porque le sacaban una parte del plan. Se quedaban con un diez o un cincuenta por ciento según los casos. A la gente los amenazaban con quitarles los planes si no iban a las marchas. Hoy no tienen financiamiento porque dimos de baja los convenios y ya no pueden apretar con que “el que no va al piquete no cobra”. Perdieron el poder sobre la gente. Por eso los piquetes no existen más. Además de eso, la poca gente que va a las marchas, Patricia Bullrich, a través de la fuerzas federales las hace ir por las veredas, se terminan con los cortes. El desfinanciamiento vació las protestas y esto facilita hacerlos marchar por las veredas. La gente no va a los piquetes porque ahora son libres.

Una auditoría de Capital Humano al inicio de la gestión de Sandra Pettovello reveló irregularidades en la distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables a través de movimientos sociales y piqueteros. Según los registros, solo el 7% de los alimentos recibidos fueron correctamente rendidos. Ante esta situación, la funcionaria del gabinete de Javier Milei implementó políticas para eliminar la “intermediación” en la entrega de ayuda social, asegurando, según la expresión usada desde el gobierno de La Libertad Avanza “que los recursos -como los alimentos- llegaran directamente a los beneficiarios y reduciendo el poder de los líderes piqueteros que utilizaban estos recursos para movilizar personas”.

La combinación de estas políticas resultó en una disminución significativa de las movilizaciones masivas y los cortes de calles. Por ejemplo, desde el 10 de abril no se corta de manera total la Avenida 9 en Julio. Ese día, varias columnas piqueteras intentaron hacerlo para marchar hacia el Ministerio de Capital Humano pero las fuerzas de seguridad federal y la Policía de la Ciudad desalojaron a los manifestantes. Fue el último gran incidente protagonizado entre piqueteros y uniformados. Los posteriores fueron frente al edificio del Congreso de la Nación cuando se debatía la Ley Bases, entre otras iniciativas enviadas al parlamento por el Poder Ejecutivo.

Los últimos datos que registra el gobierno porteño de Jorge Macri revelan que las marchas en la Ciudad de Buenos Aires promovidas por organizaciones de izquierda, como el Polo Obrero y de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía “bajaran un 56% durante este año”, según los datos oficiales que maneja Waldo Wolff, el ministro de Seguridad porteño. Para el funcionario este es un dato clave porque se combina con otro de importancia: ya no se registran más cortes totales de la circulación. La cifra se repite en el resto del país, aunque en algunas provincias este número es aún mayor.

El gobierno de Milei presenta este hecho como una gran victoria a un año de su gestión. “Devolvimos la libertad ciudadana, eliminando la coerción y a las personas su capacidad de decidir”, afirmó el Presidente de la Nación. Sin embargo, las medidas no están exentas de controversias, ya que algunos sectores perciben una criminalización implícita de la protesta social. Así lo manifestó, por ejemplo, Juan Grabois, el ex precandidato presidencial de Unión por a Patria y fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) antecesora de la UTEP.

Consultado por este medio, un funcionario con acceso directo a Javier Milei respondió: “A pesar de las críticas, el enfoque político de esta administración se mantiene firme, liberar a los ciudadanos de las redes clientelistas y promover una cultura de independencia en la participación política”.

Para la Casa Rosada los resultados de esta política son evidentes y se traducen en las cifras de incidentes reportados: el número de movilizaciones, bloqueos y amenazas relacionados con piquetes ha caído drásticamente desde su implementación. Según datos oficiales, en los primeros ocho días de diciembre se registraron sólo tres movilizaciones que cumplieron con el protocolo. La última de ella fue el jueves pasado que, a pesar de haber sido numerosa, no hubo corte de calles ya que el operativo desplegado desde el ministerio de Seguridad de la Nación obligó a que las columnas, que se dirigían a Plaza de Mayo, marcharan sin detenerse. Algo impensado hace doce meses atrás.