En una de las primeras decisiones conocidas tras la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, se informó que la mayoría de los países del bloque acordaron dejar de financiar al único instituto de políticas públicas dedicado exclusivamente a los derechos humanos.
En la reunión previa al encuentro de los presidentes de los países miembros del Mercado Común del Sur, los cancilleres de los Estados miembros tomaron la decisión de retirar el financiamiento al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur. Este instituto, que tiene su sede en el Espacio de la Memoria (ex predio de la ESMA) en Buenos Aires, es conocido por su trabajo en políticas relacionadas con temas como la migración y la discriminación.
El único país que continuará financiando la entidad será Brasil, a menos que haya un cambio en la postura de los otros miembros del Mercosur. Según informó el diario Folha de São Paulo y confirmaron fuentes locales, Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, será el único en mantener su aporte económico para el funcionamiento del instituto, que actualmente es presidido por la brasileña Andressa Caldas.
Desde la Cancillería argentina se explicó que la decisión de suspender los aportes al IPPDH responde a una decisión del Gobierno nacional, que considera innecesario continuar con el financiamiento del instituto. Esta medida tendrá un impacto significativo, ya que más del 60% de los fondos de la institución provienen de Argentina. Uruguay y Paraguay contribuyen con un 6% cada uno, y el resto corresponde a Brasil.
La decisión de los países de suspender el financiamiento al IPPDH se basa en dos factores: uno político y otro económico. En el aspecto político, se encuentran las diferencias en la postura de los gobiernos frente a las políticas de derechos humanos. Por otro lado, el argumento económico se basa en el hecho de que el instituto proyecta un superávit para 2025, debido al pago de deudas por parte de Brasil, que saldó los pagos pendientes acumulados durante las administraciones de los presidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro. Brasil había acumulado una deuda de 5,7 millones de reales (aproximadamente un millón de dólares), que ya ha sido saldada.
Como resultado de esta situación, los miembros del Mercosur señalaron durante la reunión de cancilleres en Montevideo, Uruguay, que reducirán sus aportes durante 2025. Sin embargo, la postura de algunos países podría cambiar en el futuro, especialmente con la llegada de Yamandú Orsi a la presidencia de Uruguay el 1 de marzo del próximo año. Orsi asumirá el cargo como presidente de la República, lo que implicaría el regreso del Frente Amplio al gobierno, y podría modificar la decisión respecto al apoyo económico al IPPDH.
El IPPDH fue creado por la Decisión No. 14/2009 del Consejo del Mercado Común (CMC), con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho en los países miembros mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos, contribuyendo a la consolidación de estos derechos como un eje fundamental de la identidad y el desarrollo del Mercosur. El CMC es el órgano superior del Mercosur, encargado de la conducción política del proceso de integración y de la toma de decisiones para cumplir los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción.
Días antes de la reunión de los cancilleres, el IPPDH presentó su informe de gestión a las autoridades del bloque. En la previa de la reunión, Andressa Caldas, presidenta del instituto, mostró algunos de los avances y logros alcanzados, como la última campaña sobre discriminación y racismo, realizada en colaboración con la Conmebol durante la Copa Libertadores de América. La reunión fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini Herrera, y contó con la participación de los cancilleres de Argentina, Gerardo Werthein; Bolivia, Celinda Sosa Luna; Brasil, Mauro Vieira, y Paraguay, Rubén Ramírez Lascano.
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