La Legislatura porteña avanzó en la ley que busca declarar como vitalicia la asistencia a los familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. Ayer se realizó la reunión conjunta entre las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto, y la modificación a la Ley N°4786 tuvo despacho de mayoría y podrá ser tratada la semana que viene, en la última sesión del año.
En primer término, el acuerdo propone cambiar el término de “tragedia” por “masacre”. Además, y “a efectos de consolidar el proceso de reparación integral de las víctimas”, determina que la asistencia sea de carácter vitalicio, no hereditaria y compatible con los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y/o quien lo reemplace en el futuro.
La misma será el equivalente al 50% de la remuneración mensual prevista para un empleado público, tramo inicial de grado tres, y el monto se actualizará en virtud del incremento salarial acordado por la paritaria del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para el personal de planta permanente en escalafón general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y quienes hayan perdido a más de un familiar hasta el primer grado de parentesco percibirán dicha asistencia por cada uno de ellos.
El texto original, aprobado en 2013, establece que la ayuda económica es actualizada de acuerdo a las pautas previstas en el presupuesto anual de CABA y según el índice de Precios al Consumidor que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCABA).
A su vez, la autoridad de aplicación garantizará el acceso a la medicación requerida de manera gratuita y atención en materia de salud mental para víctimas, sobrevivientes y familiares en centros de salud públicos.
El proyecto próximo a ser discutido en el recinto, además, contiene una cláusula transitoria, donde se establece un plazo de dos años, desde la promulgación de la normativa, para la incorporación como beneficiarios de la asistencia económica a quienes se acrediten como familiares de víctimas fatales hasta el 1° grado por consanguinidad o víctimas sobrevivientes, a través de un certificado judicial. Y que demuestre su condición como damnificado en procesos judiciales.
Argumentos
Luego de la lectura del dictamen, el legislador Claudio Romero (Vamos por Más) resaltó los puntos que establecen el término “masacre”, la ampliación en la cobertura de salud, el carácter vitalicio de la asistencia económica y sus aplicaciones. Sin embargo, adelantó: “La cláusula transitoria sabemos que todavía va a generar alguna discusión, que vamos a seguir trabajando de acá a la sesión, pero el plazo de 24 meses nos parece un plazo razonable y seguimos tratando de consolidar si es que puede existir o no algún otro tipo de alternativa”.
“El padrón se va a reabrir y va a tener dos años de plazo, pero además vamos a seguir insistiendo para que los beneficiarios que estén incluidos sean también aquellos que están reconocidos por el Ministerio de Salud como beneficiarios, como damnificados y justos beneficiarios de este resarcimiento que contempla el programa”, declaró Sebastián Nagata (Confianza Pública).
El legislador también resaltó la necesidad de escuchar a los principales damnificados a la hora de evaluar los diversos proyectos, y calificó al dictamen como “un avance muy importante”. En el mismo sentido habló Guillermo Suárez (UCR/Evolución), que insistió en que la apertura del padrón sea a partir del 1 de marzo de 2025.
Por su parte, Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria) expresó su disidencia con el dictamen propuesto e insistió con la incorporación de aquellos que están en el programa de salud. “No nos vamos a quedar con esto, hoy se da una firma de dictamen, pero el 12 esperamos poder dar una respuesta y mirar de frente a todos los que vinieron a hablar y decir que, después de 20 años, hicimos lo que teníamos que hacer como Estado”, agregó.
“No podemos seguir mirando para otro lado y decir que hoy es esta reparación. El Estado debió haberse hecho cargo hace mucho tiempo atrás; es necesario avanzar de verdad en una ley que contemple esa reparación, porque la vida de los familiares que hoy no están no van a volver nunca más”, puntualizó Cele Fierro (MST/Frente de Izquierda/Unidad).
También denunció al oficialismo por querer discutir la norma “con una calculadora en mano”, en relación con el Presupuesto 2025, y confirmó que su espacio no firmó el dictamen y que sólo acompañarán la norma si contempla a los sobrevivientes y familiares que están en dicho programa de salud. En la misma sintonía habló Mercedes Trimarchi (Izquierda Socialista-Frente de Izquierda-Unidad), que señaló que no están contemplados “todos los ítems que se venían peleando” y rechazó su apoyo a la resolución.
La voz de los sobrevivientes
Martín Genauer es Presidente de la Coordinadora Cromañón y sobreviviente de aquel hecho fatídico ocurrido el 30 de diciembre de 2004. Consultado por Infobae, aseguró: “Por un lado, estamos cansados de todo el laburo del año, por otro lado, ansiedad para que esto finalmente se resuelva”.
“Y también reconocimiento de que hemos logrado tener un dictamen con muchas de aquellas cosas que no nos regala nadie, que hemos sabido construir en los últimos diez años, como el carácter vitalicio de todas las reivindicaciones, un programa de salud integral, la cuestión de las familias que tienen más de un chico fallecido que puedan cobrar por la cantidad de los chicos y no una sola remuneración, el cambio de la palabra masacre reemplazando a tragedia”, agregó.
Respecto a la reapertura del padrón, afirmó tener un sentimiento ambiguo: “Así como podemos decirle a algunas víctimas que por fin van a ser reconocidas por el Estado, no podemos asegurárselas a otras, que no están en juicio y si, quizás, fueron años al psicólogo o tienen tratamiento físico por quemaduras, quebraduras o problemas cardiorrespiratorios. Y pareciera que eso no es prueba”.
Asimismo, estableció que están muy cerca de una “ley completa”, pero que una ley incompleta sería “realmente un hecho casi perverso”. Y ahondó: “Porque pareciera como que siempre te hacen volver a vivir la injusticia y la revictimización. Y en caso de que salga bien, siempre hasta último momento la incertidumbre de las víctimas acerca de algo que debería ser mucho más simple, que es el reconocimiento del Estado”.
Y concluyó en ser optimista de cara al jueves próximo, para lograr los acuerdos necesarios para la construcción de un padrón de víctimas legítimo: “Para la víctima, que el Estado le diga que la reconoce como tal y le reconoce los derechos, ya es una cura per se, más allá del remedio que le pueda dar después”.
Quien también habló con este medio fue Nicolás Pappolla, sobreviviente de Cromañón e integrante de El camino es Cultural, quien aclaró que, si bien se contemplan demandas históricas, “todavía sigue prevaleciendo una lógica inversa al momento de pensar Cromañón por parte del Estado de la Ciudad”, en cuanto a la falta de reconocimiento a los sobrevivientes y familiares que integran el Programa de Salud a Damnificados.
En tanto que enfatizó: “Merecemos y se merecen los pibes y las pibas que llevan casi 20 años sin tener el derecho a ser reconocidos como víctimas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que el 12 de diciembre llegue al recinto un acuerdo político y transversal en donde se los incluya y se les dé la posibilidad de ser reconocidos a los pibes y pibas que son pacientes del programa de Salud”.
Por último, Pappolla recordó que la Masacre de Cromañón “costó la vida de 194 pibes y pibas, en donde el 40% de ellos fallecieron por haber salido del lugar y volvieron a entrar para salvar vidas”. E informó del suicidio de 19 sobrevivientes “que salieron, pero no lograron sobrevivir”. Y determinó: “Todavía a muchos sobrevivientes les cuesta salir de la puerta de Cromañón y tienen que entrar a rescatarlos el Estado; los funcionarios no tienen que poner su vida en riesgo para eso, como lo hicieron cientos de sobrevivientes la noche del 30 de diciembre de 2004 entrando a una trampa mortal”.