La increíble trama del edificio que fue cedido a la Universidad de las Madres: “okupas”, una boa constrictora y un gallinero

La escena ocurrió pocos días antes del 11 de abril de 2018. Los testigos no recuerdan la fecha exacta. Sí que fue unos días antes de que Javier Alejandro Buján, Rector Organizador del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” firmara el documento dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, en la que certifica la “Entrega Pacífica” del edificio ubicado entre las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en el corazón del barrio porteño de Balvanera, frente a la estación Plaza Miserere.

El inmueble estaba ocupado “por familias de varias organizaciones sociales, de comunidades afro descendientes, migrantes, nigerianos”. Lo impactante de la escena, a la que describen como “bizarra”, fue que a medida que niños y madres abandonaban su hogar clandestino “un hombre se agachó y de una caja de cartón sacó y se colgó del cuello, una boa constrictora, y así se fue a la calle junto con varios perros y gatos”. Ocurrió en el segundo piso del inmueble con entradas sobre Rivadavia 2749/89, y Pueyrredón 19. El lugar pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en el organigrama está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Tres meses antes de la aparición de la serpiente, que aún eriza la piel de quienes relatan la anécdota que parece extraída de un libro de Gabriel García Márquez, el gobierno de Mauricio Macri, exactamente el 19 de enero, a través de Garavano y de la AABE, firmaba una “cesión precaria y gratuita” a instituto de estudios vinculado que había fundado la titular de Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La casa de altos estudios que conducía el actual presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján no tenía sede, se realizó un convenio para que utilizaran los dos primeros pisos del inmueble que, a mediados del siglo pasado, fue el Hotel Marcone.

El primer piso ya estaba ocupado. En 2005 el presidente Néstor Kirchner se lo cedió, de forma precaria, al piquetero Edgardo Depetri, líder del Frente Transversal Nacional y Popular.

En el mismo acto en que se concede el uso de las instalaciones al instituto educativo, se toman varias decisiones. A través del expediente “EX-2017-14342889-APN-DMEYD#AABE”, la Agencia de Administración de Bienes del Estado revocó el permiso de uso precario y gratuito para el tercer piso otorgado el 20 de julio de 2005 a la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas Del Atlántico Sur”.

También “el permiso de uso precario” del segundo piso que el 8 de agosto de 2012 el gobierno de Cristina Fernández le otorgó a otro dirigente piquetero amigo, Luis D’Elía, referente de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, y titular del partido MILES.

Buján, así está escrito en la abundante documentación que recopiló Infobae debía encargarse de “desalojar” a los intrusos del lugar. Lo consiguió con todos salvo con la familia que se había apropiado de manera ilegal el tercer piso. El uruguayo José Moisés Vázquez Burgueño vivía con una hija y su mujer, Alicia Esther Álvarez desde 2010.

Vázquez Burgueño tiene “certificación negativa” en la ANSES y en la AFIP está inscripto como “monotributista social” con fecha de inicio el 1 de septiembre de 2023 para la actividad “servicios de limpieza general de edificios”. Como dirección legal figura Avenida Rivadavia 2749/89, el decir el inmueble intrusado.

Los testigos que hablaron con este medio recordaron que Vázquez Burgueño, se resistió al ¨retiro pacífico” del edificio usurpado” el 5 de marzo de 2018 como el resto de las familia porque “mi situación es otra”, y le explicó a las entonces autoridades educativas porque “de palabra” “arreglé con la gente de la ABBE cuidar el edificio”. Ante la disyuntiva de tener que judicializar el caso, un hecho que podía demandar años, Buján optó por firmar un acta, -la número 121 de libro 86-, certificada ante el escribano nacional Aldo Hugo Sivilo, en la que que Vázquez Burgueño y familia “se comprometen a utilizar dicho espacio exclusivamente para vivienda”. Según los planos adjuntos en la documentación certificada, se les concedía una superficie de dos ambientes.

La documentación oficial y las fotos a las que accedió este medio acreditan que, a partir del “desalojo pacífico” -con boa constrictora incluida”, se remodeló el lugar. En el tercer piso -salvo la vivienda de Vázquez Burgueño- se acondiciona como salón de actos y eventos del instituto. En parte del segundo piso, se instalan las aulas (ver fotos).

La actividad académica comienza. Pero en 2019, con la llegada al poder de Alberto Fernández cambian las autoridades del Instituto -que en septiembre de 2023 por ley del Congreso pasa a ser Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo- y, durante la pandemia, se decide mudar las instalaciones del Instituto a dos edificios que también pertenecen a la ABBE: uno ubicado en la calle Defensa 117/19, en San Telmo, y otro en pleno Caballito, entre las avenidas Rivadavia 4615, esquina Río de Janeiro, en Caballito.

-¿Por qué el Gobierno de Alberto Fernández decidió mudar la sede del Instituto a otros edificios y no seguir ocupando el que ya había sido refaccionado en 2018?, le preguntó Infobae a Gustavo Pons, el vicerrector de la Universidad Madres de Plaza de Mayo.

-En relación con Pueyrredón 19, estaba en estado ruinoso. No había ascensor, las personas con discapacidad no podían subir, y a eso hay que sumarle lo que pasaba -y pasa aún- en ese edificio, más próximo a la escenografía de “okupas”, que un edificio universitario. No tenía habilitación ni había posibilidades de obtenerla. No podía ser sede de un Instituto Universitario. Tampoco permitía albergar al total de la matrícula. El edificio de la calle Defensa, compartido con la Procuración del Tesoro, permitió garantizar las prestaciones mínimas a nivel académico, seguridad e higiene. Esa fue la razón, respondió el directivo.

Tanto Pons como la rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Caamaño, también en diálogo con Infobae recordaron: “Cuando nos convertimos en Universidad, la Ley creo una Comisión de Traspaso de muebles, inmuebles, estudiantes, docentes y no docentes y esa comisión, que formaba parte del Ministerio de Justicia, en un acta, traspasó la sede de la calle Defensa y el inmueble de Rivadavia 4615, esquina Río de Janeiro, en Caballito, y nada más. El de Pueyrredón 19 no está porque ya no estaba en la órbita de uso del Instituto y nunca ingresó al patrimonio y gestión de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo”.

El acta del 15 de noviembre de 2023 está firmada por Caamaño, Oscar Alpa, en representación del Ministerio de Justicia y Adolfo Scrinzi, por el Ministerio de Educación.

El segundo y tercer piso ubicado en “la recova de once” no se traspasó. ¿La razón? Como se observa en los documentos oficiales, el gobierno de Fernández instaló, en el segundo piso, varias oficinas gubernamentales, entre ellas la del centro para asesoramiento de migrantes. El anuncio lo realizó el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos de entonces, Horacio Pietragalla Corti.

El tercer piso no se ocupó. Fue entonces que José Moisés Vázquez Burgueño, decidió expandir sus dominios. Se comenzó a utilizar el impecable salón de actos como escuela de danzas. Enseñan rumba, baile boliviano y hasta se ¿alquila? para “previas” y boliche con barra y parrilla “Montevideo”. El allanamiento policial demuestra que en el edificio a cargo del Estado se siguen realizando esas actividades sin autorización, pago de impuestos, y seguros.

Infobae dialogó breves minutos con Vázquez Burgueño. “Yo tengo todo arreglado con la gente de la ABBE de palabra. No tengo papeles. Hace 20 años que vivo con mi familia. Es verdad, la policía allanó mi casa. Las gallinas son mías. ¿Acá un boliche? No. Mire, se organiza algún que otro cumpleaños. Una vez los inspectores de la Ciudad nos clausuraron porque organizamos un cumpleaños. Boliche no. Lo que mostró el ministro Cúneo Libarona por la televisión es gente que enseña baile. Acá, en el tercer piso, nunca estuvo el instituto Madres de Plaza de Mayo. ¿El salón de actos? Bueno, sí, Buján lo usa unas pocas veces. Sí, es el mismo lugar dónde se enseña baile boliviano. ¿Si cobro alquiler? A usted que le importa. Vaya tranquilo nomás ya le dije lo que quería saber. Yo tengo arreglado todo de palabra. Vaya, vaya”.

-¿Una última pregunta?

-Dele.

-¿Cómo llegó usted a este lugar, digo, a usurparlo?

-Yo no usurpe nada. Mire, le cuento. Hace como 20 años, yo estaba con Luis D’ Elía en el partido político de él…

-¿MILES?

-Ese y el FTV. Tuve un problema, me quedé sin vivienda y cómo en el tercero estaba la gente de la organización de Malvinas, y ellos decidieron que no iban a usar el espacio, me permitieron quedarme. Y me quedé.

Vázquez Burgueño mantuvo el breve diálogo con Infobae en la entrada del edificio en Pueyrredón 19.

Ese medio se comunicó con D’ Elía para corroborar parte de los dichos del hombre que resistió irse del edificio en 2018, pero que ahora, por pedido del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, debería ser desalojado.

“Sí, laburo conmigo hace 20 años. En un momento a él lo desalojan de otro lugar y por las de él, se manda a tomar el tercer piso y se apropia del lugar. Hay cien testigos que pueden corroborar eso”, dice D’ Elía. “A nosotros eso nos enojó mucho. A nosotros nunca nos gusto que él, instigado por la mujer, haya hecho eso. Fue un acto mezquino”, opinó el piquetero quien agregó: “Dado que hay muchos que quieren judicializarnos, tengo las constancias que el segundo piso que ocupamos por quince años, teníamos el permiso por escrito por la ABBE, igual que Depetri, quien sigue en el primer piso. No hicimos nada que fuera ilegal. No intrusamos nada. Al contrario, a cambio manteníamos el edificio”.

El 21 de noviembre el ministro Cúneo Libarona fue tajante. En su cuenta X escribió: “SE ACABÓ LA JODA”. Y explicó: “En un edificio destinado a ser una universidad, en lugar de estudiantes y aulas, encontramos una bailanta con luces, parlantes, alcohol y comida. Para quienes se divertían a costa del dinero de los argentinos, la fiesta terminó. Ahora enfrentarán todo el peso de la ley”.

Sus palabras estaban acompañadas por cincuenta segundos de imágenes. Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), barreta en mano, abrían puertas, forzaban candados, registraban gigantografías con la imagen de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, del piquetero Luis D’ Elía, de un dólar con la inconfundible figura de Al Pacino caracterizado como el gánster Tony Montana en Scarface. Boletas del candidato a intendente de Moreno Walter Festa, cuadros de Evita, de los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales. Equipos de música, una barra de boliche, botellas de bebidas alcohólicas, un escenario con cortinas rojas, una pista de baile, luces rojas, azules y verdes. Dos habitaciones revueltas. Y un corral con cuatro o cinco gallinas ponedoras coloradas. El gallinero de madera y tejido está construido en lo que alguna vez fue un balcón.

El compilado policial está musicalizado y con insert de parejas bailando rumba en la misma pista de cerámicos blancos y negros que antes era el salón de actos del Instituto Madres de Plaza de Mayo.

En los dos pisos requisados por los uniformados vestidos con camperas azules y tres letras amarillas en la espalda “PFA” debía funcionar, según el ministro del gabinete de Javier Milei, la sede de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Sin embargo, había, palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, un boliche clandestino y un “búnker político” del dirigente D’ Elía. También había oficinas del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otras reparticiones oficiales que se estaban mudando en pleno operativo ordenado por la jueza federal María Romilda Servini.

Los papeles indican que, hasta después de la pandemia eso era así. Sin embargo, al menos a partir de 2021, la casa de estudios se mudó y ese lugar fue cedido por la AABE al ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nunca motorizaron el desalojo del tercer piso a pesar de ser un edificio del Estado bajo el resguardo de la ABBE.

Ahora Cúneo Libarona solicitó a la justicia el desalojo. Infobae accedió a parte del informe policial que labró la Policía Federal que allanó el lugar -las fotos que ilustran esta nota son de esa medida-.

En el informe del allanamiento, se dejó constancia que los uniformados son recibidos por “Alicia Ester Álvarez, argentina de 57 años de edad, ama de casa -es la mujer de Vázquez Burgueño – Y la reseña del allanamiento describe: “Se ingresó al inmueble sito en la Avda. Pueyrredón 19, de esta Ciudad, con el objeto de constatar el tipo de actividad que se desarrollan en el 2do y 3er piso del lugar. Se pudo constatar que el inmueble posee solo un ingreso, el cual da a la Av. Pueyrredón. Se ingreso al segundo piso, constatándose que funcionaba el Centro de Integración Inmigrantes y Refugiados- perteneciente a la Secretaria de DDHH del Ministerio de Justicia de la Nación-, la cual funciono hasta el día viernes 15 del corriente. En el lugar se encontraba la responsable de la mudanza. Siendo que el mismo se hallaba casi sin inmobiliario. (Periodo funcionamiento 2021-2024)”.

Y el relato policial continúa: “Seguidamente, se concurrió al tercer piso, allí se constató que reside una familia de apellido Vázquez, siendo recibido por la Señora Alicia Ester Álvarez de Vázquez quien vive en el lugar con su esposo y 4 hijos, desde hace 20 años a la fecha, no pagando ningún tipo de alquiler por el lugar, a la vez es vivienda de toda la familia, donde tienen un sector de gallinero con dos gallinas (son más según las imágenes), y en el inmueble conviven con cuatro perros”.

Ahora serán los tribuales los que deberán resolver si corresponde el desalojo del gallinero, la bailanta, los perros y la familia Vázquez Burgueño. También si hay responsables en los organismos del Estado por la supuesta “malversación de los inmuebles” por los que los gobiernos deberían velar ya que se mantienen con el impuesto de los contribuyentes.

En su presentación judicial el ministro Cúneo Libarona expreso que: “La situación es tan ilegal, grosera y disparatada que no solo ha vulnerado el derecho del Estado de disponer de un bien público para cumplir con fines legítimos, sino que ha facilitado la creación de un espacio de uso personal, político y comercial sin ningún tipo de control ni justificación”.

En la exposición judicial, que tramita en el juzgado de Servini, el ministro solicitó, entre otros puntos: “Se determine la responsabilidad de los funcionarios y personas involucradas en este hecho escandaloso y se adopten las acciones legales necesarias y el desalojo para corregir este grave desvío de los recursos públicos”.