“Es un mensaje institucional muy importante que un corrupto vaya preso”, celebró la ex fiscal que investigó a Sergio Urribarri

La Cámara de Casación Penal ordenó ayer la detención del exgobernador de Entre Ríos y ex embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, tras ser encontrado culpable por distintos hechos de corrupción. Cecilia Goyeneche, exsubprocuradora de Entre Ríos, lo siente como un triunfo propio. Fue echada en 2022 por coordinar esa investigación.

“Estoy satisfecha con que se haya producido la detención. Es un mensaje institucional muy importante que, finalmente, un corrupto condenado por hechos graves vaya preso y cumpla con lo que se le impone”, subrayó a radio Mitre la ex fiscal anticorrupción de Entre Ríos, tras conocerse la sentencia de las camaristas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, que dictaron la prisión preventiva de Urribarri ante el riesgo de fuga.

Durante el juicio, el ex gobernador tuvo que afrontar diversas acusaciones en su contra, entre las que se incluyó la manipulación de contrataciones públicas y desvío de dinero público que favorecían a empresas asociadas a familiares suyos; entre ellos, su cuñado Juan Pablo Aguilera, quien también fue detenido.

Las denuncias arrancaron cuando Urribarri acababa de iniciar su mandato como gobernador (2007-2015), a raíz de las investigaciones del periodista Daniel Enz, director de la Revista Análisis. Goyeneche recordó que el proceso judicial avanzó cuando el exmandatario ejercía como presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y “era una persona con mucho poder en la provincia”.

Tanto Enz, que fue denunciado penalmente, como Goyeneche, sufrieron represalias de parte de Urribarri. La ex fiscal terminó siendo destituida, en un proceso cuestionado en su legitimidad y que fue recurrido ante la Corte Suprema de Justicia.

“Los problemas empezaron cuando vieron que el juicio se iba a realizar en 2021 y no eran eficientes en su trabajo para parar esas investigaciones. A partir de ahí, empezaron los hostigamientos mediáticos. La estrategia de los corruptos es cuestionar la voz de quien lleva adelante la acusación. En vez procurar probar que son inocentes, buscan destruir quién lleva la acusación. Eso es lo que trataron de hacer”, consideró.

El caso de Urribarri involucra contratos publicitarios inexistentes a través de una empresa ligada a su cuñado, Aguilera, que incluía montajes de fotos trucadas para probar que la contratación del Estado provincial se había realizado, cuando en realidad eran inexistentes. “El Estado entrerriano, con la firma de Urribarri, desvió contratos del Estado y todo se contrataba a través de esa empresa”, reconstruyó Goyeneche. Ese expediente fue bautizado como “la causa de la vaca”.

“Los peritajes de las fotos arrojaron que habían sido trucadas con Photoshop muy berreta. Aparecía siempre la misma vaca en la misma posición adornando la foto con los carteles”, señaló la ex fiscal, y resaltó: “Eran contrataciones que no existían”. También se lo halló responsable de un esquema de cartelización de publicidad en vía pública, en el que se halló que Urribarri adjudicó contratos millonarios ilegalmente a personas cercanas como testaferros.

Tras el fallo condenatorio en abril de 2022, Urribarri presentó su renuncia como embajador en Israel, que había asumido durante la gestión de Alberto Fernández. El exgobernador recibió su sentencia en un contexto no ajeno a la política. Es que las maniobras publicitarias descubiertas correspondían a un intento de posicionarlo como candidato presidencial. “La campaña de publicidad para posicionar su imagen a nivel nacional en 2015 la pagamos los entrerrianos con fondos públicos”, afirmó.

Antes y después de su condena, Urribarri, ahora asistido por el abogado capitalino Fernando Burlando, buscó revocar las decisiones judiciales infructuosamente, puesto que el Superior Tribunal de Justicia cerró todas las apelaciones en abril de este año al confirmar el fallo condenatorio.

Fue en ese marco que la Cámara de Casación Penal hizo lugar a una apelación de la Fiscalía basada en el “riesgo de fuga” y dictó la “prisión preventiva”, ante las maniobras del exmandatario para eludir la sentencia condenatoria. Ayer, lo trasladaron al Penal 1 de la ciudad de Paraná.

Cecilia Goyeneche coordinó al grupo de fiscales que investigó al exgobernador Sergio Urribarri en la causa por la que este martes fue detenido. Fue sometida a un jury y removida de su cargo por haber “perdido el atributo de objetividad”. Ella considera que fue todo parte de una persecución política, por lo que ahora espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restituya como subprocuradora de Entre Ríos.

En junio pasado, el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó en favor de Goyeneche. Le planteó a la Corte que hubo una “grave violación a la garantía del debido proceso” en el trámite de desplazamiento de la exfuncionaria.

“Tengo mi destitución recurrida ante la Corte. En junio, el procurador Casal hizo un dictamen favorable a mi posición sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Dice que todo el procedimiento había sido ilegal”, afirmó la abogada y ex fiscal anticorrupción.