El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dictaminó que el intento de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de auditar las universidades nacionales es “inconstitucional”, alegando que supone una agresión contra el sistema republicano y que la autonomía de las instituciones está contemplada en la Carta Magna. Se señaló al Congreso como el órgano constitucionalmente autorizado para los controles.
El dictamen, al que accedió Infobae, surgió a raíz de una consulta de Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien solicitó una opinión técnico-jurídica sobre el control externo e interno de las universidades.
Se advirtió que la autonomía y autarquía están reconocidas por la Constitución Nacional, “como manera de reconocer su aporte fundamental a la libre educación de calidad, investigación del conocimiento científico y extensión universitaria, todo para el mejoramiento del país, sin intervención del gobierno de turno”.
No es que las universidades estén fuera de todo control estatal, sino que esto es “exclusiva y excluyentemente” por medio de los órganos constitucionales. “Debe primar una lectura autonómica por sobre todo intento interventor del Poder Ejecutivo”, señaló el documento.
Con respecto al control interno, el colegio advirtió que este le compete a las propias universidades. En el caso de la UBA, se hace a través de los órganos electos democráticamente: unidades de auditoría interna, el Consejo Superior, Consejos Directivos y demás. Las auditorías externas, en tanto, corresponden al Congreso, a través de la Auditoría General de la Nación, que sí tiene rango constitucional.
“No se debe de ninguna manera confundir esto con el control interno del Poder Ejecutivo nacional a cargo de la Sindicatura General de la Nación que, por su parte, es un órgano que no tiene jerarquía constitucional”, advirtió el documento. Y es que la SIGEN depende del presidente y y solo tiene competencia en el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo.
Qué dice el dictamen sobre la Procuración del Tesoro
El pasado mes y en medio del conflicto que se desató luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario, que derivó en una serie de tomas de instituciones educativas por parte de alumnos y docentes, el Gobierno firmó una resolución que lo habilitó a auditar las casas de altos estudios.
De acuerdo con el documento, firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos que se destinan a estas entidades.
“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señaló el dictamen de Barra.
Al respecto, el colegio advirtió que la Procuración del Tesoro depende directamente del presidente y, bajo tal naturaleza, sus dictámenes pueden “cambiar de postura” de la misma forma que puede cambiar el criterio de su superior. En tanto, la opinión del procurador “no cambia, ni resta, ni puede mutar” el principio de autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
La conclusión del Colegio de Abogados
“Incumbe al Congreso de la nación, de forma indelegable, exclusiva y excluyente, el examen y la opinión sobre el desempeño y situación general de la administración pública, que estará sustentado en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”, concluye el documento.
Se señaló que “de ninguna manera” una decisión del Poder Ejecutivo nacional puede “soslayar el mandato y avanzar sobre la clara atribución constitucional”.
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