Minutos después de que se postergara la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición planeaba modificar la ley de DNU y rechazar el decreto 846 sobre reestructuraciones de deuda, el PRO convocó a una sesión especial para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los políticos con condena firme por casos de corrupción ser candidatos a cargos nacionales.
La medida podría tener un alto impacto político si esta semana la Cámara de Casación confirma la pena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El texto del dictámen de mayoría establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.
Quedarían incluidos los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Por su parte, el peronismo presentó un dictamen de minoría que aclara que las condenas quedan firmes únicamente cuando la última instancia se expide, es decir la Corte Suprema. Además, suma a la lista diferentes delitos económicos.
En la misma sesión también se debatirá un proyecto que introduce en el derecho penal el concepto de reiterancia delictiva, que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. “A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”, plantea el texto. Es decir, comenzaría a considerarse como argumento para determinar la prisión preventiva durante una investigación.
Finalmente, también se tratará una iniciativa para reglamentar el voto de argentinos residentes en el exterior que, entre otros puntos, habilita la vía postal. Se establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio nacional “son titulares del derecho a votar en todas las instancias” de las elecciones nacionales que deciden cargos “en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país”. En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional “es responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho”.
El voto por correo desde el exterior había sido habilitado en enero de 2019, durante el gobierno de Cambiemos, a través del decreto 45/19 que permitía que los argentinos residentes en otros países se inscribieran en un registro online para no tener que trasladarse hasta la sede diplomática más cercana. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández dejó sin efecto esta medida -también por decreto- en 2021. Así, se volvió a establecer el sistema por el cual los residentes en el exterior pueden votar únicamente en la “mesa receptora de votos”.
“Los argentinos residentes en el exterior podrán manifestar la voluntad de emitir su sufragio por correo postal. Para ejercerlo, deberán inscribirse desde 150 hasta 90 días corridos antes de la fecha de celebración de las elecciones generales; presencialmente, en la representación diplomática o consular correspondiente a su residencia; o vía internet, en el registro digital que la Cámara Nacional Electoral deberá habilitar a tal fin”, dice el proyecto.
Si bien los tres proyectos fueron históricamente impulsados por el PRO, desde la bancada oficialista adelantaron que los apoyarán en el recinto.
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