En medio de la disputa con el Gobierno, médicos del Garrahan expondrán mañana en el Senado

En medio de una agenda legislativa que incluye el tratamiento de la ley denominada “Nicolás”, un proyecto ya aprobado por Diputados sobre el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, el Senado escuchará mañana testimonios de médicos del hospital Garrahan, una de las instituciones pediátricas más reconocidas del país, quienes están en tensión con el Gobierno nacional por una recomposición salarial.

Las comisiones que permitirán el debate, desde las 11, son las de Salud; y de Legislación General del Senado. La primera es comandada por la médica cristinista y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; mientras que la segunda la maneja el presidente provisional de la Cámara alta, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

Desde algunos despachos temen, como ocurrió con otros temas, que la oposición kirchnerista utilice a los expositores como catapulta para denostar al Gobierno, pese a que durante meses demoró en integrar varias comisiones. De hecho, legisladores recuerdan los inconvenientes que tuvo el Garrahan, como otras instituciones médicas, durante la gestión de Alberto Fernández.

Los últimos conflictos en el área de salud y la mala anticipación de Casa Rosada derivaron, el último fin de semana, en un intento de revisar la dependencia de los centros de salud en relación con la jurisdicción nacional. “El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias”, planteó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El principal funcionario político de La Libertad Avanza dijo, en declaraciones a radio Mitre, que “no tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar” y que “es un tema que tenemos que considerar”. Vale considerar que el 20% de los fondos del Garrahan provienen de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el establecimiento pediátrico premium de la Argentina, que tuvo un recambio de autoridades en el Consejo de Administración tras la polémica por un bono de $500.000, Francos dejó en claro que “es un hospital importante para el país, porque marca una política nacional”, pero que “habrá que ver cuál es la mejor forma de su gestión y administración”.

Desde las 14 del miércoles, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior; y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, que comandan la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), respectivamente, darán inicio a la discusión del proyecto antimafia. Expondrán el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el titular de la unidad Gabinete de asesores de dicha carteta, Carlos Manfroni.

El proyecto de abordaje del crimen organizado, que fue aprobado con 137 votos a inicios del corriente mes en Diputados, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

La iniciativa contempla una pena más alta de ocho a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Otro punto muy importante es que el castigo por delito más grave que le corresponda a quien cometió un delito también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

Durante su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.