Los bloques de senadores y diputados de Unión por la Patria tachan los días en el calendario para intentar derogar otro Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei. Se trata del DNU 846/2024 que habilitó al Ejecutivo a llevar adelante un canje de deuda sin pasar por el Congreso de la Nación y sin cumplir con un artículo clave de la Ley de Administración Financiera (LAF) que obligaba, ante una eventual operación de este tipo, a obtener mejoras en al menos tres variables: plazos, intereses o quita de capital.
La norma establece que una vez que ingresa el DNU al Congreso de la Nación, la comisión bicameral de tratamiento de este tipo de norma tiene que llamar a sesionar para dictaminar sobre el mismo. Sin embargo, el plazo se cumple el próximo martes 22 de octubre y hasta ahora no está en agenda que la misma se reúna.
A partir de esto, según confiaron desde el bloque kirchnerista del Senado, tienen definido que van a pedir una sesión especial para el día siguiente, 23 de octubre, para llevar a votación el DNU con la intención de rechazarlo en la Cámara Alta.
En la misma línea se moverán los diputados de Unión por la Patria que días atrás señalaron en conferencia de prensa que también buscarán ir al recinto si no es tratado en la comisión. El jefe del bloque, Germán Martínez, lo adelantó e hizo referencia a que buscarán el acompañamiento de otros bloques para poder derogarlo. “Hoy es difícil saber si tenemos el número, hay que trabajar”, agregó. “El resto no está muy lejos de lo que estaban hace cuatro meses atrás”, consignó.
Por último, Martínez dejó un aviso hacia el sector privado más que al público: “No vamos a reconocer ningún tipo de canje de deuda que se haga dentro de este DNU”.
Respecto a la norma para eludir al Congreso, el jefe del bloque en la Cámara de Diputados advirtió: “Lo intentaron con la Ley Bases y también lo plantea el Presupuesto. La pregunta es por qué el apuro, y todo hace suponer que es lo que se denomina ‘actos preparatorios’ que no es más que construir un camino jurídico para hacer un proceso de canje de deuda formal o informal, de espaldas al Congreso y sin cumplir la ley”.
En la misma línea fue el posicionamiento de José Mayans, presidente del bloque en el Senado, quien agregó: “Les recomiendo no hacerlo porque les van a llover las demandas”.
El formoseño explicó que la administración de La Libertad Avanza “aumentó la deuda pública en 81.000 millones de dólares” y sentenció: “Hay una realidad respecto a este gobierno es que buscan todo el tiempo reformar leyes por decreto, eso no se puede”.
El decreto 846 de canje de deuda busca esquivar dos discusiones. El primero es el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que exige que cualquier operación en moneda extranjera debía mejorar al menos dos de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos.
Pero la preocupación de la oposición no sólo apunta a que el Gobierno podría realizar un canje que sea ruinoso para el país ya que no tiene la obligación de cumplir con el requisito de mejora de alguna de las situaciones, sino que además el DNU también habilita la suscripción de deuda pública, independientemente de la moneda de pago, lo que permite al Tesoro realizar canjes de títulos en pesos a cambio de papeles nominados en otras monedas. Este cambio se suma a la creciente preocupación del Gobierno por cómo afrontar los pagos de deuda externa en 2025, especialmente con la incertidumbre actual en torno a las reservas y las negociaciones en curso con el FMI.
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