La Cámara Federal de Casación Penal, tras un planteo de Parques Nacionales, echó por tierra el acuerdo alcanzado a instancias de la mesa de diálogo que convocó el gobierno de Alberto Fernández con los usurpadores. El organismo que conduce Cristian Larsen tiene una postura firme con los miembros de la comunidad autoproclamada mapuche Lafken Winkul Mapu: no hay margen para negociación alguna.
El acuerdo establecía la cesión de uno de los espacios usurpados en noviembre de 2017 y la construcción de viviendas para albergar allí a la autoridad espiritual del grupo, Betiana Colhuan y a personas de su entorno cercano, entre otros beneficios.
Larsen expresó su rechazo al acuerdo y solicitó, a través de los representantes legales, la anulación del “polémico” pacto. El ex funcionario Horacio Pietragalla Corti, quien lideró la cartera de Derechos Humanos durante la gestión de Fernández, había celebrado el acuerdo.
A partir de la decisión que adoptó la Sala II de la Cámara de Casación, y por pedido de los imputados, convocó a las partes a una audiencia conciliatorio que fracasó por la ausencia de dos de las imputadas, Martha Jaramillo y Yéssica Bonnefoi. El encuentro fue reprogramado para más adelante.
A pesar de la suspensión, Parques adelantó la postura de “no negociar” con quienes usurparon, vandalizaron y atentaron contra los funcionarios públicos, y menos aún con quienes desconocen la existencia del Estado Argentino como tal.
En ese sentido Larse, en diálogo con Infobae, aseguró que “no hay posibilidad de una conciliación con quienes han ejercido actos de violencia contra ciudadanos y funcionarios del Gobierno Nacional. No vamos a dialogar con aquellos que agreden, agravian y niegan la existencia del Estado Argentino”.
Es decir que la conciliación prevista como requisito previo a la audiencia judicial prevista para fin de mes, podría fracasar. En ese caso los imputados avanzarían hacia el juicio.
La participación de la comunidad Lafken Winkul Mapu en los hechos denunciados, está acreditada. Incluso sus mismos integrantes se adjudicaron públicamente los avances territoriales, los ataques vandálicos y los atentados. Negaron haber agredido a los funcionarios judiciales y a efectivos de distintas fuerzas de seguridad, aunque la lógica indicaría lo contrario.
Los mapuches anhelan regresar a los predios de Parques Nacionales, de donde fueron desalojados el 4 de octubre de 2022, bajo el argumento de que son tierras sagradas. Tienen, a su favor, la decisión de la Justicia Federal de conservar una estructura amorfa de madera a la que consideran “sagrada” – denominada rewe- la cual aún se erige en el territorio fiscal en litigio.
Como estrategia intentarán darle validez al acuerdo que rubricó Pietragalla Corti, a través del cual no sólo les devolvía las tierras que habían usurpado en 2017, sino también les otorgaba 10 hectáreas en inmediaciones del lago Guillelmo, a unos pocos kilómetros de Villa Mascardi.
Durante la negociación con los funcionarios del gobierno anterior, referentes de los Pueblos Originarios incluso expresaron su disgusto con esas tierras por considerarlas insuficientes para llevar adelante sus actividades de sustentabilidad, aunque luego terminaron por aceptarlas con la idea de negociar por otra fracción aún mayor.
La Mesa de Diálogo que instauró el gobierno de Alberto Fernández afectó el proceso para juzgar a los usurpadores. El juez federal de General Roca hizo lugar al planteo político y postergó el proceso judicial, en lo que fue considerado una “clara intromisión de poderes”.
Ahora Parques, y el gobierno de Javier Milei, definieron seguir adelante con las querellas a los imputados y dar curso al debate oral y público. Fueron enfáticos al defender su postura: “no hay voluntad conciliatoria”.
Los imputados en la causa, integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, son Martha Jaramillo, Betiana Colhuan y su pareja Matías Santana, Romina Rosas, los hermanos Cristian y Juan Pablo Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil.
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