A días de haber iniciado una investigación interna contra el ex jefe de la Gendarmería Nacional por estar involucrado en la causa de los Seguros, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que la investigación disciplinaria esté a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia.
La titular de la cartera anunció a comienzos de mes el inicio de una investigación interna contra el ex director nacional de la fuerza, Andrés Severino, luego de que se conociera que su nombre aparece mencionado en los chats que halló la Justicia en el teléfono de la secretaria del ex presidente Alberto Fernández, en el marco de lo conocido como el escándalo de los seguros.
“El ministerio de Seguridad instruyó a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a iniciar las actuaciones disciplinarias y las correspondientes investigaciones para determinar la responsabilidad de Andrés Severino (ex director nacional de la GNA durante el gobierno de Alberto Fernández) y de todas las personas que pudieran estar involucradas en los actos de conocimiento público, en relación a los contratos de seguros suscriptos que habrían otorgado cuantiosas comisiones para sus intermediarios”, informó días atrás el Ministerio a través de un comunicado.
Ahora, mediante la resolución 786/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad intervenir en las actuaciones disciplinarias iniciadas contra Severino, con el objetivo de establecer si hubo irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
De esta manera, estableció que la dirección “colaborará con las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal, en la medida en que ellas lo permitan, en las investigaciones orientadas a esclarecer el caso e identificar a los responsables, siempre en el marco de los hechos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”.
A su vez, instruyó al “director nacional de la Gendarmería y a toda las áreas que hayan tenido una participación directa o indirecta en la contratación de seguros y otros beneficios cuya prima se descuenta de las planillas de remuneraciones del personal, a resguardar bajo su responsabilidad la totalidad de la documentación vinculada con las contrataciones y negociaciones correspondientes a esos rubros, a partir de 2021, inclusive”.
En su considerando, la norma alega que “las investigaciones llevadas a cabo por la justicia relacionadas con los contratos de seguros por parte de diversos organismos del Estado nacional surge que estos contemplaban una participación de intermediarios (brokers) que encarecían innecesariamente el costo del producto, fundamentalmente a partir de la emisión del decreto N° 823/21 que instruía la contratación con la Empresa Nación Seguros S.A”.
“Casos como el presente, que involucran posibles actos de corrupción, requieren un control del Ministerio de Seguridad en forma simultánea con la tramitación de las actuaciones disciplinarias, sin perjuicio de la actividad que el ministerio ya ejerce con el objeto de garantizar la mayor transparencia en la investigación”, argumentó la cartera.
En el comunicado difundido la semana pasada, el Ministerio ya había advertido que “de hallarse cualquier tipo de irregularidad, se tomarán las medidas pertinentes y, de corresponder, se dispondrá la exoneración del personal que esté involucrado”.
La causa de los Seguros
La denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por las supuestas maniobras para beneficiar a su entorno más cercano con negocios en el Estado durante su gestión fue lo que derivó en una serie de medidas judiciales. Una de ellas fue el secuestro de alrededor de 30 teléfonos de personas involucradas, entre ellas, María Cantero, la secretaria de Fernández.
Luego de una revisión exhaustiva del contenido hallado por parte de la Justicia, se conoció que existen diálogos que probarían las sospechas. Allí, Cantero se comunica con el ex presidente comentándole sobre lo que serían gestiones con distintos funcionarios para avanzar en contrataciones de los servicios que ofrecía su marido, Martínez Sosa.
La denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por las supuestas maniobras para beneficiar a su entorno más cercano con negocios en el Estado durante su gestión, fue lo que derivó en una serie de medidas judiciales. Una de ellas fue el secuestro de alrededor de 30 teléfonos de personas involucradas, entre ellas, María Cantero, la secretaria de Fernández.
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