La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por “extorsión” y “facturas truchas” que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella: a lo largo de 44 legajos investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas, concentraciones, volanteadas políticas y actos en estadios y espacios públicos en dónde debían vivar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria. La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y entre ellas destacan el Movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete.
Pérsico estaba de los dos lados del mostrador. También era el titular de la Secretaría de Economía Social, que funcionaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social. Es el mismo caso de Menéndez, que era funcionario en la misma repartición y en la actualidad es Subsecretario de Economía Popular del gobierno de Axel Kicillof.
También se pesquisan organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado a Eduardo Belliboni, Libres del Sur, su principal líder es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y, entre otros, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTE).
Al juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.
Por una cuestión práctica, el magistrado y su secretario, Diego Quiroga, dividieron las dos causas en 44 expedientes agrupados en movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y de investigación en el campo se canalizan a través de Prefectura Naval argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia Bullrich.
Los agentes son los encargados de chequear cada uno de los datos denunciados en los llamados telefónicos al 134.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, “la mayoría de los dichos de las personas que denunciaban ser extorsionadas y apretadas fueron corroborados de manera fehaciente”.
Si bien la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación “está muy avanzada”. En estos momentos se sigue acreditando direcciones e identidades de los dirigentes sociales mencionados en las denuncias telefónicas.
Los lugares que ya fueron corroborados complican a las organizaciones que concentran buena parte de sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el Polo Obrero, entre los movimientos más importantes.
Las diligencias de Armella también determinaron que comedores que recibían alimentos no existen, fueron cerrados o que las direcciones eran falsas.
Los dichos de las denuncias que más destacan son “te vamos a sacar el plan” porque no asisten a las marchas o concentraciones; otras en las que se advierte porque “estás llevando poca gente”; o “hacen mucho que no van” o “hace mucho que no se movilizan”. También se denunció que en vez de asistir a la cooperativa de trabajo o al comedor, lugares que oficiaban de Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, debían asistir a una actividad partidaria o piquetera y en ese lugar se le pasaba lista. A los tres ausentes se tramitaba ante la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo de Pérsico la baja al plan.
Otras víctimas directamente referían que los referentes sociales le quitaron el plan o los amenazaron con hacerlo.
“Me llamaron de mi organización y me dijeron que hace mucho que no movilizamos y que por eso me daban de baja al potenciar”, se lee en una de las trascripciones asentadas en el legajo. Otros recibían el lapidaron mensaje de “te quedaste afuera” o “te vas a quedar afuera la próxima vez que faltes a la marcha”.
También hay referencias a exigencias como la de repartir volantes a favor de los candidatos de Unión por la Patria.
Los investigadores a cargo de Armella esperan terminar de reunir la información de campo para ordenar intervenciones telefónicas y posteriormente los allanamientos. Por esa razón por el momento se reservan los nombres de los dirigentes mencionados.
Así como en las causas que tramitan en el fuero federal porteño, una gran mayoría de dirigentes están vinculados al Polo Obrero, en el juzgado federal de Quilmes el mayor peso de las denuncias parecerían recaer en movimientos sociales peronistas como el Movimiento Evita.
La línea 134 que puso a disposición el Gobierno a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya reportó más de 170.000 llamados realizados contra organizaciones sociales y algunos sindicatos a lo largo y ancho del país. Lo hicieron las personas más vulnerables que recibían un plan social por parte del Estado y eran, según informaron, extorsionadas y amenazadas. En los juzgados que investigan estas presuntas maniobras delictivas están pobladas de nombres y apellidos, pertenencias a organizaciones, vídeos capturas de pantalla y correos de voz.
En todos estos casos, la recopilación de datos, antes de ser aportados a los tribunales, fueron realizados por funcionarios de los ministerios de Seguridad de Capital Humano, este último a cargo de Sandra Pettovello, quien ayer denunció un hecho de “intimidación” ya que desconocidos intentaron ingresar a su propiedad, ubicada en un barrio cerrado de la zona oeste del conurbano bonaerense.
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