En medio de la reorganización de la estructura de funcionamiento del Senado, con legisladores aún sin despacho y salones de toma de decisión “pelados”, Infobae accedió a una resolución del 25 de octubre pasado -tres días después de las elecciones generales- que incorporó, en la planta permanente de la Cámara alta, a 138 agentes del sector transitorio relacionados con el macrismo, los sindicatos, el radicalismo y, más dispersos, del kirchnerismo y bloques entonces aliados al Unión por la Patria.
La resolución 847-2023, firmada por la entonces secretaria administrativa y actual diputada provincial del camporismo, la pampeana María Luz Alonso, está basada en pedidos de senadores del PRO, como los bonaerenses José María Torello -muy cercano al expresidente Mauricio Macri- y Gladys González, cuyos mandatos vencieron con la renovación del 10 de diciembre último.
En el documento se argumenta, tras la solicitud inicial del ex jefe de bloque del PRO en la Cámara alta, el misionero Humberto Schiavoni -en representación de Torello y González-, en la “cobertura de las vacancias de la planta permanente de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Honorable Senado de la Nación”.
De hecho, desde Juntos por el Cambio reconocieron a este medio que, ante consultas realizadas en aquella época a Schiavoni sobre la gestación de la normativa y la viabilidad de agregar a agentes propios, el ex senador misionero aseveró que era un acuerdo del oficialismo con los sindicatos y que no tenía ningún margen de acción.
La resolución de Alonso también incluye los pedidos del secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; y de su par de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Congreso, Claudio Britos.
En el texto también se fundamenta que “la ley 24.600 -Estatuto y Escalafón para el personal del Congreso de la Nación- establece dos plantas de revista para los trabajadores legislativos y las trabajadoras legislativas, siendo las mismas la permanente y temporaria”, y que los involucrados “cuentan con la evaluación y la idoneidad requerida por la ley” y “han acreditado los requisitos establecidos” en la normativa en cuestión.
La resolución además expresa que la Dirección de Administración de Personal informó que los agentes “no presentan impedimentos para el dictado del correspondiente acto administrativo”, y que las Direcciones General de Asuntos Jurídicos, de Administración, y de Recursos Humanos “tomaron la intervención de su competencia”.
A la hora de revisar el documento -anexos con número de legajo, lo que complejiza la búsqueda por nombre- no sólo aparecen las personas reclamadas por el macrismo y los gremios, sino también del radicalismo y del kirchnerismo, entre otros. Incluso, con categoría A-1, la más alta del escalafón.
Este decreto y otras tantas resoluciones están a la espera de ser revisadas por la flamante secretaria administrativa, María Laura Izzo. Infobae intentó sin éxito comunicarse con la funcionaria para consultarle sobre éste y otros temas, como la obra social del personal legislativo.
Quienes quedarían “salvados” de un potencial escaneo son las decenas de planta permanente decretadas a fines de julio de 2022. Para ese caso, el kirchnerismo buscó darle más de un año de vigencia -antes de la finalización de la gestión- y así evitar un escenario de observación.
Dentro de ese lote hay situaciones como el personal “político” o de “Gabinete” que aterriza con una gestión y que luego queda incluido en la planta permanente de la Cámara alta. Uno de ellos es el de Carlos Mario Mangiavillano, designado como Director de Legal y Técnica el 1 de febrero de 2020, durante la gestión de Cristina Kirchner. Izzo también podría comprobar que, cerca de su despacho, tiene a personas que revisten la misma situación que Mangiavillano, pero de la gestión de Gabriela Michetti, que pasaron de ahí a planta transitoria y, seguido a ello, a permanente. En algunos casos, tomarán decisiones importantes en el trabajo que tendrá la Cámara alta.
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