Al menos cuatro denuncias se están tramitando en los Tribunales de Comodoro Py contra Raúl Castells luego que el dirigente piquetero reconociera públicamente haber convocado a los saqueos en varias provincias.
La primera había sido impulsada desde Republicanos Unidos, con la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza. Lo acusan al líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que reprime con prisión de 2 a 6 años a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. La presentación recayó en el juez federal Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en la Fiscalía de Alejandra Mangano.
Luego se sumó la presentada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y ayer las otras dos: una la hizo la diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentación que cayó por sorteo en el Juzgado Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello; mientras que la otra la hizo la abogada Elizabeth Márquez y le tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
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Fuentes de Comodoro Py adelantaron que se espera que en las próximas horas todas las denuncias se acumulen a la que ya comenzó a tramitar la fiscal Mangano, quien solicitó las primeras medidas de prueba para determinar si Castells o sus seguidores estuvieron involucrados.
Entre otras medidas, la fiscal le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través de la fuerza federal que designe y por intermedio de sus pares provinciales, se lleve adelante un relevamiento sobre los episodios para determinar datos concretos: la referencia geográfica, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación, y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante.
Mangano también solicitó un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet “para identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país”. Finalmente, reclamó un pedido de informes a la ministra de Desarrollo Social de la Nación relativo al funcionamiento del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitario (RENACOM).
El martes luego de los violentos episodios, Castells declaró ante Crónica TV: “Nadie está robando nada en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Moreno y Mar del Plata, la gente está saliendo a buscar comida, y si no encuentra comida nosotros, que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida”.
Tras haber confesado en vivo, al dirigente piquetero le repreguntaron si desde su espacio estaban promoviendo los intentos de saqueos y contestó: “Sí, hombre”. “El Gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses”, justificó.
Por estas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció que abrió una causa de oficio con el fin de investigar “la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblado y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población por parte del mismo”. “La misma, al igual que las iniciadas en Gran Mendoza, se encuentra a cargo del fiscal Fernando Giunta”, indicaron desde la cartera a través de un comunicado.
Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, evitó opinar sobre Castells pero aclaró que “si se hizo responsable, deberá enfrentar una intensa acusación”. “Va a tener que tener muchos abogados y por mucho tiempo”, agregó.
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