Murió Raúl Noro, el marido de Milagro Sala

El hombre falleció en su casa de San Salvador de Jujuy, donde vivía junto a su esposa, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria

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Raúl Noro-Milagro Sala
Milagro Sala junto a su marido

Tras luchar durante largo tiempo contra el cáncer, este domingo por la noche murió a los 80 años Raúl Noro, marido de la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, y vinculado en las causas por corrupción que pesan sobre la dirigente social.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a la familia de Sala, el hombre falleció en su casa del barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, donde vivía junto a su esposa, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

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Un mes atrás, Noro ya había sufrido una descompensación cuando la Policía de la provincia allanó la vivienda en el marco de otra investigación que se inició por los graves incidentes registrados en julio último entre manifestantes y las autoridades locales, pero en aquel momento pudo recuperarse y regresar a su hogar.

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De esta manera, Sala vuelve a enfrentar en poco tiempo la pérdida de un ser querido, ya que en enero pasado también perdió Sergio Chorolque Sala, que militaba en la misma organización social de su madre y trabajaba en el área de Contaduría de esa provincia.

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Por otra parte, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de su madre y, de esa manera, dejó firma la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norteña en el caso conocido como “Pibes Villeros”.

Milagro Sala
Milagro Sala permanece en prisión domiciliaria

Fue en el marco de esta misma causa que Noro, que también estaba involucrado en la maniobra, fue sentenciado a tres años de ejecución condicional, mientras que a la entonces diputada provincial Mabel Balconte, le dieron 8 años con pedido de desafuero.

El Tribunal Oral concluyó que Milagro Sala conformó y lideró una asociación ilícita entre los años 2013 y 2015. Los delitos atribuidos a dicha asociación fueron las extorsiones a varias personas y defraudaciones en relación con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, respecto de los pagos en ejecución de catorce convenios firmados entre el IVUJ y diferentes cooperativas de trabajo y, finalmente, en relación con un convenio de la misma naturaleza suscripto entre una cooperativa y el municipio de la ciudad de Palpalá.

Alberto Fernández visitó a Milagro Sala en Jujuy
Cuando estuvo internada, la dirigente social fue visitada por el presidente Alberto Fernández

El tribunal resaltó que esta organización criminal logró un altísimo acatamiento de las directivas de Sala en razón de que sus “miembros conformaron las ficticias cooperativas” y también porque Sala y los demás integrantes de esta “cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados”, ya que “se impuso así una suerte de temor y obediencia a raja tablas [sic] de las órdenes que recibían, cooperativista [sic] y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones”.

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Milagro Sala se encuentra con prisión domiciliaria y enfrenta varios procesos penales en forma simultánea. Había sido detenida en enero de 2016 y en primera instancia fue alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero para luego recibir el beneficio de la domiciliaria por el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además de la causa conocida como “Pibes Villeros”, la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un violento “escrache” al gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009, y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.

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