El proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en Santa Fe avanza a paso firme en la Cámara de Diputados tras la escalada de episodios violentos que ya dejaron cerca de 70 homicidios en lo que va del año.
La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas -como el Frente de Todos, el PRO, la UCR y el Socialismo-, había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Sin embargo, el año pasado no registró avances importantes.
La semana pasada, en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, obtuvo dictamen con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Todavía restaba que el proyecto pase por la comisión de Presupuesto, que a su vez esperaba un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de su implementación.
Finalmente, el informe fue girado a los miembros de la comisión este viernes y su presidente Carlos Heller convocó a una reunión para el próximo miércoles a las 10.
Según los equipos técnicos del Congreso, la creación de 50 cargos que propone la iniciativa -36 bajo la órbita del Ministerio Público de la Nación y 14 bajo la del Poder Judicial de la Nación- tendrá un costo de $1.564 millones por año, en base a las escalas salariales vigentes. Esta cifra incluye los aguinaldos y las contribuciones patronales (a cargo del Estado) sobre los montos de las retribuciones a valores de marzo de 2023.
No obstante, la Oficina de Presupuesto aclaró en su informe que no se contemplaron los gastos vinculados a los organismos que se conformarán a partir del proyecto, la dotación de personal que eventualmente acompañará a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse. Por lo tanto, en la práctica el gasto total será aún más abultado.
A su vez, se tuvo en cuenta que el ejercicio simultáneo de funciones y competencias territoriales a jueces que ya se encuentran en actividad, no generarían costos salariales adicionales. Por ejemplo, el artículo 11 del proyecto indica que los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario “deberán actuar simultáneamente como jueces con funciones de revisión, sin perder sus funciones actuales”.
Por otro lado, el gasto estimado se vería “compensado parcialmente por los ingresos a la Administración Nacional en concepto de aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social ($432 millones) y el Impuesto a las Ganancias ($25 millones) que se le aplican a cada trabajador. De ello resulta un impacto fiscal aproximado de $1.106 millones.
A partir de 2017, los nuevos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación deben pagar el Impuesto a las Ganancias. En ese sentido, se ha considerado que las personas que ocuparían los cargos que se crean, no provienen de otros designados en dichos ámbitos con anterioridad al 2017 por lo que estarían alcanzados por el impuesto.
Durante el debate en comisión, todos los partidos coincidieron en que uno de los principales problemas de la Justicia Federal en esta provincia se relaciona con la falta de actualización en su estructura. Por ejemplo, mencionaron que desde hace 40 años no se crea una nueva Fiscalía en Rosario, a pesar del fuerte aumento de su población.
La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.
El oficialismo apunta a llevar este proyecto al recinto el martes 28 “aprovechando” que goza de amplio consenso y que todos los diputados estarán en Buenos Aires dado que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará su primer informe de gestión el miércoles 29.
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