El gobierno nacional anunció la designación de Verónica Gómez como nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA), cargo que se encontraba vacante desde la salida de Félix Crous.
La flamante responsable del organismo es abogada (UBA) y hace casi dos décadas fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como Presidenta del Bloque del Partido Socialista (2005-2009). También cumplió funciones como asesora en la Cámara de Diputados de la Nación.
La administración nacional destacó -en el texto del comunicado con el que anunció la designación- que Gómez además se desempeñó como Directora General de Empleo y Capacitación del Gobierno de CABA y, hasta la actualidad, se desempeñaba como Asesora en materia de derecho constitucional, derechos humanos y género en la Defensoría del Pueblo porteña.
La Oficina Anticorrupción se encontraba sin un titular a cargo desde el 30 de diciembre de 2022, cuando el Gobierno anunció la salida de Félix Crous mediante un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial.
Crous había asumido en el cargo en diciembre de 2019, tras la llegada del Frente de Todos al poder.
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Miembro y fundador de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, se había desempeñado como fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) luego de ser nombrado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Fue desplazada de ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, tiempo en el que pasó a integrar la oficina de Enlace Legislativo de la Procuración.
Como cabeza de la Oficina Anticorrupción, adoptó varias medidas que provocaron polémica. La última fue a mediados de este 2022, cuando renunció a ser querellante en la causa Vialidad, donde recientemente fue condenada Cristina Kirchner. La otra querella estatal, a cargo de la Unidad de Información Financiera, también se bajó del proceso y la Fiscalía pasó a ser el único acusador que tuvieron los imputados. “La OA tiene entre sus funciones la prevención de la corrupción y la investigación; su capacidad de litigar fue sobredimensionada durante la gestión de Cambiemos”, se argumento en aquel entonces.
En una entrevista concedida a Infobae en 2020, Crous reivindicó su defensa al kirchnerismo pese al rol institucional que ocuparía. “Me parece que es muy bueno -y debería ser obligatorio que todos los funcionarios públicos, incluyendo los que tenemos una tradición de enmascarar nuestras ideas con el tapiz de la neutralidad, como los judiciales-, que hagamos públicas nuestras convicciones, porque esto hace a que todo el mundo pueda controlar nuestra tarea con mayor claridad”, desarrolló.
También defendió su participación en el programa 6-7-8 durante los gobiernos de CFK: “A mí me parece que era un programa que tenía una ideología clara, una posición política clara, que defendía las posiciones del gobierno en condiciones de altísima desventaja frente al resto de los medios”.
Funciones de la Oficina Anticorrupción
Ahora, bajo el mandato de Gómez, la Oficina Anticorrupción deberá seguir trabajando para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional a través de políticas de transparencia e investigación de la corrupción.
Otra de sus misiones es velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción ratificadas por el Estado Nacional; promover la ética, la transparencia y la integridad en la función pública de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional; ejercer las funciones que le corresponden en carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 y sus normas complementarias; impulsar las acciones tendientes a prevenir la corrupción y hacer efectivas las responsabilidades por actos contrarios a la ética pública; participar en el diseño e implementación de políticas, programas, normas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción y en la promoción de la ética pública, la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno y asesorar a los organismos del Sector Público Nacional.
La Oficina Anticorrupción no solo recibe denuncias de agentes públicos sino también de particulares. Esas investigaciones también pueden ser iniciadas de oficio. En los casos que, luego de practicada la investigación correspondiente, los hechos pudieran constituir delitos, denuncia ante el Poder Judicial, pudiendo constituirse como parte querellante en aquellos procesos que poseen relevancia social, económica y/o institucional.
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