La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard, convocó este jueves 23 de febrero a nueve integrantes del Poder Judicial, entre los que sobresalen los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, con el objetivo de comenzar con una nueva etapa del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia la Nación, impulsado por el presidente Alberto Fernández.
La audiencia constituye el inicio de una nueva etapa del proceso, la de producción de pruebas contra los cuatro cortesanos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes el oficialismo acusa de mal desempeño en sus funciones.
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Para ello fueron convocados jueces y funcionarios judiciales a la audiencia prevista para las 11 de la mañana en la Sala I de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca hacer foco esta jornada en la filtración de supuestos chats entre el ex ministro de Seguridad porteño - en uso de licencia - Marcelo D´Alessandro y Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, presidente de la Corte.
En efecto, los diputados del Frente de Todos en la Comisión buscan instalar como elemento de prueba para la acusación contra los jueces supremos el intercambio, reflejado en los presuntos chats, de información sobre causas sensibles que involucran a dirigentes del oficialismo.
Tanto Ramos Padilla, juez federal de La Plata, como Ramos, juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, intervinieron en denuncias que surgieron como reacción tras la filtración. Mientras el magistrado porteño decidió archivar la presentación argumentando que la prueba tiene como origen un ilícito, el juez platense se declaró incompetente pero dejó sentado en su resolución que no estaba acreditado que los chats provengan de espionaje ilegal, en los términos de las leyes vigentes. Tras ello, derivó la causa a Comodoro Py.
Esa discusión es la que podría amplificarse durante la reunión convocada para este jueves en Diputados.
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10 días atrás, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, hombre cercano al presidente Alberto Fernández, había manifestado que organizarían “una hoja de ruta” para avanzar en el proceso que impulsó el mandatario el primer día del año 2023.
Martínez, también integrante de la Comisión de Juicio Político, indicó que el oficialismo ideó un plan de trabajo para el desarrollo de pruebas, citando testigos y expertos. Entre testimonios e informes, los diputados del Frente de Todos buscan acreditar que los jueces de la Corte incumplieron con su deber de imparcialidad, en favor de la oposición.
“Una vez abierta la investigación, nos toca hacer un cronograma de desarrollo de las pruebas, citando testigos, expertos y generando medidas de pruebas que nos ayuden a dilucidar si las sospechas iniciales se consolidan”, indicó Martínez, diputado por la provincia de Santa Fe.
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El proceso contra los jueces de la Corte comenzó el 26 de enero, con la etapa en la que el oficialismo consiguió emitir un dictamen favorable para avanzar el juicio político a los cortesanos. En aquella jornada, el diputado de Juntos por el Cambio, Álvaro González, resumió la posición de la principal fuerza de oposición en el país, al afirmar que el proceso “nace muerto” y sólo persigue el objetivo de “limar y dañar la imagen de la Corte”.
Esta postura se asienta principalmente en la imposibilidad del oficialismo de alcanzar la remoción de los jueces de la Corte con la correlación de fuerzas que actualmente se da en la Cámara de Diputados. Esto se debe a que no cuenta con el número de legisladores suficientes para aprobarla.
Pese a ello, el oficialismo decidió atravesar el proceso, lo que es interpretado por los opositores como una estrategia de desgaste a los integrantes del máximo órgano judicial del país.
Las diferencias insalvables respecto de este tema entre el oficialismo y la oposición hicieron naufragar hasta el momento el período de sesiones extraordinarias, que culminará el 28 de febrero, debido a que Juntos por el Cambio se negó a facilitar el quórum para sesionar hasta tanto el gobierno no retire la acusación contra los jueces de la Corte.
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