![Juan José Sebreli, Sandra Pitta,](https://www.infobae.com/resizer/v2/TXJCZ3ZNIBCJFDMT3XFBTTBXNA.jpg?auth=ad8fa57325052da848a5e4881e57ed8a8a5ad425916319ce05fd9f037b3f2901&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
Un nutrido grupo de intelectuales, políticos, artistas y periodistas firmaron un documento en el que llamaron al Gobierno nacional a respetar “las sentencias y el sistema constitucional” y en el que advirtieron que “la democracia está en juego”, luego del conflicto que se desató tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los fondos coparticipables.
“En medio de la pandemia y ante un conflicto policial en la Provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo le quitó arbitrariamente a la Ciudad de Buenos Aires fondos coparticipables que le correspondían para entregárselos a la Provincia, gobernada por el oficialismo. Ante la vulneración de sus derechos y exigiendo respeto por la Constitución, la Ciudad de Buenos Aires acudió a los tribunales y la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar a fin de reponer una parte de los fondos afectados. Sin embargo, tras una reunión con algunos gobernadores, cuyo único temario consistió en soliviantarlos para que se sumaran a su estrategia de desacato, el gobierno nacional decidió desobedecer la sentencia”, contextualizaron en el inicio del documento.
Este lunes, el presidente Alberto Fernández dio marcha atrás y anunció que le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de la Corte Suprema, pero que el pago será realizado con bonos TX31. En consecuencia, el Gobierno porteño rechazó esa decisión y adelantó que denunciará a los funcionarios que deben ejecutar el fallo.
En ese contexto, en el escrito consideraron que “la decisión del Poder Ejecutivo es de enorme gravedad”. “Arrasa la división republicana de poderes y viola la Constitución Nacional porque es la Corte la que tiene competencia originaria para juzgar de manera definitiva los conflictos entre el Estado nacional y las provincias. Pero además esta interferencia con el orden constitucional convoca abiertamente al ciudadano común a no respetar las sentencias, las normas y la autoridad en general”, denunciaron en el documento, que llevo la firma de Graciela Fernández Meijide, Juan José Sebreli, Norma Morandini, Santiago Kovadloff, Alejandro Fargosi, Sandra Pitta, Maximiliano Guerra, Fernando Iglesias, Marta Oyhanarte, Marcelo Mazzarello, Eduardo Amadeo, Diego Guelar, Oscar Martínez, Hernán Lombardi, Miguel Wiñaski, Darío Lopérfido, Osvaldo Bazán, Mariano Caucino, Alberto Assef y Silvana Giudici, entre otros.
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![Horacio Rodríguez Larreta y Alberto](https://www.infobae.com/resizer/v2/6HDB4QIS3FFAJC322C6S7O3JAY.jpg?auth=fee3877955326c3879cca743ce8ec36594ae7992362ab3a0c4bb19d673b0a2ca&smart=true&width=350&height=233&quality=85)
Asimismo, remarcaron: “En las últimas décadas, los ataques a la institucionalidad han adquirido una persistencia inquietante y creciente. Basta citar como antecedentes el desconocimiento de la sentencia que ordenaba reponer a Eduardo Sosa como Procurador de la Provincia de Santa Cruz, los crueles incumplimientos de las sentencias a favor de los jubilados, y más recientemente la resolución del Senado para la designación de miembros del Consejo de la Magistratura, siguiendo una ley que ya había sido declarada inconstitucional por la Corte”.
Y agregaron: “Las tensiones entre las democracias constitucionales y los Ejecutivos que buscan concentrar el poder son el lamentable signo de un tiempo donde la democracia vuelve a estar en tela de juicio. Arrogándose la representación exclusiva de un “pueblo” imaginario y monolítico que dicen encarnar, algunos gobernantes olvidan que, directa o indirectamente, los otros dos poderes también emanan de un poder constituyente que expresa una voluntad popular diversa y plural. Ante cualquier crítica o sentencia contraria a sus deseos intentan anular, entorpecer o debilitar esas garantías del sistema y subordinar a las minorías”.
Por último, afirmaron que “decisiones como la de no respetar un fallo de la Corte Suprema implican un salto en la escala, pues amenazan con producir un cambio de régimen y ponen al país frente a un inédito regreso a las épocas oscuras en que los gobiernos se colocaban deliberadamente al margen de la ley”. “Por eso los abajo firmantes exigimos al Poder Ejecutivo que respete las sentencias y el sistema constitucional, disipando cualquier tentativa de experimentar con formas novedosas de golpismo. La democracia está en juego”, concluyeron la carta.
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