
La noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con el gobierno nacional encendió alarmas en la provincia de Buenos Aires. Es que en la administración de Axel Kicillof interpretan que la decisión del máximo tribunal de dotar a CABA del 2,95% de los recursos coparticipables, además de ser una definición política, indefectiblemente afectará a la transferencia de recursos que el gobierno bonaerense percibe de la Nación.
Esta lectura sobre todo se da porque la decisión de afectar la coparticipación que recibe la Ciudad había sido decretada por el presidente Alberto Fernández para avanzar con la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, con el cual la provincia de Buenos Aires aumentaba su parte de coparticipación y que le permitía ejecutar el Programa de Fortalecimiento de Seguridad; una iniciativa que incluía la realización de obras de infraestructura, transferencia de equipamiento y tecnología, y la capacitación e incorporación de fuerzas de seguridad por una inversión de $37.700 millones. Se trató de una decisión que se tomó tras la protesta de la policía bonaerense a finales de agosto del 2020 y que incluyó manifestaciones de efectivos de los escalafones iniciales de la bonaerense tanto en la residencia de Kicillof en La Plata como en la puerta de la Quinta de Olivos.
Según un informe de la consultora fiscal Aerarium, la provincia de Buenos Aires recibió en los primeros 9 meses $75.500 millones a partir del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, además de otros $43.300 millones de financiamiento directo y adicional del Tesoro Nacional. Claro que la provincia de Buenos Aires aglutina al 40% de la población del país, de la recaudación de impuestos y las exportaciones; pero en lo que hace a fondos coparticipables recibe solo el 24% de los recursos que distribuye el gobierno nacional.

Si bien el fallo de este miércoles se trata de una medida cautelar y establece que “en efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”; es decir que los estados subnacionales deberán seguir recibiendo la misma cantidad de recursos, en el gobierno bonaerense interpretan que en la práctica no será así.
“Habrá una afectación, sobre todo porque de algún lado van a tener que salir los recursos y más cuando estás bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional”, fue el primer posicionamiento cerca de Kicillof ante la consulta de Infobae, en la tarde de este miércoles.
Es público el reclamo que viene haciendo la administración bonaerense en la discusión de recursos. “Hay que decir que en estos años en base al trabajo con el gobierno nacional, que también valoramos y reconocemos, ha mejorado la situación de la provincia. En el año 2020 se le otorgó un equivalente a 1 punto por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal con lo cual atenúa en parte ese desequilibrio que tiene la provincia en términos de recursos, pero solo en partes”, le había dicho a este medio el ministro de Hacienda y Finanza, Pablo López sobre la coparticipación nacional que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Un tema que también se incluyó cuando fue la discusión del Presupuesto bonaerense.
Kicillof mantiene conversaciones con el resto de mandatarios provinciales que integran la liga de gobernadores y, como adelantó este medio, se reunirán este jueves con el presidente Alberto Fernández para sentar una posición en común.
Por su parte, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, remarcó que “la decisión de los jueces vuelve a generar privilegios para pocos y a perjudicar a la enorme mayoría del país”.
“Esto significa directamente menos inversión en las provincias para todas y todos, es decir que representa menos escuelas, menos médicos, menos viviendas, menos caminos y menos rutas para las y los bonaerenses. Esta vuelta a los privilegios indebidos que el gobierno de Macri le entregó a la Ciudad avanza sobre el desarrollo de las provincias y de sus habitantes, a los que le quita decenas de miles de millones de pesos”, agregó Magario.

Por su parte, la presidenta del bloque de Senadores provinciales del Frente de Todos, Teresa García, señaló: “La Corte decidió intervenir no sólo todos los poderes, sino atacar el Federalismo Argentino. 19 provincias se opusieron y 14 presentaron Amicus Curiaes. La Corte no atendió a 14 gobernadores. Los cortesanos terminaron con la República”.
Luego, con un comunicado en conjunto del bloque que preside García, los senadores del oficialismo provincial también marcaron que “la medida cautelar otorgada por la Corte, aunque no es una definición de fondos sobre la cuestión, es un avasallamiento a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional en la asignación de recursos que le corresponden a las provincias”, y que el fallo “ratifica el privilegio de una ciudad por sobre las provincias, unidades preexistentes de la nación Argentina”.
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