El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, fue imputado por liderar una asociación ilícita que realizaba espionaje ilegal sin una orden judicial, un comportamiento que está prohibido por la Ley de Inteligencia, según la acusación de los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg.
Licenciado en Ciencia Política y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el ex funcionario del gobernador Omar Perotti está bajo la lupa en una investigación de fuertes implicancias para la política local de Santa Fe. Las maniobras de las que está acusado incluyen tareas de espionaje contra empresarios, sindicalistas, legisladores, funcionarios, abogados, militantes sociales y hasta periodistas. También está acusado por los delitos de abuso de autoridad y peculado.
Según se desprende de las actuaciones, Sain y sus ex colaboradores están acusados de formar parte de una organización ilegal durante su paso en la cartera de Seguridad santafesina, donde se identificó la elaboración, al menos, de 661 “perfiles” de personas, sin contar en muchas situaciones con una orden judicial que lo instruyera.
El Organismo de Investigaciones (OI) detectó que en esas tareas ilícitas se consignaban datos personales y privados, en base a la consulta de información pública como privada. Los ficheros reflejaban cómo estaban constituidas las familias de los afectados, así como su salario, la situación patrimonial o entradas y salidas del país, entre otros aspectos.
En total, son ocho los acusados por los delitos investigados. Su equipo de colaboradores, presuntamente, formarían parte de un entramado piramidal de inteligencia ilegal de la que serían organizadores la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman y la ex directora de Inteligencia del OI, Débora Cotichini. En calidad de miembros, se les imputó formalmente a Germán Montenegro, el ex subsecretario de Control, Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez, y las empleadas Milagros Bernard y Agustina Moulins.
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La audiencia imputativa se desarrolló este martes en las oficinas de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe. Sain presenció la atribución de los cargos por videoconferencia, mientras que otros imputados lo hicieron de manera presencial.
El inicio de la investigación surgió a partir de la denuncia realizada por el subdirector de la OI, Víctor Moloeznik, que el 31 de agosto del 2021.
En paralelo a esta causa, la Fiscalía citó a Sain por otra investigación que apunta a una licitación para comprar armas para la Policía de Santa Fe, en la que está acusado por “negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta”.
Según esa imputación, el monto de la adjudicación fraudulenta que habrían intentado llevar a cabo los funcionarios denunciados oscilaría en 17.103.543 dólares, con la intención de beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
Los “perfiles”
Los llamados “perfiles” que se realizaban bajo la órbita de Sain, según los fiscales, se producían a sabiendas de que eran ilegales. La instrucción para el equipo del ministerio de Seguridad de Santa Fe implicaba obtener información y sistematizarla en informes de inteligencia sobre personas por el solo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias o pertenencia a organizaciones lícitas.
En el grupo de personas “perfiladas” había fichas del diputado provincial Maximiliano Pullaro, la fiscal Georgina Pairola, el diputado Julián Galdeano, los abogados José Alcácer, Adrián Martínez, Gustavo Peirone, Paul Krupnik, Carlos Varela y sus hijos. De igual manera, figuraban los empresarios de medios periodísticos Gustavo Scaglione y Nahuel Caputo, el empresario de la salud Roberto Villavicencio, y el secretario general de UPCN, Jorge Ernesto Molina, entre otros.
De acuerdo a las denuncias, Sain también consentía la vulneración de derechos humanos por parte de miembros de fuerzas de seguridad, algo que se observó en las grabaciones que causaron escándalo sobre el accionar policial durante la cuarentena de COVID-19.
Los fiscales consignaron el caso de que, al tomar conocimiento de la detención del acusado de homicidio del ex futbolista Tomás Carlovich, Sain dictó una orden contraria al derecho al instruir que lo sometan a tortura o vejaciones. También se le imputó a Sain, Shujman y Diego Rodríguez haber sustraído dinero de la partida de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial.
“Lawfare” y protestas en la fiscalía
En el marco de la audiencia imputativa, organismos de derechos humanos se movilizaron en apoyo a Nadia Schujman, una de las imputadas en la investigación por espionaje ilegal.
Referentes de las organizaciones como HIJOS o Abuelas de Plaza de Mayo firmaron junto a cientos de personas de un documento de respaldo para expresar el repudio a lo que consideraron un “caso del lawfare” y exigir “el cese del hostigamiento mediático, político y judicial contra su persona y el respeto irrestricto de sus derechos y garantías constitucionales”.
“Nadia Schujman se desempeñó como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, donde, junto con su equipo trabajaba para desarticular el entramado delictivo que asedia la provincia en Santa Fe cobrando vidas, día tras día”, señalaba el texto.
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