Una vez más lo senadores y diputados fueron objeto de cuestionamientos y reclamos por parte de movimientos sociales que exigen el tratamiento de leyes que beneficien a la economía popular y a los sectores más vulnerables, que al menos este año, y por decisión del gobierno de Alberto Fernández, no se tratarían en el parlamento nacional.

Impulsado por la Mesa Nacional de Barrios Populares; integrada por Caritas, TECHO y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castro, se manifestaron esta tarde frente al Congreso Nacional para exigir la “urgente modificación” de la Ley 27.453 del “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”.

La UTEP está integrada, entre otras organizaciones, por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois; el Movimiento Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) del diputado nacional Juan Carlos Alderete; Somos Barrios de Pie, liderado por Daniel Menéndez; y el Movimiento Evita, referenciado en Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro y Gildo Onorato.

Entre otros puntos, los movimientos populares reclaman la suspensión de desalojos de predios usurpados, que vence el 29 de este mes, y el resguardo del derecho a la vivienda. También exigen que se declare “la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años” un hecho que “permitirá agilizar los procesos administrativos en respuesta a la crisis habitacional y sanitaria”, que padecen las familias que viven en los asentamientos, villas y barrios postergados.

Las principales reformas

“Hoy nos encontramos frente a la urgencia de que el día 29 de este mes se vence el plazo dispuesto por el art 15 de la Ley 27.453 que suspende los desalojos. En este sentido se plantea reformar para extender este plazo”, le explicó a Infobae Maryluz Mendoza, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, y agregó que la intención de la marcha es visibilizar otros reclamos que ya llevan varios años como “la tarifa social para los servicios básicos y la actualización bianual del Registro de Barrios Populares”, creado por la ley 27.453 que se solicita modificar.

Este último punto es para evitar que los jueces ordenen el desalojos de las tierras tomadas. Uno de los ejemplos de esto fue la inclusión, por parte del gobierno, en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), de la mega toma de 160 hectáreas de Los Hornos, ubicada en el predio del ex Club de Planeadores de la Ciudad, de la Plata y su anunciada urbanización.

Semanas antes de la marcha y manifestación de hoy frente al Congreso, la modificación de la ley del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana fue presentada en el parlamento por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. La medida ya tiene dictamen de Comisión de Diputados, fue aprobada el 29 de septiembre por el oficialismo y la oposición, pero hasta ahora no fue tratado en el recinto.

Se trata de la actualización de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares. La norma fue aprobada por unanimidad en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La secretaria nacional de Integración Socio Urbana que impulsa con fuerza la modificación de la ley es la dirigente del MTE Fernanda Miño quien, además, fue la primer concejal de San Isidro de extracción popular.

“Necesitamos la prórroga de los desalojos para garantizar una mínima seguridad para nuestros vecinos y vecinas que están judicializados y que pronto, si no se modifica la ley, muy pronto serán desalojados”, expresó ante este medio Lila Calderón, también dirigente del MTE y vocera de la Mesa de Barrios Populares.

La modificación de la ley propone, además, prorrogar la suspensión de los desalojos, “declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de los barrios populares incluidos a partir del Decreto 880/21, a los fines de construir condiciones de igualdad en acceso al suelo de todos los barrios populares”; las “garantías necesarias para la implementación de la Ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública”, esto es por un lapso de 10 años y, entre otros puntos, “garantizar los servicios públicos”, como gas, luz, agua y cloacas.

Las organizaciones sociales que se manifestaron frente al Congreso están nucleados alrededor de la consigna y proyecto de ley “Tierra, Techo y Trabajo”, que ya fue presentado y que tampoco fue tratado.

Hasta el momento, de los 144.624 millones de pesos comprometidos para urbanizar los barrios más carenciados solo se ejecutaron 69.190 millones.

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